“La Justicia se queda sin combustible a mitad del camino”
En la Argentina es muy cierto aquello según lo cual la Justicia actúa como las serpientes que sólo muerden los pies descalzos. La falta de instrucción y de recursos económicos acercan a las personas, en especial a los más jóvenes, al circuito de los juzgados criminales y correccionales. Allí encuentran la telaraña judicial que los obliga a separarse de la sociedad por tiempos más o menos prolongados. Claro que hay delincuentes peligrosos, que necesariamente deben estar privados de su libertad para purgar sus culpas y al mismo tiempo establecer su espíritu de seguridad y tranquilidad en la comunidad que difícilmente pueda generarse de otra manera, al menos en nuestro país. Sin perjuicio de ello, la mirada crítica está puesta sobre el sistema judicial que a menudo avanza sobre los que menos pueden defenderse; sobre aquellos que resumen su lenguaje a tan sólo 120 vocablos; sobre los mismos que apenas han promediado el colegio primario. Es ante ellos donde la Justicia se pone de pie, con los ojos bien abiertos, la mirada juzgadora, la boca cerrada y mordiendo la punta de la lengua, con el índice en alto y la otra mano en la cintura. Es allí donde la Justicia aplica la ley de la manera más severa, sin evaluar eximentes, sin tener en cuenta atenuante alguno. Esto sucede en los clásicos delitos de robo simple, robo en poblado y en banda, lesiones en riña, hurto de mercaderías y otros.
Este panorama no estaría mal, al fin y al cabo, sino fuera por el reflejo de la dicotomía que se observa cuando la misma Justicia evalúa la posibilidad de aplicar la ley a una persona con instrucción universitaria, con recursos económicos y con vínculos políticos. Acá es donde la acción judicial a menudo se detiene a mitad de camino, se queda sin combustible, en el marco de una fatiga previsible desde el inicio de la denuncia. Esto último ocurre, muy frecuentemente, en los casos en que se denuncian hechos de corrupción gubernamental, o de los llamados “delitos de guantes blancos”, cohechos, malversación de caudales públicos, falsificación de moneda, estafas y otras defraudaciones.
Hay, por ello, delitos que rara vez encuentran aplicación en los estrados de tribunales. Por eso también es cierto que si se borraran un conjunto de delitos del Código Penal, pues nada cambiaría en el escenario tribunalicio.