Una política criminal con eje en los Derechos Humanos

El diseño de la política criminal exige la definición de presupuestos que están basados en el respeto de la dignidad de la persona humana y, por añadidura, la protección del sistema de derechos humanos en su conjunto. Tanto a nivel de la planificación cuanto en la dimensión operativa de su ejecución, la tutela de la dignidad de la persona se impone como objetivo ineludible y condicionamiento metodológico.

Inspirados en este presupuesto insustituible, en 2017 determinamos en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires cuatro objetivos primarios de política criminal: la violencia de género, el robo con armas, el narcocrimen y la corrupción.

La selección de aquellos objetivos primordiales se inspiró en el señalado recurso a la tutela de la dignidad de la persona y sus derechos. Así dispusimos el principio de centralidad de la persona para reconocer las esferas de desenvolvimiento de su vida y la búsqueda de seguridad y armonía en esos ámbitos.

Como una disposición de círculos concéntricos, partiendo de la familia, siguiendo por el barrio y cerrando con la sociedad como marco de convivencia mediato.

En primer lugar, la familia, que es el núcleo primario de sociabilidad. Es allí donde se desata con singular virulencia el flagelo de la violencia de género, afectando en modo directo a la víctima primaria e inmediatamente al resto de los integrantes de la familia, con dramáticas y muchas veces irreversibles consecuencias. La violencia engendra violencia, y una niña o niño que se cría en ese contexto instala como algo connatural dicha modalidad de trato y su socialización queda signada por la agresividad como modo normal de vinculación.

El segundo círculo de formación de la persona y de convivencia está representado por el barrio, el ámbito urbano más aproximado al hogar. La casa, la escuela, la plaza, el comercio, los templos y parroquias, los lugares de esparcimiento. El barrio es no sólo un lugar de encuentro sino también un espacio que debe inspirar seguridad y tranquilidad. Por eso el delito de robo con armas, que muchas veces deriva en homicidio, representa un segundo objetivo de la política criminal.

La narcocriminalidad y la corrupción desintegran lisa y llanamente la dignidad de la persona y el tejido social, habitualmente actuando aliados explícita o tácitamente.

Estas consideraciones justifican la planificación de una política criminal basada en los men- cionados objetivos prioritarios para garantizar la custodia de la persona y los derechos humanos.

Por otra parte, el diseño e implementación de la política criminal debe acompañar a una consecuente reformulación de la política educativa.

Se trata de integrar a la visión clásica del sistema educativo, que pone el acento –adecuada pero insuficientemente- en el desarrollo de la dimensión intelectual de la persona, a fin de facilitarle el acceso al mundo laboral, una perspectiva que añada como sustancial el aprendizaje y evaluación de mecanismos idóneos para la constitución de relaciones familiares sólidas y armónicas, vínculos interpersonales pacíficos y duraderos, aptitudes comunicacionales, herramientas para resolver desacuerdos y conflictos, aceptar las diferencias, el conocimiento de lenguajes afectivos, la compatibilización de rasgos caracterológicos y temperamentos, conciencia de igual dignidad del hombre y la mujer, entre otros aspectos que hacen al desarrollo pleno de la persona. Ello en la convicción de que una mejor persona construye una mejor sociedad.

Se trata de concretar una política criminal articulada a la política educativa y a la política pública en su conjunto, con eje en una concepción amplia de los derechos humanos. ■