La AFIP pidió que Cristóbal López y Echegaray vayan a juicio cuanto antes
Mientras la Casación resuelve una apelación, el ente busca que a todos se los juzgue por defraudación al Estado.
A la espera de la decisión de la Cámara Federal de Casación sobre la libertad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y la acusación contra ellos -si cometieron defraudación al Estado o una retención indebida de tributos al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles-, la AFIP pidió que los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray vayan lo antes posible a juicio oral y público. El organismo recaudador es denunciante y querellante en el caso.
Pese a que el cuestionado -y apelado a la Casación- fallo de la Cámara Federal porteña rebajado la calificación del supuesto delito, el ente oficial que ahora dirige Leandro Cuccioli pidió al juez Julián Ercolini que dé por clausurada la instrucción y eleve a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por “defraudación al Estado”
Ese delito es por el que el juez procesó a López, su socio y el ex titular de la AFIP de Cristina Kirchner. Ercolini determinó que los dueños del Grupo Indalo generaron “un aporte imprescindible” a la maniobra defraudatoria, “junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente” del dinero que correspondía al Impuesto a los Combustibles.
“No estamos frente a una mera inactividad del órgano recaudador, ni de una mera aquiescencia frente a un evasor fraudulento. La gravedad y lo ostensible de las infracciones demuestra que se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción”, indica el escrito presentado a Ercolini. Allí, la AFIP sostuvo: “Hay una planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados. Se urdió la manera de sortear las alertas que establecían las normas vigentes para evitar sucesos como el que analizamos”.
Para el magistrado, el empresario K y su socio “tenían el dinero para hacer frente al pago” del impuesto a los combustibles “en tiempo y forma”, pero optaron por “acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago que fueron concedidos irregularmente por la AFIP”.
El fisco también sostuvo que junto al acogimiento sistemático por parte de la petrolera a planes de pago especiales y generales, “la sociedad realizó diversos préstamos a empresas vinculadas a ella -de las que Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa resultan ser directa o indirectamente sus responsables”.
Así, Oil se acogía a los planes de la AFIP “plagados de irregularidades”, como la falta de revisión del cumplimiento de las condiciones en las que fueron otorgados y “la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa”. Echegaray “convalidó estos trámites” cuando “no correspondía”. La maniobra permitió que López y De Souza “utilicen indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico”, insiste el organismo recaudador.
En base a estas acusaciones y en desacuerdo con el cambio de calificación que firmaron los camaristas Ballestero y Farah (ambos investigados por el Consejo de la Magistratura por esa resolución), la AFIP pidió que vayan a juicio oral y respondan por defraudación al Estado.
El fisco reclama ahora 17.000 millones de pesos: la deuda inicial más los intereses y punitorios. Pero además, bajo la administración de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre Oil generó deuda post concursal (en la justicia comercial tiene abierto el concurso preventivo) de 1.600 millones.
El juez Ercolini le correrá vista al fiscal Gerardo Pollicita que, según pudo saber Clarín, también solicitará que la causa llegue a juicio como una defraudación al Estado. En paralelo, la Casación recibirá los argumentos de López, De Sousa y Echegaray el próximo jueves, y desde entonces tendrá cinco días hábiles para decidir si los empresarios vuelven a prisión y se dicta una detención sobre el ex titular del fisco -como pidió el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes-, y si el delito es una retención de tributo que se subsanaría con el pago, o si cometieron una defraudación millonaria.
La AFIP también demandó al empresario K y a Echegaray en la justicia civil por daños y perjuicios. Exigen que respondan con sus respectivos patrimonios “por una cifra indeterminada”, por el daño ocasionado al Estado. ■
El fiscal Pollicita también pedirá que la causa llegue a juicio como una defraudación