Jugada de Báez: pidió al tribunal oral su excarcelación y recusó al fiscal

A punto de cumplir los dos años de prisión preventiva -el plazo máximo que establece la ley, aunque puede prorrogarse- el empresario K Lázaro Báez lanzó un contragolpe: le pidió al Tribunal Oral Federal 4 que lo excarcele, y también que aparte al fiscal que acusará en el juicio porque cree que responde al kirchnerismo y trabajará para "recortar el objeto procesal excluyendo a los funcionarios públicos nacionales", en obvia alusión a Cristina y su gabinete.

Báez fue detenido por el juez Sebastián Casanello el 5 de abril del 2016, cuando el avión en el que viajaba desde Río Gallegos aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. ¿El argumento? La nave no había presentado su plan de vuelo y eso podía implicar un plan de escape. Medio pobre, a la luz de las últimas excarcelaciones firmadas en la justicia. Claro: dos semanas antes, el país había quedado mudo ante el video del hijo y los colabo- radores de Báez contando 5 millones de dólares entre whiskys y habanos en la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita".

Ante el inminente fin del plazo para esa prisión sin condena, Báez le pidió a los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez -del TOF 4- que abra las puertas de su celda en Ezeiza. En el escrito, al que accedió Clarín, el empresario vuelve a quejarse de que en estos dos años "pareciera que la única hipótesis que el juez investigó no es otra que la responsabilidad de Lázaro", e "incluso lo llamativo es que el Juez se apartó de las insistentes advertencias que realizó la Sala II para que define la situación procesal de la ex mandataria".

El nuevo abogado de Báez, Esteban Balian, enumera las razones por las cuales la detención de su cliente es "ilegal y arbitraria", explica que con la demora en establecer qué tribunal juzgará la causa ni siquiera hay fecha para el inicio de las audiencias -y si la Casación finalmente decide que se unifique con otros expedientes por corrupción todo se retrasará mucho más- y también que, como el delito de lavado de dinero tiene una pena mínima de cuatro años, el porcentaje de ese lapso en que podría extenderse la preventiva sería de sólo seis meses: un tiempo en el que tampoco estará iniciado el juicio. ■