Ofensiva catalana para reactivar una declaración de independencia
La Mesa del Parlamento catalán presidida por Roger Torren autorizó ayer a que hoy se debata en ese recinto una propuesta del grupo antisistema Unidad Popular (CUP) para proclamar una nueva Declaración de Independencia y República. Pero la reacción del gobierno de Mariano Rajoy, la Fiscalía y algunas fuentes próximas al Tribunal Constitucional fue durísima y no dejó dudas anoche de que el Estado actuará con todo rigor.
Se están estudiando, dice la Fiscalía, las “posibles implicaciones penales” de esta maniobra, que abre las puertas para que se pueda producir una proclamación similar a las del 27 de octubre pasado. Esto significa que, en caso de que en la reunión de hoy a las 9, convocada apresuradamente cuando ya se había decidido aceptar la propuesta de la CUP con el apoyo en la mesa de los partidarios del ex presidente Carles Puigdemont y de Esquerra Republicana, el gobierno español recurrirá de inmediato ante el Tribunal Constitucional.
Esta acción tiene como objetivo ilegalizar la decisión de la Mesa e imputar a sus integrantes, empezando por Roger Torrent, muy próximo al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, preso en Madrid. La Fiscalía General del Estado dio a conocer una dura declaración precisando que actuará contra la Mesa del Parlamento si mantiene la admisión a trámite de la CUP a favor de la Declaración Unilateral. La Fiscalía precisa que “está estudiando las “posibles implicaciones penales” de esta iniciativa que fue admitida a trámite por Roger Torrent.
La inmediata y rotunda reacción del Estado, con la amenaza de graves castigos que implican aumentar el número de presos acusados de sedición, produjeron un efecto inmediato entre los dirigentes anticapitalistas que ahora piensan en rebajar el tono en cuanto a la declaración de independencia.
A este retroceso no es ajeno Puigdemont, que no quiere provocar una reacción punitiva del Estado por una iniciativa de la CUP. Por su lado, Oriol Junqueras no pretende que su allegado político, Roger Torrent, termine en la lista de los acusados, inhabilitados o algo peor.
Una confusa declaración de independencia similar el 27 de octubre pasado había precipitado los acontecimientos y la intervención por Mariano Rajoy de la comunidad catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Aquella decisión precipitó los acontecimientos hasta un colapso de la autonomía. El ejecutivo catalán fue derrocado por Mariano Rajoy. Puigdemont y otros se convirtieron en prófugos de la justicia en Bruselas. Un número de altos funcionarios están presos en Madrid, como el vicepresidente Oriol Junqueras, y otros o están en libertad bajo fianza acusados de gravísimos delitos ante el Tribunal Supremo. El reproche penal es de hasta 30 años de cárcel.
Los acontecimientos para la sesión de hoy dieron un giro en medio de una furibunda negociación entre los antisistemas de la Unidad Popular (CUP) con los sorprendidos partidarios de Puigdemont (Juntos por Cataluña) y Esquerra.
Los ultraizquierdistas desconfiaban de los términos de la iniciativa para hoy del Parlamento patrocinada por Puigdemont y Esquerra Republicana. Así que advirtieron a los dos principales partidos separatistas que no votarían su propuesta y perderían.
A cambio pidieron un clara definición a favor del secesionismo y la República que los otros independentistas rechazaron. Pero así fracasaban en la elección y sufrían una intolerable humillación. Porque sucede que, en este momento, para alcanzar la mayoría absoluta a los secesionistas les faltan dos legisladores que están en Bruselas prófugos, Puigdemont y su vocero, el diputado Toni Comín. ■