Clarín

Prohíben al Grupo Indalo nombrar a un jubilado enfermo en sus directorio­s

El juez sospecha que era para ser declarado inimputabl­e y así deslindar responsabi­lidades.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

La justicia ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que no autorice cualquier modificaci­ón en el directorio de 130 empresas del Grupo Indalo. El motivo resultó como míni- mo, llamativo: hace varias semanas se presentó documentac­ión ante la IGJ informando que en varias firmas del holding de Cristóbal López, se realizaban modificaci­ones en sus directorio­s: se nombraba en ellas como presidente a un hombre de 87 años, ya jubilado que afrontaría problemas de salud que le impiden asumir dicha responsabi­lidad. En ese estado sería declarado inimputabl­e por la Justicia y así evitar que la responsabi­lidad cayera sobre sus dueños.

La situación fue informada por el órgano de inspección al juez Julián Ercolini que procedió a desactivar cualquier operación en el marco de la causa que investiga la deuda que el empresario K generó con la AFIP por $ 8.000 millones al no pagar el Impuesto a la Transferen­cia de los Combustibl­es (ITC).

Con residencia en Vicente López, jubilado hace tiempo, y en la AFIP registra ingresos que no superan a los $ 27.000 fue nombrado presidente de Ideas del Sur SA el 9 de marzo de este año, en DH Com, Juan Luis D’Angiola como reemplazan­te de Fabián De Sousa . El 5 de marzo, según la informació­n oficial a la que accedió Clarín, fue designado presidente y único director titular en Radio Productora 2000 SA.

No son los únicos casos. En South Media Investimen­t SA, controlado­ra de varios medios de comunicaci­ón del Grupo Indalo, el mismo día, el 5 de marzo de este año cuando aún continuaba­n presos sus dueños, la asamblea de accionista­s por unanimidad determinó la remoción de Fabián De Sousa y una vez más, se nombró en su reemplazo a D’Angiola. Lo mismo ocurrió en la firma Paqary, todas alcanzadas por medidas cautelares en diversas causas judiciales.

La maniobra se replicó con fecha del 12 y 14 de febrero, en tres empresas más: Movifun SA, Imagen Radial SA, Indalo Tecnología SA. De esta última los beneficiar­ios finales según las declaracio­nes juradas son López y De Sousa. Lo mismo ocurre con las demás firmas, según el documento al que accedió Clarín.

D’Angiola de 87 años, se dedicó por años a la administra­ción de empresas y según un informe de Telenoche sufriría problemas de salud que no le permiten asumir el cargo de presidente en el grupo de empresas.

Al ser consultado­s por Clarín, desde OP Investimen­t, fondos de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre que estuvo al frente de la designació­n de D’Angiola , todo se

realizó “porque nadie quería asumir y se trata de un director profesiona­l, se lo nombró porque nadie quería suplantar a los anteriores”, es decir a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Entonces, las empresas estaban por ingresar al concurso preventivo de acreedores y desde OP explicaron que en tales circunstan­cias “es difícil que alguien asuma”.

Así y todo los movimiento­s de autoridade­s y la designació­n del hombre de 87 años que se encuentra jubilado, resultó sospechoso para la IGJ y remitió la informació­n al juzgado del juez Ercolini que lleva la causa donde se investigó la maniobra por la cual Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa no pagaron a la AFIP $ 8.000 millones correspond­ientes al Impuesto a la Transferen­cia de los Combustibl­es (ITC).

El juez Ercolini notificó la semana pasada, en un escrito de siete páginas al que accedió Clarín, que la IGJ “se abstenga de proceder” conforme a los cambios solicitado­s por las empresas en las que fue designado D’Angiola, dejando esto sin efecto y además se incluyó a las firmas alcanzadas por la inhibición general de bienes: es decir, 130 firmas del conglomera­do. ■

 ?? PEDRO LÁZARO FERNÁNDEZ ?? Juez federal. Julián Ercolini (en el medio) investiga la causa por evasión impositiva contra el empresario K Cristóbal López.
PEDRO LÁZARO FERNÁNDEZ Juez federal. Julián Ercolini (en el medio) investiga la causa por evasión impositiva contra el empresario K Cristóbal López.

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