Aún hay trabas en más de la mitad del país para acceder al aborto en casos permitidos
Sólo diez provincias aplican el protocolo nacional que lo admite ante una violación o si hay riesgo para la salud de la madre. Ocho no adhirieron y seis tienen uno más restrictivo.
El aborto es legal en Argentina si representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer o si ha sido violada. Es un derecho desde 1921, pero como históricamente no se ha cumplido, en marzo de 2012 la Corte Suprema ratificó el artículo 86 del Código Penal con el fallo “F.A.L.” (iniciales de una niña violada). En ese mismo fallo la Corte exhortaba a las provincias a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las inte- rrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.
Seis años después y a días de que se trate en el Congreso la posibilidad de contar con aborto legal, seguro y gratuito, sólo diez jurisdicciones han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Son Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires.
Otras seis provincias tienen protocolos con requisitos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta. Las ocho restantes ni siquiera tienen un protocolo: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Tras el fallo de la Corte, el Ministerio de Salud publicó en 2015 el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE)”, en el que estandarizaba las prácticas y garantizaba el acceso a este derecho: dice que no se necesita denuncia ni autorización policial o judicial, sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en caso de violación, una declaración jurada. También dice que “se debe respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad” y que se sancionarán las demoras en la atención, las informaciones falsas o la negativa a realizar la interrupción del embarazo. El profesional objetor de conciencia debe notificar su voluntad por escrito y derivar a otro profesional que garantice su realización. En caso de emergencia, deberá realizarlo.
El Protocolo del Ministerio también dice que a partir de los 13 años una persona puede decidir por sí misma, y que las menores de 13 años deben tener autorización de madres, padres o representantes legales. Y detalla cómo debe realizarse: con medicamentos (misoprostol combinado con mifepristona o únicamente misoprostol), a través de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el raspado o legrado uterino.
En Argentina los abortos inseguros representan el 18% de la mortalidad materna, y son la primera causa. Hace poco, consultado por la falta de cumplimiento con la ILE, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, aseguró: “Vamos a reforzar los protocolos y su aplicación. Las mujeres tienen el derecho a acceder a a la ILE sin que se judicialice”.
Según el informe “Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas”, difundido por el propio Ministerio de Salud de la Nación, “frente a la solicitud o expresión concreta de no querer continuar el embarazo es habitual que el equipo de salud presione para que la adolescente lo continúe. Las valoraciones personales de los profesionales redundan en la nega- ción institucionalizada de derechos a las niñas y adolescentes, muchas veces a conciencia de que se empuja a las mujeres al circuito clandestino del aborto inseguro. En la mayoría de los hospitales y centros de salud consultados la ILE es una dimensión institucional inexistente”.
En la Provincia, el mayor distrito del país, se había armado en 2012 un protocolo más restrictivo que el que elaboró Nación. Por ejemplo, solicita la conformidad de un representante legal para todas las menores de 18 años (cuando en el nacional esto rige hasta los 13). Al asumir como ministra de salud, Zulma Ortíz redactó un nuevo protocolo más amplio. Se publicó en el Boletín Oficial pero a los pocos días la gobernadora María Eugenia Vidalo anuló.
A los meses Ortíz renunció. Vidal nombró como nuevo ministro a Andrés Scarsi, médico diplomado en Salud Pública de la UCES. Clarín le consultó por qué el Protocolo de ILE en la provincia se aleja del elaborado por el Ministerio de la Nación a partir del fallo de la Corte. “El protocolo que se aplica en la Provincia se desprende de lo que dice el fallo de la Corte Suprema”, afirmó. Y agregó: “Desde la Provincia pensamos que cumplimos con el fallo. Puede haber distintas interpretaciones, pero la ILE está garantizada”.
El ministro reconoció que hay dos restricciones que continúan en su distrito: se exige que una menor de 18 años tenga el consentimiento de un mayor para abortar y además, se debe conformar un comité interdisciplinario para decidir sobre cada caso en cuestión. “Por el momento no estamos evaluando cambiar el protocolo”, concluyó. ■