Permiten que las empresas dejen de mandar facturas impresas y hay polémica
Un decreto avala que boletas y resúmenes empiecen a llegar sólo por email, sin un consentimiento previo. Para seguir en papel, hay que pedirlo. Usuarios lo critican.
Llegar al hogar y encontrar varios sobres en el buzón, o al pie de la puerta, todos con resúmenes y cuentas para pagar. La escena todavía forma parte de la vida cotidiana en la Argentina, pero podría quedar en el olvido antes de lo pensado. No sólo porque cada vez más gente prefiere recibir esos documentos en la PC o el celu- lar. También porque el Gobierno, en una decisión polémica, permitió a las empresas dejar de enviar la información en papel, incluso a los clientes que no hayan pedido migrar a la modalidad digital ni aceptado una propuesta al respecto.
Año a año, los envíos electrónicos venían ganando terreno sobre los analógicos. Tanto que hoy ya hay grandes bancos y empresas de servicios donde 70 a 90% de los clientes ya no reciben ni un solo sobre (ver Bancos y telefónicas...).
Como otro síntoma, los servicios postales están llevando muchas menos cartas. Según el Ente Nacional de Comunicaciones, si en 2012 se enviaron 682,7 millones de facturas, en 2016 eso bajó a 519,8 millones: 1 de cada 4 sobres ya no se envía. Y en los primeros 9 meses de 2017 -el dato más reciente- hubo otra caída del 4%.
Esta transición se producía, al me- nos supuestamente, de forma voluntaria. Las empresas se lanzaron a ofrecer el envío digital y muchos usuarios lo aceptaron, por considerar el soporte electrónico como más rápido, práctico y confidencial, además de ecológico.
De otro modo habría sido ilícito cualquier cambio, porque el artículo 4 de la ley 24.240 establecía que las empresas debían dar la información en "en soporte físico". Y que la carta sólo podía suplantarse "si el consumidor o usuario optase de forma expresa" por usar otro medio.
Ese fue el principio que el Gobierno este año invirtió, como parte del controvertido "megadecreto" 27/2018. Según esa norma, ahora los datos podrán enviarse "en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico". "En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico", ordena.
Mientras, para el caso de los bancos, especifica que podrán "optar por enviar el resumen en soporte electrónico", "salvo que el consumidor establezca expresamente" que lo quiere en papel. El recaudo que deben tomar las entidades, según exigió el Banco Central, es "notificar al cliente" con 60 días de anticipación sobre el cambio que hará.
Así, las empresas quedaron habilitadas a dejar de enviar cartas. Y los usuarios, de querer seguir en papel, deben pedirlo activamente llamando a un "0-800" o yendo a una oficina.
"La medida garantiza el derecho de los consumidores a ser informados gratuitamente, pero con un criterio más moderno, que aporta a cuidar el medio ambiente y mantiene disponible la opción del papel para quien la prefiera", justifica Fernando Blanco Muiño, el director nacional de Defensa del Consumidor.
Entidades de usuarios, sin embargo, son críticas. "Esto ya está trastornando a personas mayores y de pocos recursos con acceso limitado a Internet. Les imponen el cambio, a veces sin avisar. Las facturas se vencen y se ven obligados a hacer un trámite más, que no es fácil. En las oficinas a veces no toman estos pedidos. Y por teléfono, hay que esperar horas para ser atendido", cuestiona Sandra González, presidenta de Adecua. "¿Por qué cargarle eso al consumidor? ¿Qué costo nos bajan las empresas a los usuarios al ahorrarse el envío por carta?", pregunta.
Claudia Collado, presidenta de Adelco, coincide: "Es un gran error dejar que la empresa elija qué soporte usar. Debe decidir el consumidor. Si no, podría vulnerarse el derecho a la libertad de elección y el de trato digno y equitativo, entre otros".
"Si quieren ayudar a la gente, hagan el cambio voluntario y den un reconocimiento económico al que usa su equipamiento, paga su acceso a Internet e imprime su facturación", planteó Mario Vadillo, de la asociación mendocina Protectora.
Para Jorge Surin, profesor de Defensa al Consumidor de la Universidad de Belgrano, la medida es "un error, como lo fue permitir que detalles esenciales de las publicidades se publiquen sólo en Internet". "En ambos casos -afirma-, se perjudica a adultos mayores que aún no manejan las nuevas tecnologías."
La polémica crece y promete mudarse a la Cámara de Diputados, que ya trata en tres comisiones un proyecto de ley que replica esta parte del "mega DNU". Mientras eso se debate, la norma sigue vigente, y más papel se transforma en bits.s. ■