Por pagos irregulares, un juez intervino la principal empresa de Cristóbal López
El juez comercial Javier Cosentino, que analiza el concurso de acreedores de la petrolera, desplazó a los administradores Rosner y Dellatorre, por maniobras para agravar su situación.
El juez comercial Javier Cosentino desplazó a los administradores Rosner y Dellatorre, que se habían hecho cargo de Oil Combustibles. Y nombró tres in- terventores judiciales para normalizar la compañía. Además de la deuda impositiva por más de $ 15.000 millones, detectó honorarios excesivos y pagos irregulares. Los desplazados del Grupo OP Investment apelarán la medida y acusan a Alberto Abad, jefe saliente de la AFIP, del deterioro de la empresa.
El juez comercial Javier Cosentino intervino la principal empresa de Cristóbal López, Oil Combustibles, a la que la AFIP le reclama deudas por más de 15.000 millones de pesos, y desplazó a los administradores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
El magistrado designó como interventores a los coadministradores judiciales que ya había puesto en la compañía el mes pasado, los cuales detectaron una serie de “irregularidades de tal entidad, que convencen acerca de la necesidad de desplazar totalmente al órgano de administración natural de la sociedad”, planteó el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles.
Esta decisión profundiza la crisis en el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa; y aleja cada vez más al fondo de inversión OP Investment, de Rosner y Dellatorre, de ese grupo de 170 empresas (entre las cuales están Oil Combustibles, C5N, Radio 10 y la constructora CPC).
Es que primero el juez federal Julián Ercolini prohibió la venta de esas empresas y ahora el juez comercial los desplazó de la administración de su principal compañía.
El viernes pasado tras salir de prisión, donde estuvo por más de 80 días, Cristóbal López improvisó una conferencia de prensa frente a su departamento en Puerto Madero, y aseguró que jamás vendió las empresas de Indalo a OP Investment. “Sigo siendo el dueño”, manifestó.
Sin embargo, eso no significa que Cristóbal López haya intentado mejorar la situación de sus empresas. El juez Cosentino planteó que los socios de Oil Combustibles informaron que “no harían aporte de capital alguno ni prestarían recursos a la sociedad, y que no existía posibilidad de inyección inmediata de fondos”, pese a que Oil “se halla en estado de cesación de pagos respecto de su pasivo postconcursal y de sus obligaciones corrientes”.
Por eso, el fallo de Cosentino abre el camino para que la Justicia pueda ahora comenzar a regularizar la situación de Oil Combustibles, que tiene paralizada la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y dejó de proveer nafta a sus más de 300 estaciones de servicio.
De hecho, el juez comercial planteó que los tres coadministradores Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega -ahora interventores de la compañía- señalaron que el sindicato de Petroleros “habría alertado a sus afiliados para que resguarden las reservas de stock en planta, ante una eventual maniobra de vaciamiento, además de ciertos hechos verificados en la planta de San Lorenzo relativos a su seguridad”. Según informó Clarín, la preocupación por esa refinería ahora parada no es sólo comercial o laboral, sino también ambiental.
Como fundamento de la intervención judicial en Oil, la empresa que entre 2013 y 2015 retuvo más de $ 8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles, el fallo de Cosentino menciona una serie de irregularidades detectadas por los tres interventores de la compañía.
Una de ellas fue la falta de suministro de información requerida por el juzgado, así como el “notable aumento del pasivo posconcursal, tanto impositivo como comercial y desconocimiento por los administradores de lo relativo al incremento de dicho pasivo”. El 1 de marzo informaron que ese pasivo era $ 1.482,65 millones, “casi trescientos millones más” que el informado el 31 de diciembre pasado.
Además, los ahora interventores de la compañía señalaron que se pagaron honorarios “excesivos” para los directivos, pese a que “se paralizó la refinería”, quedaron desabastecidas “las estaciones de servicio” y la empresa había tenido una pérdida de 625 millones de pesos en su último balance cerrado en junio pasado.
Ayer por la noche, Rosner y Dellatorre sacaron un comunicado en el que aseguran que apelarán la intervención judicial y apuntan contra el todavía jefe de la AFIP Alberto Abad al que acusan del “deterioro y pérdida de valor de la compañía” por haber adoptado medidas que llevaron a la “inhibición penal de todas las empresas” que produjo una “asfixia financiera”. Además, se comprometen a “adoptar todas las decisiones que permitan la recuperación total de la empresa y el pago de las deudas concordataria y post concursales a los acreedores”. ■
El juez detectó transferencias “relevantes” hacia otras sociedades de Indalo.