Contrabando: indagarán a ex funcionarios de la Aduana kirchnerista
Son tres hombres que respondían a Echegaray. En la causa hay 51 empresarios procesados.
Aunque resulte paradójico tres de los máximos funcionarios de la Aduana K, que debían luchar contra el contrabando, fueron llamados a indagatoria por contrabando junto a los hermanos Paolantonio para mayo próximo. Fue en una causa en que se investiga un contrabando de casi 435 millones de dólares. El viernes pasado el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky llamó a declarar como sospechosos el ex titular de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santanna y a los ex directores de Aduana Metropolitana Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi.
El primero de estos dos últimos fue detenido en el 2016 en su casa del country Abril de Berazategui y al segundo se le secuestraron 500 mil dólares en efectivo en otras causas paralelas. Es prácticamente la cúpula de la Aduana en la época en que Ricardo Echegaray dirigía la AFIP, que incluye a ese organismo y a la DGI. En esa época el titular de la Aduana era Guillermo Mitchell, pero fuentes judiciales consideraron que cumplía “un papel decorativo” frente a Santanna que respondía directamente a Echegaray, quien antes de ser el titular de la AFIP dirigió la Aduana, donde llegó recomendado por el ex secretario privado de Néstor Kirchner Rudy Ulloa.
Fuentes judiciales revelaron a Clarín que el llamado a indagatoria incluye a los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio, entre otros empresarios. En el llamado a indagatoria hay otros personajes poderosos. Se incluye, por ejemplo, a los titulares de los depósitos fiscales Terminal Carga Tigre, Maximiliano Montero y Horacio “Cholo” Palmieri y de Carestiba, Julio Motta y Néstor Suárez. Fuentes judiciales vinculan a los primeros con ex miembros de la SIDE y la comisión directiva de Boca y a los otros con ex funcionarios K vinculados al Mercado Central.
En una segunda causa por contrabando, Aguinsky procesó y embargó en 51 empresarios textiles en 4 mil millones de pesos. Además, las telas secuestradas que provenían de China y llegaban a tener 100 kilómetros desplegadas fueron regaladas por el Gobierno a distintas ONGs dedicadas a la lucha contra la pobreza. En una resolución de 420 páginas, Aguinsky pidió a la Corte refuerzo de personal para seguir con las causas conexas.
En una tercera causa, la de la puntera K arrepentida Gladys Fernández, Aguinsky procesó a Gabriel Garcés porque encontró dentro de “un contenedor documentos con el domicilio de una empresa del empresario en Miami”. La primera causa, la de los hermanos Paolantonio, había tomado impulso en octubre pasado, cuando dos fiscales habían pedido a Aguinsky las indagatorias. En esta causa se investiga una supuesta asociación ilícita integrada por los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio que falsificó declaracio- nes juradas de importaciones entre 2014 y 2015 de 500 contenedores que llegaban al puerto de Buenos Aires, tanto al declarar su peso como su contenido. Los Paolantonio tomaron el control de esta parte de los negocios luego del escándalo del viaje que hizo Echegaray a Río de Janeiro para recibir Año Nuevo, junto con Jorge "El uruguayo" Lambiris, conocido como “El rey del bagallo” de la Aduana. Luego de ese viaje, Lambiris dio un paso al costado.
Con complicidad de altos funcionarios de la Aduana y verificadores hicieron pasar por el canal rojo del sistema de control lamado Malvina esos 500 contenedores declarando que cada uno pesaba en promedio 8 mil kilos, cuando en realidad, contenían mercaderías por 22 mil kilos. Estas y otras causas se abrieron desde que en diciembre del 2015 el teniente coronel (RE) Juan José Gómez Centurión fue nombrado al frente de la Aduana y comenzó un política de tolerancia cero contra el contrabando. El año pasado, luego de sufrir una dura enfermedad, Gómez Centurión pasó al Banco de la Nación.
Los fiscales secuestraron miles de documentos de esos 500 contenedores y al analizarlos descubrieron falsificaciones y adulteraciones del peso de las cargas que debieron tener la complicidad de decenas de verificadores y guardas de la Aduana.
Los investigadores sostuvieron la imposibilidad de "imaginar que esa operatoria masiva, reiterada, sistemática y delictiva ocurriera sin la anuencia de los funcionarios aduaneros encargados de controlar la correcta nacionalización de esas mercaderías" y durante dos años. ■