A dos años de la Time Warp, no hay detenidos y la causa está lejos de llegar a juicio
El lunes será el segundo aniversario de la fiesta electrónica que dejó 5 muertos. La investigación no avanza y los familiares de las víctimas creen que no habrá Justicia.
Se cumplen dos años de la Time Warp, la fiesta electrónica que terminó con 5 jóvenes muertos y varios heridos. La causa llegó a tener 4 organizadores presos, 3 prófugos y más de 30 funcionarios del Gobierno porteño y la Prefectura procesados por un fiscal y un juez que aseguraron que el juicio oral estaba cerca. Pero los presos fueron liberados, el fiscal y el juez apartados de la investigación, se duda de las autopsias y el juicio está lejos de comenzar.
Desde la Justicia adelantan que “el juicio está lejos”. Es que los organiza- dores de la fiesta continúan con la misma estrategia dilatoria desde que fueron imputados: piden que se tomen más testimonios. A su vez, los familiares de los jóvenes muertos - apoyados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad- piden más pericias. Dudan del informe del Cuerpo Médico Forense, que sostiene que murieron por “policonsumo” de marihuana, cocaína y drogas sintéticas. “Es como decir que se suicidaron para que no haya culpables”, explican los familiares. Ya no creen que vaya a haber justicia para sus hijos: “Es una causa que involucra a muchos pesos pesados, y nosotros no somos nada”.
En la madrugada del 16 de abril de 2016, en el predio Costa Salguero, más de 20 mil jóvenes participaron de la fiesta que terminó con 5 muertos: Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Andrés Valdez, Martín Bazzano y Bruno Boni. Tenían entre 15 y 21 años. Otros 5 jóvenes quedaron internados en muy grave estado.
El fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello se hicieron cargo de la causa. Tras varios allanamientos, indagatorias y más de 150 testimoniales plantearon que la fiesta había sido montada para hacer negocios: los organizadores - con ayuda de prefectos e inspectoreshabían dejado entrar dealers para que vendieran drogas sintéticas a los jó- venes y para que además los asistentes consumieran mucha agua. El predio había sido habilitado para 13.000 personas, pero entraron 20.500. Faltaba ventilación, socorristas, bomberos y médicos. Las canillas de los baños no funcionaban y el agua Block que vendían los organizadores costaba 100 pesos la botellita.
El juez procesó por “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte” y con prisión preventiva a los organizadores del evento: el abogado y empresario Víctor Stinfale -socio oculto de Energy Group y Dell Producciones, Adrián Conci -presidente de Dell-, Maximiliano Ávila -apoderado de la empresa-, Carlos Garat -coordinador de logística-, Carlos Nicodemo Penise -encargado de seguridad-, y Martín Gontad -representante-. La Sala II de la Cámara de Apelaciones bajó la calificación a "facilitación de lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas". Los procesados que estaban presos volvieron a sus casas. Entonces se entregaron Walter Santángelo -gerente de Energy-, y Facundo González, presidente de Multiticket SA, contratada por Dell-, que habían estado prófugos, y fueron procesados. Casanello imputó a 6 inspectores de la Agencia Gubernamental de Control porteña. Los procesó por comercialización de estupefacientes, abandono de personas seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Cámara de Apelaciones sólo confirmó esto último.
“Los integrantes de la fuerza de seguridad se organizaron de acuerdo al plan de los empresarios”, sostuvo el juez, que procesó a 25 hombres de la Prefectura por comercialización de estupefacientes, abandono de personas seguido de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y dejar de promover la persecución penal. La Cámara sólo confirmó los últimos dos delitos.
Pero Delgado y Casanello fueron apartados de la causa. Stinfale no les perdonó que lo mandaran preso a Marcos Paz, donde estuvo 70 días. Invitado al programa "Animales sueltos", de Alejandro Fantino, Sobre Delgado, Stinfale dijo abiertamente que se lo iba “a cargar”. Así fue. Y luego le llegó el turno al juez.
Ahora el fiscal es Ramiro González y el juez, Marcelo Martínez Di Giorgi. Faltan testimoniales pedidas por la defensa a empleados y jóvenes que fueron al evento y falta un informe toxicológico del Cuerpo Médico Forense, una contraprueba sobre el consumo de drogas. “Impugnamos la pericia oficial porque no coincidimos en lo que decía, y porque quien firmó esa pericia luego se contradijo en una audiencia, por eso esta persona está imputada por falso testimonio”, explicó a Clarín Alejandro Amor, el defensor del Pueblo. Esta pericia, que va a confirmar la causa de las muertes, la habían pedido los familiares de las víctimas hace mucho tiempo, pero el cromatógrafo para hacer la prueba se rompió. La Corte Suprema tuvo que hacer una licitación para comprarlo en el exterior. El aparato ya está en el país. Lo están calibrando.
"Queremos Justicia. Es natural que los familiares tengan desazón, pero debemos continuar para que la Justicia actúe -dice Amor-. Un joven que se va a divertir tiene derecho a volver a su casa bien. Este caso no puede quedar impune". ■
Sobre el fiscal Delgado, Stinfale llegó a decir en un programa de TV que se lo iba “a cargar”