La Magistratura investiga los bienes del camarista Ballestero: declaró $ 12 millones
En la comisión de Acusación, el consejero oficialista Tonelli pidió la declaración jurada del juez.
Es la cifra que el juez presentó en su declaración jurada del 2016. El pedido está vinculado a la denuncia de Carrió, quien sostuvo que se cobraron coimas para excarcelar al empresario kirchnerista Cristóbal López. Ballestero integra la Sala que tomó esa decisión.
El presidente de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el diputado oficialista Pablo Tonelli, solicitó que se analice en el organismo las declaraciones juradas de bienes del camarista federal porteño Jorge Ballestero, tanto el anexo público como el reservado. En 2016, el camarista había declarado bienes por 12,1 millones de pesos.
El pedido de Tonelli, dirigido al presidente del Consejo Miguel Piedecasas como garante de esos documentos, está vinculado a la denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien aseguró que se cobraron coimas para habilitar la excarcelación del empresario Cristóbal López -definida por la Sala I que integra el camarista- en la causa que investiga una millonaria evasión impositiva vinculada a la petrolera Oil, del Grupo Indalo.
Además, sin que la apelación de López y su socio Fabián De Sousa respecto a su prisión preventiva lo incluyeran, ese tribunal definió un cambio de carátula en la causa, que pasó de ser una “defraudación contra la administración pública” a “apropiación indebida de tributos”. Si la Cámara de Casación -que recibirá las apelaciones de la AFIP y el fiscal ante ese tribunal, Germán López- no modificara otra vez las cosas, la modificación dejaría al “zar del juego” en condiciones de pedir que el caso sea tratado en el fuero penal económico, en cuyos tribunales podría conseguir quitas y planes de financiación para afrontar su deuda, que la AFIP ya actualizó en $ 21.000 millones.
La semana pasada, Carrió acercó documentación al Consejo mencionando dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado Alfredo Bravo en 1996 y 1998, el primero por irregularidades en la investigación de la mafia del oro y el segundo por incompatibilidad entre estándar de vida e ingresos de juez federal.
La diputada también mencionó a Eduardo Farah, el otro camarista que firmó el fallo de mayoría junto a Ba- llestero, al citar un artículo del periodista Ricardo Roa publicado en Clarín el 19 de marzo, bajo el título “Cristóbal López busca otra ayuda judicial”, en la que hace alusión al abogado Jorge Mazzaglia, que sería nexo entre el juez y Cristóbal López.
Con el análisis de la declaración jurada de Ballestero, Tonelli estima que se podrán obtener indicios de enriquecimiento o desestimarlos, al menos por la vía de esos documentos. Su pedido es el primer paso -casi obligatorio- de un proceso que también podría incluir otras medidas, como ocurrió en el proceso que el año pasado terminó con la destitución del otro miembro de esa sala de la Cámara Federal, Eduardo Freiler: en su caso, la Magistratura llevó adelante una investigación propia para comprobar la evolución patrimonial del juez y sus familiares, que reunió datos clave sobre gastos, propiedades inmobiliarias y sociedades vinculadas a Freiler, cuya exhuberancia encogió los argumentos de su defensa y terminó por convencer a varios consejeros de votar en su contra.
Según pudo saber este diario, Piedecasas gestionará el pedido de Tonelli de inmediato, y las carpetas podrían ser remitidas a la comisión de Disciplina hoy mismo, “o a más tardar el lunes”, aseguraron en el Consejo. Recién entonces se tendrá una primera aproximación al patrimonio de Ballestero, que desde hace años permanece envuelto en la bruma de los rumores sobre su dimensión.
“No creo que el Gobierno pise el acelerador contra el camarista”, dijo a este diario otro miembro del organismo. “Esta primera movida parece más bien tímida, teniendo en cuenta el escándalo que causó el fallo de la cámara sobre Cristóbal López.”
Las palabras del consejero opositor se apoyan en otro dato que ayer no pasó inadvertido: pese a que acompañó a Ballestero con su firma en el llamativo fallo que benefició a López, la comisión de Disciplina no movió un dedo contra Eduardo Farah, aunque también fue denunciado ante la Magistratura.
La comisión acusadora no tiene plazos para resolver si hay motivos para avanzar con un jury contra Ballestero. La velocidad con que tramite el proceso será otra señal para conocer la voluntad oficialista. ■