La CUP, los agitadores del independentismo que no pasan por la cárcel
Poder. Con sus votos, tienen en un puño al separatismo. Son la llave para tener la mayoría absoluta en el Parlamento.
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) sabe que tiene en un puño al resto del independentismo que, sin sus votos, no lograría la mayoría absoluta en el Parlamento. Y como un niño consentido al que nadie osará no darle los gustos, la CUP también sabe que sus plegarias, por más caprichosas que parezcan, serán atendidas por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, sus aliados por conveniencia en esta aventura secesionista. Dispuesta a saltearse el protocolo y la corbata, la CUP nuclea a los agitadores más enardecidos del independentismo que, paradójicamente, son los menos castigados, por ahora, por la justicia española.
Suelen ir al frente y con los tapones de punta: es un partido radical, anticapitalista y de estructura asamblearia que nació en 1987 de la Assemblea Municipal de l’ Esquerra Independentista (AMEI). Su propuesta política es la de “un país independiente, socialista, ecológicamente sostenible, territorialmente equilibrado y desligado de las formas de dominación patriarcales”.
El mismísimo ex presidente Carles Puigdemont le debe a la CUP su segundo del gloria y el abismo que padece desde el domingo, cuando fue encarcelado en Alemania. Fueron los antisistema, con los diez diputados que habían obtenido en las eleccio- nes de 2015, quienes dieron la mayoría parlamentaria al nacionalismo a cambio de volar de un plumazo al convergente Artur Mas de la Generalitat. Fueron ellos quienes a principios de 2016 pusieron a dedo a un tal Puigdemont, por entonces alcalde de Girona, como presidente de Cataluña.
Lo creyeron útil para declarar la independencia con la prisa necesaria. Jamás lo admitieron en público pero tampoco evitaron disimular la presión que ejercieron sobre Puigdemont para que, diez días después del referéndum de autodeterminación casero que el independentismo orga- nizó el 1° de octubre del año pasado, declarara la independencia, algo que el ex presidente amagó, declaró y suspendió. Y enfureció a la CUP.
“Si en el marco jurídico-político español no es posible encontrar una solución a la autodeterminación, en un nuevo escenario de declaración de independencia es posible, aunque no sin dificultades y tensión, pero ya ejerciendo nosotros como sujeto político que se autodetermina”, le confesó a Clarín por aquellos días el diputado de la CUP, Carles Riera, quien luego encabezaría la lista de candida- tos para las elecciones del 21 de diciembre pasado, anticipadas y obligadas por la intervención del presidente Mariano Rajoy en Cataluña, la autonomía rebelde y con aires secesionistas.
Luego de ese intento fallido de declaración de soberanía, la CUP volvió a insistir y se impuso a la voluntad del propio Puigdemont, que se inclinaba por convocar a elecciones en vez de patear el tablero: finalmente, el 27 de octubre de 2017, el Parlamento votó la declaración unilateral de independencia y el gobierno español activó la aplanadora judicial sobre los miembros de la Generalitat y varios líderes políticos que simpatizaban con la hoja de ruta del procés.
Hoy hay prisioneros, procesados y fugados de los dos principales referentes del soberanismo -Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Nadie de la CUP duerme en una celda.
A pesar de su extremismo y de su urgencia por la independencia a cualquier precio, ninguno de sus diputados ni miembros del partido están en prisión. Sólo su ex vocera y ex diputada Anna Gabriel huyó el mes pasado a Ginebra, Suiza, cuando fue citada por el juez del Tribuna Supremo español Pablo Llarena. Se la investiga por presunta rebelión durante el proceso independentista catalán y pesa sobre ella una orden de detención pero sólo en España.
A la CUP no la desvela ser la minoría parlamentaria entre los partidos independentistas. Tampoco haberse achicado de 10 a 4 diputados en la úl- tima Legislatura. Insistieron entonces con la investidura de Puigdemont, el independentista más votado, y los cuatro diputados, Carles Riera, Natalia Sánchez, Vidal Aragonés y María Sirvent se presentaron igual en el recinto el 30 de enero, cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, levantó la sesión para no ser castigado por el Tribunal Constitucional, que había impuesto el requisito presencial para la investidura del futuro presidente. Puigdemont, desde Bruselas, jamás lo lograría.
Se negaron entonces a apoyar la candidatura del líder social y ex diputado Jordi Sánchez y se abstuvieron de votar en el intento de investidura del ex portavoz del Ejecutivo de la Generalitat y ex diputado Jordi Turull -ambos hoy en prisión- por considerar que sus discursos eran moderados y apuntaban a reforzar la auto- nomía en vez de romper con Madrid y construir una república.
“Nosotros estamos en las instituciones para llevar a cabo un proceso democrático de ruptura con el Estado español para que el régimen franquista del ’78 deje de existir en nuestro territorio y para que ese proceso de autodeterminación abra las puertas a un cambio social. No estamos para otra cosa que no sea ésta”, le había dicho Riera a Clarín. El último ofrecimiento de la CUP fue sumarse a la Mesa del Parlamento para apurar una investidura del Puigdemont confinado en una prisión alemana. Sería el mayor gesto de desobediencia al gobierno nacional. Si algo de lo que no se puede acusar a la CUP es de sinuosa ni de pecho frío. Nada ni nadie la distrae de su objetivo que, por ahora, intentar llevar adelante ilesos: implementar la república catalana. ■
Suelen ir al frente y con los tapones de punta: es anticapitalista y radical, que nació en 1987.