Murió Bignone, el dictador que ordenó destruir los documentos sobre los desaparecidos
Estaba condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Le traspasó el mando a Alfonsín en 1983.
Fue el último presidente de facto del país, el décimo tercero desde la irrupción militar en la vida política, en 1930. En el que acaso haya sido su más destacada contribución al estado de derecho, sino la única, el 10 de diciembre de 1983 entregó el mando a Raúl Alfonsín, flamante presidente de una no menos flamante democracia recuperada y, en aquellos días, frágil y vigilada por los centuriones del “Proceso de Reorganización Nacional”, en retirada tras el desastre de Malvinas.
La vida del general Reynaldo Antonio Benito Bignone, que murió este miércoles a los 90 años, pudo pasar a la historia, tal como él mismo propuso en un discurso, como “el último de facto”, que manejó la transición a la democracia con un solo afán: evitar que fuesen juzgados los horrores del “Proceso”, definido luego como terrorismo de Estado.
Bignone puso todo su esfuerzo en el breve lapso de diecisiete meses que duró su gobierno, en condicionar a la futura democracia y ordenó destruir toda la documentación que existiese en las Fuerzas Armadas sobre los “detenidos desaparecidos”. Además, en su gobierno fue sancionada una Ley de Amnistía, disfrazada bajo el lema “De Pacificación Nacional”, que pretendió redimir de responsabilidad penal por violaciones a los derechos humanos a los miembros de las fuerzas armadas que hubiesen actuado en la represión a la subversión. La ley fue luego declarada inconstitucional por la Justicia y anulada por el Congreso.
Pudo pasar entonces a la historia como uno más, el único presiden- te del “Proceso” que no fue miembro de la Junta Militar, a no ser porque el juicio a los ex miembros de las tres primeras Juntas Militares reveló su lado oscuro como responsable de uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país: el de Campo de Mayo, por donde pasaron más de cinco mil secuestrados, de los cuales pocos
sobrevivieron. Bignone había nacido en Morón el 21 de enero de 1928; entró al Colegio Militar a los 19 años y en el arma de Infantería. Tuvo una carrera sin mayores puestos de relevancia, hasta que, en 1975, la lucha interna en el Ejército entre los llamados “profesionalismo integrado” y “profesionalismo prescindente” que debatían el apoyo a la presidente María Estela Martínez de Perón, catapultó a la jefatura de la fuerza al general Jorge Rafael Videla. Bignone alcanzó la secretaría del Estado Mayor del Ejército. En diciembre de ese año fue nombrado director del Colegio Militar y desde allí participó con fervor del derrocamiento de la viuda de Perón, en marzo de 1976.
Bignone quedó a cargo de la Zona 4, área 480, con jurisdicción en Campo de Mayo, que albergaba al menos cuatro centros ilegales de detención: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel Militar de Encausados. Cuatro días después del golpe ocupó el Hospital Posadas, donde funcionó un “chupadero”. Fue segundo del Comando de Institutos Militares entre 1976 y 1977, y comandante en 1980. Al año siguiente, junto con la remoción de Videla de la presidencia, Bignone, alejado de las ideas que impulsaba el luego fugaz presidente Roberto Viola, pidió su pase a retiro.
Esa lejanía, la derrota de Malvinas, el descrédito del poder militar, la debacle económica, el nacimiento de las protestas sociales y el reclamo político de retorno a la legalidad, lo hicieron el candidato ideal para ocupar la Presidencia en el último tramo de la dictadura. Igual, mantuvo enormes diferencias con la Junta Militar.
Durante su gobierno se conformó la comisión Rattenbach, encargada de fijar las responsabilidades en la Guerra de Malvinas. La comisión elaboró un informe durísimo, que fue luego alterado por los comandantes en jefe de las tres fuerzas. Ya con las elecciones fijadas para el 30 de octubre de 1983, Bignone firmó el decreto 2726/83 que ordenaba la destrucción de los documentos de la llamada “guerra sucia”, orden que parece haber sido cumplida sólo en parte. También ordenó emitir un “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo” que negaba la existencia de detenidos a disposición de las Fuerzas Armadas.
Tras el juicio a las Juntas fue acusado de crímenes de lesa humanidad, en especial los cometidos en Campo de Mayo. Fue juzgado por la desaparición de Alfredo Giorgi, un técnico del INTI, y por el secuestro y desaparición de los soldados Daniel García, Pablo Steinberg y Mario Molfino, que cumplían el servicio militar en el Colegio Militar. Pero antes de ser condenado, se benefició con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de 1986. Fue juzgado por la destrucción de documentos e indultado por Carlos Menem en 1989.
Diez años después fue juzgado por el robo de treinta y cuatro bebés nacidos en cautiverio. En 2006, tras la anulación de aquellas “Leyes del Perdón”, fue condenado siete veces por delitos de lesa humanidad: a 25 años en 2010, a reclusión perpetua y a 15 años en 2011, a otros 15 años en 2012, a perpetua en 2013, a 23 años en 2014 y a veinte años en 2016.
Reivindicó, siempre que pudo, al terrorismo de Estado. “Acá no hubo más de 8 mil desaparecidos, cifra que no es superior a las cifras de la inseguridad”, dijo en una ocasión. En 2006, mientras estaba preso, publicó una carta en la que impulsaba a los jóvenes “a terminar lo que nosotros no pudimos”. Lo denunciaron por apología del delito. Fue la única causa en la que la Justicia lo benefi
ció con la falta de mérito. ■