La Corte pasó a la Procuración un planteo sobre el Consejo

La Corte Suprema de Justicia pidió la opinión de la Procuración General de la Nación en un viejo planteo de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta durante el kirchnerismo y actualmente en vigencia, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

Se trata de una acción planteada una década atrás por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) rechazada en primera instancia pero aceptada a fines de 2015 por la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El caso llegó apelado a la Corte el año pasado por decisión del gobierno kirchnerista, que presentó el recurso extraordinario para ir al máximo tribunal en los últimos día del gobierno de Cristina y antes de la asunción de Macri.

El CACBA sostuvo que la ley 26.080 de 2006, rompió el “equlibrio” del que habla la Constitución al otorgarle mayor representatividad a los sectores políticos en la Magistratura por sobre los otros estamentos. Fuentes del Colegio de Abogados dijeron a Cla- rín que su idea no es regresar a la original integración del organismo, con veinte miembros -ahora tiene trece-, sino sancionar una ley “superadora” como consideran que lo sería el proyecto que comenzó a discutirse en el Congreso, con el respaldo del Gobierno y las instituciones de los profesionales del Derecho.

“El estamento político cuenta con una cantidad de representantes suficiente respecto del total como para ejercer –salvo en los casos que se exijan mayorías especiales– una acción predominante respecto del conjunto, controlando por sí mismo el Con- sejo, sin requerir del consentimiento de los otros estamentos, situación que contradice la manda constitucional”, falló en noviembre de 2015 la Cámara Contencioso Administrativo.

Con la reforma de 2006, los abogados pasaron de tener cuatro a sólo dos representantes, los jueces perdieron un cargo, al igual que los académicos y los legisladores perdieron sólo dos cargos. Ese cambio desembocó en una parálisis del organismo por la falta de consenso del kirchnerismo con los otros sectores, ya que pudo bloquear decisiones importantes que precisaban de los dos tercios de los votos, como la aprobación de ternas de candidatos a jueces y el envío a juicio político de un juez.

Ahora, la Corte esperará la palabra de la Procuración antes de dictar sentencia sobre la ley 26.080 -aunque ella no sea vinculante- y si es que el poder político no resuelve en el Congreso una nueva ley, como preferirían en el máximo tribunal. ■