Libby, la alcaldesa que es símbolo de resistencia en las “ciudades santuario”
Desafío. La demócrata enfrenta las duras leyes antiinmigración en EE.UU. que impulsa Donald Trump.
Enérgica, arriesgada, con un activo perfil político demócrata, Libby Schaaf se convirtió en todo un símbolo de la resistencia en las “ciudades santuario” estadounidenses, que se enfrentan a las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.
La alcaldesa de la ciudad californiana de Oackland cobró fama a finales de febrero, cuando se atrevió a desafiar el poder policial estadounidense advirtiendo a los inmigrantes que el temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) preparaba una gran redada en busca de indocumentados en el área de la Bahía de San Francisco.
Para los inmigrantes se convirtió rápidamente en heroína, pero para el gobierno pasó a ser un enemigo público. Trump y su administración culparon a Schaaf de poner en peligro la seguridad de los estadounidenses al permitir que “peligrosos criminales” queden en libertad.
“Lo que la alcaldesa de Oakland hizo es una vergüenza”, lanzó Trump. Mientras el fiscal general, el ultraconservador Jeff Sessions, le recriminó: “¿Cómo se atreve usted a poner en peligro sin necesidad a nuestros agentes de la ley para promover una agenda radical de fronteras abiertas?”.
La ofensiva republicana fue fatal. Cuando a mediados de marzo Trump visitó San Diego para mostrar los prototipos del muro que quiere construir en la frontera con México, aprovechó para castigar con dureza a Schaaf. A su alrededor, un grupo de simpatizantes lo apoyaban gritando “¡Lock her up!” (enciérrenla).
En su confrontación con Schaaf, Trump y sus funcionarios llegaron a decir que por culpa de la alcaldesa se habían escapado más de 850 indocumentados. Una falacia que tuvo sus consecuencias: un vocero del Servicio de Inmigración en San Francisco dimitió alegando que su “integridad” no le permitía “difundir información falsa” como esa.
Oakland es una de las más activas de las denominadas ciudades santuario. Con este término se conoce a las jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades federales en la localización, detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
El término surgió en la década de 1980, cuando la ciudad de Los Ángeles le ordenó a la policía que dejara de interrogar a algunas personas solamente para determinar su estatus migratorio, algo muy común en Estados Unidos. No ponen criminales en la calle como asegura Trump; lo que hacen es no destinar recursos ni personal, incluidos agentes policiales, a detener a inmigrantes por no tener papeles.
En todo el país hay más de 200 ciudades santuario, muchas de ellas en California, que es de hecho el primer estado santuario del país, tras la aprobación de tres leyes al respecto a finales de 2017. Trump y Sessions identifican inmigración con criminalidad y han abierto una guerra contra las ciudades santuario. Acabar con
Se llaman ciudades santuario porque se niegan a colaborar con el gobierno federal en la localización, detención y deportación de indocumentados.
ellas fue una promesa electoral del hoy presidente, que también aseguró que expulsaría a más de 11 millones de indocumentados.
Trataron de obligarlas a cooperar, castigándolas con la retirada de fondos federales, pero la Justicia frenó el intento. El mes pasado, el Gobierno de Trump demandó a California ante un tribunal por las leyes con las que se convirtió oficialmente en estado santuario.
Con algo más de 420.000 habitantes, Oakland es una de las diez ciudades más pobladas de California. Situada enfrente de San Francisco -otro santuario- tiene una población muy diversa étnicamente. Tanto los afroamericanos como los hispanos superan a los blancos.
California, el Estado emblemático de la lucha contra las leyes antiinmigración, es una gran piedra en el zapato del presidente Trump. Bastión demócrata, el estado de la costa oeste de Estados Unidos ha hecho frente a las políticas más rancias del republicano, entre ellas los retrocesos en la lucha contra el cambio climático y en sanidad.
Hillary Clinton sacó allí 4,3 millones de votos más que Trump, en las elecciones presidenciales de 2016. Tiene tiene la mayor población de origen hispano: de sus 39 millones de habitantes, son latinos unos 15 millones, cerca del 39%. Según las estimaciones, allí viven 2,3 millones de indocumentados.
Schaaf tiene 52 años y vivió toda su vida en la misma ciudad de la que es alcaldesa desde 2015. Trabajó como abogada durante un par de años antes de meterse en política.
Está dispuesta a defender a los inmigrantes, pese a la peligrosa embestida del gobierno nacional. Una de las ideas que hay detrás de su planteo político, y de las ciudades santuario en general, es que las urbes son más seguras y prósperas cuando sus habitantes no tienen temor a pedir ayuda a las autoridades -ya sea denunciando delitos o solicitando apoyo para la escolarización, por ejemplo- y cuando la Policía tiene como prioridad la protección de la comunidad y no la búsqueda de indocumentados.
Pero no todos apoyan a Schaaf en la Costa Oeste. La contracara de Oakland es el condado de Orange, uno de los más conservadores de California, que se unió a la demanda del fiscal Sessions contra las políticas que allí se llevan adelante para proteger indocumentados.
“Mi prioridad es el bienestar y la seguridad de todos los residentes, particularmente los más vulnerables”, dice Shaaf. Y remata: “Tenemos que luchar contra el mito racista que la administración Trump trata de perpetuar, el de que los inmigrantes son criminales peligrosos”. En Oakland, la Policía no pregunta a los habitantes por su estatus migratorio, lo que ya es una batalla ganada. Pero su lucha recién empieza, y no es sólo contra Trump, sino con el prejuicio de un amplio sector de la población estadounidense. ■