ANTECEDENTES
La megacausa surgió a raíz de una presentación del fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón, quien en un relevamiento detectó el faltante de 1800 viviendas sociales que figuraban como terminadas en los documentos y de otras 500 que estaban inconclusas, en el marco del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, que se desarrolló a partir de 2007. El fraude fue estimado en ese entonces en más de $ 700 millones.
El ex gobernador Fellner y su ministro Cosentini fueron imputados en carácter de coautores en el fraude a la administración pública. La Justicia señaló puntualmente su intervención en la confección de un decreto por medio del cual, se descentralizaban las funciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo y se creaba la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que administró los recursos que llegaban de Nación para la construcción de viviendas sociales. Esa maniobra fue vista como una forma de “favorecer la ausencia de controles de los programas”.
Mediante ese decreto de 2007, señala la Justicia, del año se habría defraudado al Estado provincial en la suma aproximada de $1.200 millones. En 2016 el ex gobernador ya se había presentado a indagatoria. En ese momento sostuvo que se trataba de un decreto "dictado en el marco constitucional y legal totalmente justificado", y como parte de una "exigencia de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación".