Legalización del aborto: ¿un plebiscito?
Profesor de Derecho Constitucional, jurista y sociólogo (UBA-UTDT)
La saludable discusión sobre el aborto que se ha abierto en el país nos invita a responder preguntas centrales sobre la siempre conflictiva relación entre democracia y derechos. Me refiero a cuestiones como las siguientes: ¿Puede plebiscitarse la legalización del aborto?
¿Es justo decidir democráticamente sobre temas que tienen que ver con derechos constitucionales básicos? ¿No es que los derechos deben estar a salvo de la opinión de mayorías circunstanciales? Se trata de algunos de los interrogantes más importantes que debe responder el constitucionalismo, y que nos refieren a asuntos de extraordinaria vigencia y relevancia pública.
A pesar de la gravedad de las preguntas del caso, son muchos los avances que podemos hacer en la materia. En primer lugar, debe quedar en claro que –a pesar de todo lo que distinguidos juristas han escrito al respecto- no solemos concebir a las cuestiones de derechos como cuestiones que deben quedar por completo al margen del debate democrático.
Por el contrario, muchas de las más relevantes y profundas discusiones colectivas que hemos tenido en las últimas décadas, han sido sobre cuestiones básicas de derechos. Así, hemos debatido ampliamente sobre los alcances y los límites de la libertad de expresión (ley de medios); sobre el derecho de privacidad (matrimonio igualitario); sobre el daño a terceros (consumo de estupefacientes); sobre el derecho a la paz (acuerdo con Chile); etc.
Nadie ha pensado nunca, sensatamente, que dada la importancia de tales temas, la decisión sobre los mismos debía ser dejada exclusivamente en manos de expertos (como los jueces, o comisiones de “notables”), o en todo caso lejos de las manos de las ciudadanía. Por el contrario, asumimos que, justamente en razón de la relevancia de los temas en juego, tenemos el derecho a participar de la solución de los mismos: lo que nos afecta a todos, debe quedar en manos de todos. Por ello, recordamos a debates como los referidos, con satisfacción y alegría, antes que con temor o vergüenza.
Ahora bien, decir que las cuestiones que más nos importan refieren a decisiones sobre las que merecemos ser consultados, no es lo mismo que decir que todas esas cuestiones deben resolverse a través de encuestas de opinión o consultas populares.
Las encuestas pueden tener sentido para saber cuáles son las preferencias de distintos individuos en el mercado (por ejemplo, una empresa de automóviles o de jabones puede hacer encuestas para saber qué productos prefieren consumir los argentinos). Sin embargo, las cuestiones que involucran temas de justicia, sobre las que desacordamos y a la vez queremos ponernos de acuerdo, requieren de procesos diferentes, en donde podamos conversar, corregirnos mutuamente, y acercarnos a un acuerdo.
Para los casos en donde la conversación colectiva sí tiene sentido (cuando discuti- mos sobre qué decisión sería la más justa para todos), los plebiscitos y consultas populares pueden ayudarnos, pero dependiendo, de modo excluyente, de cómo se organicen: la consulta puede ser el punto final de una larga conversación colectiva, o un método para reemplazar o vaciar de sentido a esa discusión. Por eso mismo, en la Argentina, recordamos con cierto orgullo el plebiscito por el Beagle, que fue precedido por un proceso institucionalizado y estructurado de debate entre visiones opuestas.
Y por eso también, miramos con espanto consultas como las que impulsaran en su tiempo Pinochet o Fujimori (maniatando a la oposición); o nos acercamos con fundada sospecha a referéndums como el del Acuerdo de Paz en Colombia (que implicó someter 297 páginas de un Acuerdo complejísimo, a un “sí” o un “no” ciudadano, en donde nadie pudo poner ni un matiz en relación con muchos de los polémicos artículos que eran votados). En condiciones semejantes, los demócratas haríamos bien en rechazar toda invitación a ser consultados. En otros términos, y depende de cómo se organicen, las consultas populares pueden servir para coronar un debate democrático, o convertirse en caviar o manjar exquisito de dictadores y gobernantes oportunistas. Nuestra democracia está más que madura para plantear la discusión sobre el aborto, asumiendo que no se trata de una guerra, ni una disputa entre facciones enemigas. Pocos derechos importan más que el derecho a conversar y decidir sobre el contenido de los derechos que más nos importan. ■