Después de una década de denuncias, la destituyeron
Por unanimidad, Gabriela Ates fue destituida por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense. Acumuló varias denuncias penales por “investigaciones mal hechas” y hasta falseó el acta de declaración de un acusado para dejarlo preso.
Presos absueltos por errores en la instrucción y delitos impunes, entre los cargos contra Gabriela Ates.
Cuando Moira Villarruel se enteró de que la fiscal Gabriela Ates (48) había sido destituida lloró con bronca y cargada de impotencia. Es que si no hubieran tardado 11 años en realizar el jury, su hija “hubiera tenido la posibilidad de tener algo de justicia”, dice. Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento decidió inhabilitar a Ates para ocupar cargos judiciales por una denuncia realizada en 2007. Tiene al menos cuatro causas penales y recién después de una década dejó de ser fiscal de San Pedro.
Para las víctimas de su derrotero judicial, Ates perdió el puesto por “una de las cosas más leves que hizo”. Desde la denuncia que le costó el cargo, estuvo al frente de las fiscalías N° 5 y N° 7, fue fiscal de juicio y recién la apartaron en 2015. En ese tiempo acumuló cuestionamientos que van desde “investigaciones mal hechas”, causas que quedaron impunes -a pesar de las pruebas- y delincuentes que fueron absueltos por “errores” en la instrucción.
Ates era la única fiscal en San Pedro, una oficina que depende del Departamento Judicial de San Nicolás. Si algo pasaba en la ciudad, ella era la encargada de investigarlo. La recusaron por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación ideológica y falsificación de un documento público”.
La historia se inició en agosto de 2007 -según quedó probado en el jury, que la destituyó por unanimidadcuando Ates “falseó un acta de declaración” de un detenido para que quedara preso. En aquel entonces a Claudio Fuhr lo habían acusado de intentar robar unas cañas de un campo y de hurtar un caballo. Los delitos eran “tentativa de robo en despoblado” y “abigeato”, confirmaron sus defensores de entonces.
El sospechoso pasó casi un mes tras las rejas hasta que lo citaron a declarar por esos dos delitos, ambos excarcelables. Pero entre una audien- cia y otra apareció una tercera acusación que nadie esperaba: “Robo agravado por uso de arma de fuego”. Sin decirle a él ni a sus abogados, le adjudicaban el asalto a una verdulería de San Pedro.
“Ates, en tiempos inusuales, pidió la prisión preventiva a los pocos días. Luego de hacer la defensa de los dos hechos, el juez le señala el tercero, más grave, que era el robo calificado por el uso de arma de fuego. Cuando muestra el acta, la contrastamos con la copia original, firmada por las partes en la declaración y había sido modificada”, recordó Pablo Pratti, defensor oficial de San Nicolás.
Como consideraron que Fuhr “no tuvo derecho de defensa y no tuvo las garantías procesales que debe tener cualquier ciudadano”, lo absolvieron. En ese pedido, quedó constancia de la falsificación y advirtieron que esa “irregularidad podría comprender un delito de la acción pública”. Entonces comenzó la investigación penal que todavía no fue resuelta.
Los fiscales de San Nicolás se excusaron de investigar por sus vínculos con Ates. En Zárate-Campana tampoco la causa avanzó demasiado. En paralelo, el Jury también se dilató y demoraron 11 años en juzgarla.
“Esa mujer tiene que pagar todo esto, tiene que pagar por todo el daño que causó. Yo le quedé debiendo justicia a mi hija, se la voy a deber por el resto de la vida por culpa de Ates”, se lamenta Moira Villarruel. Su hija Guadalupe fue víctima de una violación en abril de 2013, cuando tenía 16 años. Hicieron la denuncia el mismo día. El violador estaba identificado pero nunca lo detuvieron. “Me enteré que lo absolvieron porque fui a hacer la denuncia a la fiscalía: el tipo la seguía molestando. La perseguía, la acosaba constantemente. No sabía, no tenía plata para poner un abogado y mi hija estaba mal, tenía que estar con ella. Confié en la Justicia y me topé con esta mujer”, relata.
Moira denunció penalmente a la fiscal. El violador fue absuelto luego de que Ates elevara la causa a juicio sin citar a declarar a los testigos que estuvieron con la víctima esa noche, sin dar cuenta del resultado de las pericias que probaban la violación. Ni siquiera mostró el acoso virtual previo al ataque sexual. La jueza María Laura Vázquez resolvió sobreseer al acusado por “orfandad probatoria”.
Después de sobreseer o absolver a un imputado, no se lo puede volver a juzgar por el mismo hecho. Cada in-
vestigación mal hecha terminó en impunidad.
“Cuando vi que la destituyeron, lloré mucho, mezcla de alegría y bronca. Es una especie de alivio, por lo menos va a pagar no haber cuidado a mi hija, así como no cuidó a otra gente, no cuidó de mi hija”, sostuvo Moria. Su hija, que ahora tiene 21 años, pasó por tres intentos de suicidio y ahora está internada fuera de San Pedro.
A Leonardo Otto (23) lo mataron en julio de 2013 a la salida de un boliche. Como la investigación no avanzaba, su familia buscó testigos y pruebas para condenar al único sospechoso. “Todos señalaban a la misma persona, pero tenían miedo. Conseguimos de todo. Creo que Ates hizo muy mal su trabajo. Yo confié en la Justicia y un criminal salió libre”,
dijo Raúl Benítez, hermano de la víctima.
El abogado defensor del acusado y otro fiscal denunciaron a la fiscal Ates por “instigación al falso testimonio” y “falsificación de documento público”.
“A mí nada me devuelve a mi hermano, tenía un bebé de un año al que le tuvimos que decir que se quedó sin papá y ellos dejaron libre a un criminal. No sabíamos de las denuncias, me enteré hace poco”, cerró Benítez. Moira coincidió: “ A Guadalupe la violó su abusador y la violó la Justicia.
Todos los que quisieron lastimarla, tuvieron oportunidad. Siento una culpa que la voy a llevar toda la vida. A mi hija le debo justicia, si yo hubiera sabido, si hubiera podido poner un abogado... Pero yo confié, la fiscalía tenía que hacer su trabajo y, a pesar de las denuncias, a esa mujer la dejaron hacer todo lo que quiso”.