El triple pacto de Macri y Carrió
Mauricio Macri enfrenta varias batallas de alto impacto público e institucional, conflictos ya sean buscados o inesperados que sólo cabe resolver sin tiempo a detenerse en lamentos. En la acumulación de masa crítica para afrontarlos, donde importa tanto la acción de cara a la sociedad y a otros actores del poder, como la cohesión de la propia tropa para soportar los desafíos, el Presidente estableció tres pactos básicos con Elisa Carrió para producir sinergia entre las decisiones del Gobierno y la acción siempre vigorosa de su aliada estratégica.
Esos tres acuerdos Macri-Carrió se refieren a la actitud a seguir frente al escándalo judicial por la liberación y la rebaja de acusación al empresario Cristóbal López; a la dura pulseada con los laboratorios medicinales nacionales para producir una rebaja sensible en el precio de los medicamentos; y a la nominación de Inés Wainberg de Roca como candidata a la Procuración General, puesto judicial clave en tanto supone la comandancia de todos los fiscales.
“El Presidente y yo estamos de acuerdo” dice Carrió, a la que nunca se podrá acusar de falsa humildad. Los tres puntos fueron conversados por ambos la semana anterior, cuando los conflictos ardían sin que entonces pudiese pronosticarse hasta dónde llegaría el incendio.
Montada en el doble carril de la exigencia ética y la praxis descarnada en la política, Carrió coincidió enseguida con Macri en la necesidad que Cristóbal López “pague con su plata” la fabulosa deuda de casi 17.000 millones de pesos que tiene con el Estado. Esto significa cerrarle el paso al empresario kirchnerista para que pueda acceder a beneficios fiscales y pago en cómodas cuotas. Esta variante queda habilitada si su caso, en lugar de fraude al Estado, se considera sólo evasión, como dictaminaron en su escandaloso fallo de hace diez días los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
La AFIP tiene la potestad de decidir si le da al deudor esos beneficios. Y ya decidió que no. Lo formalizó en un escrito presentado el viernes ante el juez Javier Cosentino. “Que López pague con su plata y que si es necesario se quede sin nada”, dicen en el Gobierno. Buscan un resultado ejemplificador. Detrás de esa determinación está la dureza de Macri. Y el acompañamiento de Carrió, que nunca pasa desapercibido.
Los amigos del jefe sa- liente de la AFIP, Alberto Abad, cuentan que cuando Macri le pidió en noviembre que demore su retiro hasta este fin de mes, él aceptó por dos razones principales: quería ver desarticulada la red que vendía y filtraba datos desde el interior del organismo y soñaba con Cristóbal López detenido. Las dos cosas se le cumplieron, aunque con Cristóbal no tuvo felicidad completa.
Igual, bajo su tutela se prepara la apelación de Ricardo Gil Lavedra contra la decisión de los camaristas Farah y Ballestero. Este martes Abad será homenajeado por Macri con un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Su sucesor designado en la AFIP, Leandro Cuccioli, ya prometió seguir por ese mismo camino.
En el tema de la rebaja de los remedios, la determinación inicial de Macri -una audacia ideológica del Presidente para quienes piensan con categorías de otro siglo- se instrumentó a través de una acción enérgica del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui. También están comprometidos el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y el director del PAMI, Sergio Casinotti.
La idea es fácil de entender y difícil de alcanzar. El PAMI compra el 40% de los medicamentos que se venden en el país para abastecer a sus casi 5 millones de afiliados. Para eso desembolsa 33.000 millones de pesos al año. Si se le suman la enorme IOMA bonaerense y las demás obras sociales se llegaría a casi el 90% del mercado de remedios. Una acción coordinada de estos actores del sector público podría ejercer una presión imparable para bajar el precio de los medicamentos. Hasta un 20% sueña el Gobierno. Sólo en el PAMI el ahorro podría llegar a los 6.500 millones de pesos. Para remedios contra el cáncer la rebaja podría ser fabulosa: superior al 45% y más. Lo difícil es que los laboratorios, un sector poderoso, muy articulado y con legendaria capacidad de lobby, acepten senci- llamente rebajar sus márgenes de ganancia.
Difícil pero no imposible, dicen en la Casa Rosada. Ya hubo acuerdo con los laboratorios de capital extranjero. Lo que se mantiene es la pulseada dura con los nacionales, que entre otras cosas rechazan que se les ponga precio tope a los remedios. Ahí es donde entra a jugar el pacto de Carrió con Macri.
La diputada dice que la ofensiva para abaratar los medicamentos es “una verdadera revolución” y que va a funcionar como compensación a tanta mala noticia para el bolsillo, como la inflación que baja menos de lo deseado y las tarifas que volvieron a pegar fuerte y lo seguirán haciendo en abril.
Carrió ya le dijo a Macri que sería bueno pensar en un prorrateo del próximo aumen- to tarifario. Que se vaya pagando de a poco, para que duela menos. No hay garantía de que su pedido sea atendido. Pero en términos de la jugada para abaratar los medicamentos ella dejó una promesa: si la resistencia de los laboratorios se mantiene, a más tardar después de Semana Santa saldrá a tomar públicamente la bandera de esta iniciativa. Hay pronóstico de lluvia ácida sobre esas empresas, en un tema que puede conmover rápido y por sobradas razones a la opinión pública.
Sobre la elección de Wainberg de Roca pa- ra la Procuración General, Carrió afirma “es mi candidata y la del Presidente”. Enseguida agrega “es una buena mujer” y recuerda sus antecedentes internacionales -Corte Penal de La Haya, Tribunal de Apelaciones de la ONU- que la acercan a la incomparable Carmen Argibay, fallecida jueza de nuestra Corte Suprema.
Hace seis años, detrás de aquel papelón inconcluso de Daniel Reposo como candidato a Procurador, Cristina había enviado el pliego de Alejandra Gils Carbó para ocupar ese cargo. En soledad Carrió había advertido entonces el peligro que se aproximaba. Hasta la oposición celebró a Gils Carbó con bandera y banda. Así les fue. La procuradora kirchnerista, de impecables pergaminos, fue la pieza clave para montar el andamiaje de protección judicial para Cristina y los suyos, que aún en retirada todavía perdura. La cuestión se recalentó estos días por la liberación de Cristóbal López, las de Carlos Zannini y Luis D’Elía aunque en el Gobierno opinan que técnicamente serían correctas, la disolución del Tribunal Oral 9 que iba a juzgar la megacausa contra Cristina y la obstrucción fijada por la Corte Suprema para trasladar jueces del fuero ordinario a la justicia federal, y así empezar a licuar el poder de la corporación de Comodoro Py. Como perspectiva institucional, el caso más preocupante para el Gobierno es este fallo de la Corte que volteó el Tribunal Oral 9 y bloqueó los traslados de fuero.
Hubo una charla eléctrica sobre el tema entre Macri y Lorenzetti. El Presidente dijo que lamentaba la decisión porque le “habían comentado” que ése era “un muy buen tribunal”, conformado por jueces de diversas procedencias. El jefe de la Corte buscó tranquilizarlo. Le contestó que “buenos tribunales hay muchos”.
La Corte siguió adelante. Se sortearon nuevos tribunales orales y el caso de Cristina y el pacto con Irán cayó en el Tribunal Oral 8, que según el Gobierno es “el peor de todos”. Se refieren a que tiene dos juezas de pública adhesión al kirchnerismo. Son las que firmaron la liberación de Zannini y D’Elía.
El tercer integrante del tribunal se excusó, por razones de parentesco con un diplomático involucrado en aquellas gestiones con Irán. Una de esas dos juezas, Gabriela Namer, ya fue recusada por la DAIA debido a que antes trabajó en la Fiscalía Especial de AMIA, tras el crimen del fiscal Alberto Nisman.
La integración del Tribunal 8 todavía está abierta. Y la cuestión más de fondo, que es la posibilidad de asignar jueces nacionales a casos federales, también sigue sometida a debate. Es una medida basada en una ley aprobada con amplia mayoría en el Congreso en 2016, que la Corte ahora desconoció con su fallo.
Este asunto, estratégico porque apunta a equilibrar el poder de Comodoro Py, pero tan delicado que sólo podría tener solución mediante otra decisión de la Corte, será objeto de un plenario del Consejo de la Magistratura esta semana. Y de eso hablará en estas horas el ministro Germán Garavano con Lorenzetti y con otros miembros del máximo tribunal. Hay demasiado en juego para que todo quede así como está.
En el Gobierno creen que el tribunal sorteado para juzgar a Cristina es “el peor de todos”.