Correo: la AGN criticó la desidia de los K y la liviandad del Gobierno
La Auditoría General de la Nación cuestionó la actitud errática de los dos gobiernos con la ex firma del Grupo Macri.
La Auditoría General de la Nación (AGN) terminó el informe sobre la situación del Correo Argentino, poco más de un año después de la polémica por el acuerdo que suscribió el Gobierno con el Grupo Macri. Con críticas a la desidia del gobierno kirchnerista en resolver la situación con la empresa, el organismo también reprobó de la administración actual, el haber aceptado rápidamente la tibia oferta del Correo para cancelar su deuda con el Estado.
Esto surge de un informe con dos resoluciones de la AGN. La primera, la resolución 15/2018 con fecha del 13 de marzo último, hecha por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. Y la segunda, la 16/2018 también del 13 de marzo, de la Gerencia de Control Financiero.
El informe ya fue enviado al Congreso, en carácter de reservado, a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que es bicameral. El presidente de esa comisión, recientemente designado, es el macrista Alvaro González.
Fuentes de la AGN y parlamentarias revelaron a Clarín que en el documento, los técnicos de la Auditoría consideraron que durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner el Estado estuvo ausente respecto de reparar el vínculo con el Correo y cobrar la deuda. Accedieron a todas las peticiones de la empresa sin cuestionamientos, en ningún momento el Gobierno tomó las riendas del concurso preventivo y dejó pasar los tiempos. Miró para otro lado, mas allá de haber rescindido en 2003 por decreto, el contrato de concesión a Socma, del Grupo Macri, “por incumplimiento de canon” y reestatizado el Correo Argentino, adueñándose de sus activos, pero no de sus pasivos.
En el Gobierno actual, fue el por en- tonces ministro de Comunicación, Oscar Aguad, quien llevó adelante las negociaciones. Al respecto, la Auditoría cuestionó que el Ejecutivo haya aceptado la oferta tal cual la realizó el Correo y no se haya preocupado por verificar las acreencias. y que estuvieran debidamente protegidos los bienes del Estado.
El dictamen fue suscripto por cinco de los siete auditores: su presidente, Oscar Lamberto; los radicales Ale- jandro Nieva y Jesús Rodríguez; y los peronistas no kirchneristas Javier Fernández y Gabriel Mihura Estrada. En tanto los kirchneristas María Graciela De la Rosa y Juan Ignacio Forlón firmaron en disidencia.
Forlón y De la Rosa entienden que hay conceptos en el informe de carácter político y que pasa por alto la deuda, al no analizar las tasas de interés ni haber ponderado el perjuicio económico, sino sólo de manera general. Los textos, ya en poder de la comisión, dejan en claro, aunque en distinto nivel, las responsabilidades cruzadas de los gobiernos macrista y kirchnerista, así como “una conducta errática del Estado”.
El escándalo estalló el 8 de febrero del 2017 cuando trascendió que el Estado aceptaba una oferta del Correo Argentino SA para cancelar su deuda. El Grupo Macri ofrecía pagar los 300 millones de pesos en 15 años con una tasa del 7% anual. Lo que, según el gobierno, permitía que finalmente se pague el capital total adeudado más otros 300 millones de pesos en intereses. Es decir, 600 millones de pesos en total (unos US$39 millones).
La oposición salió a cuestionar el acuerdo, pero lo que escandalizó el episodio fue el dictamen de la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquín, que vinculan con el kirchnerismo, que aseguró que el acuerdo “equivale a una condonación” de la deuda y debe considerarse “abusivo”, dado que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos. Esto provocó que el propio Presidente se pronunciara al respecto. Aguad “actuó conforme a la ley”, dijo. “Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. No pensamos en un mecanismo para controversias judiciales como esta, como la del Correo con el Estado, donde el titular del Correo era mi padre”, reconoció Macri.
Luego, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña anunció que el Gobierno solicitaría “un veredicto técnico” a la Auditoría General de la Nación. Pero la AGN es un organismo que responde de otro poder, el Legislativo. Según lo establece la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es en verdad el órgano rector del sistema de control interno del Estado. ■
El Grupo Macri ofrecía pagar los 300 millones de pesos en 15 años con una tasa del 7% anual