El enorme desafío de una justicia mejor
En 48 horas se va a poner en marcha un intento, otro más, de acometer el enorme desafío de construir una justicia mejor en la Argentina. Los cambios que se propondrán son muy ambiciosos y pretenden abrir camino a un proceso de transformación inédito e imprescindible.
Los ejes centrales del debate que abrirá este martes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, incluyen temas como los siguientes:
Acelerar los juicios penales por corrupción, narcotráfico y trata de personas.
Simplificar la recolección de pruebas y evitar las dilaciones interminables por recusaciones y apelaciones, que demoran hasta mucho más de 10 años la conclusión de los juicios.
Formar operadores en técnicas especiales de investigación criminal.
Fijar criterios de armonización entre seguridad ciudadana y garantías del proceso, evitando la oscilación entre garantismo extremo y mano dura o gatillo fácil.
Impulsar el uso extendido del expediente digital que agiliza notablemente los trámites.
Favorecer la rápida conclusión de los procesos y la conciliación en la Justicia civil, comercial, laboral y previsional.
Mejorar del acceso a la justicia con creación de juzgados de pequeñas causas y formación de mediadores.
Revisar la organización institucional del Poder Judicial, en particular la regulación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Impulsar cambios en el régimen de trabajo, apuntados a modificar y regular la feria judicial, el horario de tareas y el sistema de licencias, cuestiones que han sido motivo de duras críticas a la Justicia.
Cabalga este intento sobre una constatación amarga para sus protagonistas: la Justicia es la institución con peor imagen pública y el 78,5% de los argentinos considera que es necesario reformarla, según una encuesta realizada por Management & Fit para Clarín, publicada en noviembre pasado.
Dato llamativo en tiempos de grieta: esa necesidad de cambio fue apoyada masivamente por quienes se dijeron votantes de Mauricio Macri (92,8%), pero recogió también una muy alta adhesión (67%) entre quienes se declararon opositores al Gobierno.
Una semana después de ganar las elecciones de medio término, a fines de octubre, el presidente Macri al proponer un paquete de consensos básicos a la sociedad afirmó que la Justicia había iniciado “un proceso de reconstrucción de confianza, que parece haber perdido para muchos”.
La diferencia sustancial de este intento de transformación con los anteriores es que la iniciativa está puesta en manos del propio Poder Judicial. Hasta acá, todos los impulsos habían partido del poder político. Como cuando Cristina Kirchner hizo aprobar en el Congreso un paquete de seis leyes destinadas, supuestamente, a democratizar la Justicia, pero que en realidad buscaban colocar a los tribunales bajo dominio total del kirchnerismo.
Hubo entonces una fuerte reacción de defensa culminada con la declaración de inconstitucionalidad, por parte de la Corte Suprema, de las leyes que apuntalaban esa colo- nización política.
El gobierno de Macri también construyó su imaginario de reforma judicial, con un sesgo profesionalista y sin pretensiones de control político absoluto. Es el proyecto Justicia 2020 timoneado por el ministro Germán Garavano.
Quienes han comparado contenidos, afirman que las propuestas de cambio que se lanzarán este martes son perfectamente asimilables a ese proyecto gubernamental. Lo nuevo es la decisión política del Gobierno de dejar en manos de la Justicia el papel de motor de esa transformación.
De hecho, Lorenzetti fue madurando esta iniciativa a lo largo de los últimos meses en sucesivas charlas con el presidente Macri. También tuvo reuniones de trabajo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el ministro Garavano.
Como se busca la extensión del proceso de reformas a la Justicia provincial, hubo encuentros con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, con el cordobés Juan Schiaretti y con el salteño Juan Manuel Urtubey.
También se incluyeron en la preparación de este proyecto a las Cámaras federales, al Consejo de la Magistratura que conduce Miguel Piedecases, a las asociaciones de magistrados, de fiscales y de abogados, y al sindicato judicial que lidera Julio Piumato.
En concreto, lo que hará Lorenzetti este martes es abrir el trabajo de nueve comisiones integradas mayoritariamente por camaristas y jueces, que en dos días de sesiones intensivas deberán alumbrar conclusiones sobre los temas propuestos.
Algunas de esas conclusiones podrán hacerse efectivas mediante resoluciones del Poder Judicial, como las referidas a su organización interna y régimen de trabajo. Otras podrán tener la forma de proyectos de ley que después deberán ser alineados con el Gobierno y debatidos en el Congreso. Para esto ya hubo acercamientos entre la Corte y los senadores Miguel Pichetto, jefe político de la oposición, y Rodolfo Urtubey, engranaje principal del peronismo en cuestiones judiciales.
Pero sería un error suponer que todo transita bajo el aire bucólico de un entendimiento plural y perfecto. Es demasiado poder el que se juega en la Justicia y demasiados los intereses cruzados para suponer que pueden diluirse las tensiones bajo el imperio de un propósito común.
Para empezar, el Gobierno espera cierta forma de reciprocidad del Poder Judicial. Si se confía en cederle esta vez la iniciativa de la transformación, lo que se pretende a cambio es “ver acción”, según definió uno alto funcionario involucrado en este proyecto.
El Gobierno viene sosteniendo, en palabras del ministro Garavano, que la nueva convicción declamada por los jueces para combatir la corrupción debe expresarse en la celeridad con que los magistrados envían los casos a juicio oral, desechando la tradicional práctica de protegerse de pecados diversos con la retención eterna del expediente.
Ese principio, expresado en términos de la ambiciosa reforma que ahora se propone, reclamaría para ser satisfecho la adopción de medidas e iniciativas concretas desde la Justicia, de orden interno y externo, después de estas dos pomposas jornadas de debate y declaración de buenos propósitos.
Por cierto, esa amable tensión es un camino de ida y vuelta. La Justicia también podría tomar decisiones unilaterales, mediante fallos y en especial si son de la Corte Suprema, en caso de que el Gobierno o el Congreso traben las iniciativas reformistas.
Esto es, por ahora, pura especulación. Campea en los tribunales una visión optimista sobre el desarrollo de este proceso. Pero nunca está de más recordar que todos tienen un arsenal disuasorio guardado en el desván.
Un punto nodal de la tensión entre los socios de este emprendimiento es la conformación del Consejo de la Magistratura. Este organismo estratégico, que selecciona a los candidatos a jueces y a la vez juzga el desempeño y la conducta de los magistrados, dejó atrás un período que en la Justicia definen como de “caza de brujas”, cuando lo controlaba con mano férrea el poder de Cristina.
Con los triunfos electorales de Cambiemos en 2015 y 2017 y el fortalecimiento institucional del peronismo no kirchnerista, hubo un cambio en la relación de fuerzas también en la Magistratura, que terminó de reflejarse en diciembre pasado con el ingreso de nuevos integrantes.
Se abrió la posibilidad de una alianza mayoritaria entre representantes del oficialismo, de la oposición peronista y de los abogados y jueces. Se ganó en celeridad y eficacia en la gestión y se llevaron adelante procesos emblemáticos, como el juicio político y la destitución del camarista federal Eduardo Freiler.
Hay consejeros que jugaron con los ultra K que bajaron su perfil, como la jueza Gabriela Vázquez, y otros que están sumando su voto al de la nueva mayoría, como el académico Jorge Candis. Sólo queda, como voz irreductible, el diputado camporista Rodolfo Taihlade.
Pero la discusión que viene no tiene color partidario, sino bandera corporativa. Los jueces y abogados sostienen que la Magistratura está bajo control de la política. Porque los tres senadores y los tres diputados, sumados al representante del Poder Ejecutivo que es Juan Bautista Mahiques, reúnen siete votos que hacen mayoría en el organismo de 13 miembros.
Es una mirada sesgada, porque nunca esos siete votos están alineados. Pero detrás del argumento viene la ofensiva: el Poder Judicial quiere cambiar la composición de su organismo de control para que la mayoría de sus miembros sean jueces y abogados.
Si no hay acuerdo, pueden terminar enfrentándose una ley del Congreso con un fallo de la Corte. Es un escenario extremo, pero que no puede descartarse de antemano.
El escarpado camino de la reforma judicial recién está por empezar. ■
El Gobierno espera cierta reciprocidad del Poder Judicial a cambio de dejar en sus manos la transformación.