La Corte de Brasil le votó en contra y Lula quedó a un paso de ir a la cárcel
Un ex presidente acorralado por corrupción
En una reñida decisión que definió su presidenta, el máximo Tribunal rechazó por 6 votos a 5 el habeas corpus del ex presidente, quien buscaba evitar ir a prisión por un fallo condenatorio en segunda instancia. Le habían dado 12 años por haber recibido un departamento de una constructora a cambio de favorecerla con contratos de Petrobras. Ya pueden ordenar su arresto.
En un país escindido en dos bloques irreconciliables, con elecciones en solo 7 meses que naufragan en la incertidumbre, la Corte Suprema sumó otro ingrediente: rechazó el habeas corpus presentado por los defensores del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar su prisión inmediata tras su derrota en segunda instancia por la corte de Porto Alegre. De este modo puede ya ir preso, aunque su candidatura para octubre la definirá en agosto la Corte Electoral. Lula fue acusado de corrupción pasiva y condenado a 12 años de prisión.
La esperada decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) llegó luego de una extensa sesión de más de 10 horas, que se definió pasada la medianoche, con el voto de la presidenta de la Corte, Carmen Lucia Antunes, después de que las opiniones quedaran divididas en un empate de 5 votos a favor y 5 en contra del recurso presentado por Lula.
El fracaso del líder del PT no tiene que ver con “el fondo de la cuestión”. Según los magistrados de la Corte, lo que estuvo en discusión es si se mantenía la cláusula del STF, votada en 2016, sobre el encarcelamiento de un reo después de dos sentencias condenatorias.
Los que votaron contra el habeas corpus se ampararon en “la necesidad de mantener coherencia” en las resoluciones de la Corte. Tanto es así que el ministro Luis Barroso, uno de los que se pronunció contra el recurso, explicitó: “No leí la razón de la primera condena contra Lula en primera instancia (del juez Sergio Moro). Tampoco la de segunda instancia (el del tribunal de Porto Alegre)”. Con todo, rechazó el habeas corpus. Fueron consideraciones técnico-legales lo que llevaron a este juez a quitar cualquier posibilidad de amparo del ex presidente del país, que pronto podrá ser enviado a una cárcel común.
Por las mismas razones esgrimidas por Barroso, los magistrados Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski y Marco Aurélio de Mello, estuvieron a favor de conceder el amparo a Lula. Para ellos, no hacerlo implicaría atentar contra la “presunción de inocencia” que permite, por la Constitución brasileña de 1988, transitar el jui- cio en libertad. A las 19.30 todas las atenciones del Supremo miraron hacia la ministra Rosa Weber. Era la única que podía inclinar la balanza a favor de conceder el amparo a Lula. Pero en cuanto empezó a hablar fue visible que se expediría en contra del HC. La razón esgrimida superó sus “opiniones personales” según dijo. Y se refugió en una consideración: “Soy la quinta en votar”, con lo cual dio a entender que faltaban todavía otros 6 jueces que podrían inclinar la balanza. Lo cierto es que ella optó por seguir la orientación de los ministros que la habían precedido y que denegaron el recurso.
Gilmar Mendes, el segundo en votar y el primero que se manifestó a favor del recurso, propuso una solución intermedia: que se le diera a Lu- la la posibilidad de apelar la primera y segunda condena (de Moro y del tribunal de Porto Alegre) ante el Superior Tribunal de Justicia. Si en ese caso la justicia optaba por volver a condenarlo, entonces podría ir preso. El juez recordó, también, que era lógico permitir la prisión después de sentencia de segundo grado para casos en los que cabe la prisión preventiva “como son los de violación del orden público”. Pero indicó que no es esa la situación de Lula da Silva.
En apariencia, no fue el ex mandatario el eje de la polémica en la Corte. Esta versó sobre la norma de la Constitución que reconoce el derecho de apelar a las sentencias en libertad, la famosa “presunción de inocencia”. Y tal vez por eso, el debate se mostró “más técnico que político”. Y aun bajo la faz técnica, la no concesión del habeas corpus fue cuestionada por adversarios del propio Lula.
Es el caso del ex diputado constituyente José Ignacio, del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB). No tuvo dudas en calificar: “La decisión (de prisión después de la segunda instancia) confronta la Constitución. No hay duda de eso”. Fue él precisamente quien, en 1988, elaboró la cláusula de la libertad para un condenado hasta que se terminaran las apelaciones y los fallos respecto de estas. El mismo explicó las razones al diario Valor Económico: “En aquella época nadie imaginaba que podría ocurrir lo que sucede hoy. La idea era permitir un recurso hasta la última instancia. Hay que entender que en aquel momento acabábamos de salir de la dic-
tadura con el sistema militar atrás nuestro. Estábamos construyendo una vida nueva”. Treinta años después detrás de esta medida de la Corte Suprema, sigue vigente lo político. A Lula se lo acusó por corrupción y lavado de dinero en un departamento que no es suyo, que no tienen elementos probatorios respecto del caso, y que además de todo el juez Moro envió al remate público. Como dijo el ex presidente: “Si es mío ¿por qué no me lo devuelven?”
Lo peor, tal vez, es que ayer se reprodujo una antigua situación: la posibilidad de un eventual golpe militar. Fue apenas insinuado, pero nada menos que por el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas. Como si la historia pasada no contara, el militar sostuvo en Twitter que los “deseos de todos los ciudadanos de bien es el repudio a la impunidad” (que sería el caso de dar el habeas corpus al ex mandatario).
“Nuestra institución continuará atenta a sus misiones institucionales”, agregó. A buen entendedor, hacen falta unas pocas palabras. Para el presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Claudio Lamachia, “el respeto a las decisiones de la Corte es la condición esencial para la democracia en el país, independientemente de los vencedores y de los vencidos”.
Amnistía Internacional emitió una nota donde calificó la declaración del jefe del Ejército como “una grave afronta a la independencia de los poderes, al debido proceso legal y a la amenaza al estado democrático de derecho”.