Piden que se les deje de pagar a autoridades eclesiásticas

Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, revelara en su informe escrito a la Cámara de Diputados que el presupuesto destinado a financiar los sueldos de obispos supera los 130 millones de pesos, el bloque del Frente de Izquierda presentó ayer un proyecto para derogar las leyes por las cuales se sostiene a la Iglesia Católica.

También la diputada Carla Carrizo volvió a presentar dos proyectos de ley -ya lo había hecho en 2013 junto al entonces diputado Manuel Garrido- sobre “equidad de cultos”, y otro sobre “remuneraciones eclesiásticas”.

“Ahora que hablamos en el Congreso de inequidad de género, es momento de poner estos temas en debate. Está bien cumplir con el artículo 2 de la Constitución (que dice que el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano) pero hay que debatir la equidad de cultos”, le dijo Carrizo a Clarín.

Al respecto, propone que la Iglesia sea considerada “persona jurídica privada” como el resto de los cultos, ya que ahora es “persona jurídica pública” lo que a entender de Carrizo le da “preponderancia sobre los demás cultos”. En cuanto a remuneraciones, el proyecto propone asignarle el equivalente a la de del profesor universitario concursado, y no como actualmente que es el 80% del juez de primera instancia que “además no paga Ganancias”, puntualizó la diputada.

Del lado de la izquierda, ante la precisión de Peña de que la erogación del Estado hacia la Iglesia es de 130.421.300 pesos, los diputados advirtieron que ese monto es incluso mayor si se tienen en cuenta los “ingresos indirectos” de la Iglesia.

“El dato de Peña es revelador, pero es parcial”, sostuvo el diputado Nicolás Del Caño, al señalar que "a estos aportes habría añadir los inmuebles, exenciones impositivas y otros tantos ingresos que recibe la Iglesia de parte del Estado, de manera indirecta”. Según el legislador, que presentó el proyecto junto a su par Nathalia González Seligra, "la mayoría" de las leyes que garantizan el financiamiento a la Iglesia "vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar y todavía están vigentes”.

"Estas normas garantizan no sólo el pago de las dietas sino también de subsidios, pasajes, jubilaciones y otros aportes directos de los que no habló Peña”, insistió.

La iniciativa del FIT propone derogar la Ley 17.032. Además, en coincidencia con la iniciativa de Carrizo, se insta a derogar el inciso "c" del artículo 146 del Código Civil y Comercial, que califica a la Iglesia Católica como "persona jurídica pública". ■