Como en el 1 a 1, hace falta el 6% de un salario promedio para pagar las boletas de luz y gas
En 2015 era necesario sólo el 1,4% del sueldo. En 3 años subió 4 veces esa relación. El impacto en la clase media.
¿Cuánto representa el gasto en energía residencial sobre un salario promedio? Si hace tres años las facturas de luz y gas eran poco más del 1%, hoy equivaldrían a casi 6%. Son cifras que circulan por los escritorios de la Jefatura de Gabinete y están en línea con cálculos privados. Por ejemplo el economista Federico Muñoz publicó unas semanas atrás un informe donde identifica la misma tendencia: si hace tres años el gasto en energía residencial (gas y luz) representaba poco menos del 1% del salario promedio, hoy ya equivaldría a 4%.
La infografía reproduce un cuadro que pasa cerca del despacho del Presidente Mauricio Macri: una simulación de cómo evolucionaron los gastos en Edenor (luz) y Gasban (gas) en los últimos años teniendo en cuenta la trayectoria de las tarifas y un consumo promedio constante. Las columnas indican cuánto representaron cada uno de esos gastos en un salario promedio para un trabajador en blanco del sector privado en los años 2000, 2015, 2016, 2017 y 2018. En el inicio del gobierno de Fernando de la Rúa las boletas de gas y luz equivalían a 6,1% del salario. Pero un par de años después vino la salida del 1 a 1, la pesificación de las tarifas y la derivación en un esquema de subsidios sostenido a lo largo de una década. El corolario de la época fue que la proporción del gasto en luz y gas sobre un salario promedio fue 1,4% en el último año de ese régimen subsidiado. A partir de ahí comenzó un camino que algunos lo llaman de ajuste y otros de recomposición para acercarse a los niveles preexistentes a la ruptura de los contratos en la crisis de 2001.
Según especialistas consultados por Clarín, con los ajustes que restan por venir -la infografía no incluye las correcciones de abril-, los argentinos terminarían pagando en luz y gas el año que viene una proporción mayor de sus salarios que en los noventa. Un informe del Banco Mundial de hace unos años atrás, señala que en el caso de la electricidad esa proporción a nivel internacional debería tener como límite el 10% del ingreso de un hogar. Lo mismo para el caso del gas.
La ‘recuperación’ de las tarifas a niveles que cubran los costos de producción tiene como contrapartida un dato de la realidad: la corrección del retraso tarifario acumulado en la último década, erosionó el poder de compra de los hogares que debieron apartar -y deberán seguir-, una porción cada vez más significativa de sus ingresos para hacer frente a las facturas de luz y gas. Muñoz calculó que si bien el salario en febrero de 2018 sería prácticamente igual al del mismo mes de 2015 descontando el impacto de la inflación, el ingreso disponible en el bolsillo para un trabajador tras pagar las tarifas de gas y luz, hoy es 3,3% inferior a ese entonces.
Todas estas correcciones tuvieron y tendrán su impacto macroeconómico. Y acá hay dos visiones que aparecen en contraposición. Por un lado, una que pondera el contexto en el que se llevaron a cabo las políticas de Juan José Aranguren. “Hubo detalles procesales perfectibles a la hora de actuar pero lo cierto es que había que pagar un incendio”, describe Germán Sember, economista de la consultora Macroconsulting especializada en energía e infraestructura. Desde este punto de vista, no hay que perder de vista que la clave pasar por bajar el déficit y si hay que corregir algo de acá en adelante habrá que revisar.
Otra visión, en cambio, sostiene que podría estarse en la antesala de consecuencias macroeconómicas no previstas por el Gobierno. Los sectores de consumo más alto en gas y luz soportan sobre sus espaldas un peso del ajuste que es proporcionalmente mayor al de las clases más bajas. El mismo ejercicio de la infografía con facturas de energía residencial para consumos bajos, muestra que ‘la convergencia hacia los noventa’ avanza de manera más lenta: hoy hace falta 2,4% del salario para pagar las boletas de gas y luz cuando en 2000 era 3,8%.
El economista jefe de Fiel, Fernando Navajas, se inclina por esta últi- ma postura (ver más aparte). La salida que tomó el Gobierno significa una redistribución de los ingresos (las clases medias y altas soportan el mayor peso del ajuste), un cambio en el consumo (se observan patrones nuevos) y una presión a las metas inflacionarias del Banco Central. “Es un cascotazo a la clase media”. ■