Procesaron al actual gobernador de Tucumán en la causa por irregularidades en el plan Qunita
El juez Claudio Bonadio incluyó a Juan Manzur en la maniobra en la que ya está procesado Aníbal Fernández.
El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Salud y gobernador de Tucumán Juan Manzur en la causa por irregularidades en la licitación del llamado “plan Qunita” que habría provocado un perjuicio para el estado de 450 millones de pesos, revelaron a Clarín fuentes judiciales. En el procesamiento, Bonadio hizo suyos varios de los argumentos de la Cámara Federal de Casación Penal que le había revocado un sobreseimiento con que, el año pasado, había beneficiado a Manzur.
Como Casación había decidido anular ese sobreseimiento, Manzur seguramente sumará al juicio oral que ya está abierto y en el que se encuentra procesado el ex jefe de Gabi- nete, Aníbal Fernández. En todas las instancias, Manzur negó haber cometido algún delito en este caso.
En octubre pasado, la sala III de Casación había resuelto, por unanimidad, anular la resolución de la Cámara Federal que había confirmado el sobreseimiento dispuesto respecto de Manzur y otros funcionarios del ministerio de Salud. Bonadio había considerado que Manzur se había ido del ministerio de Salud a ejercer funciones en el gobierno de Tucumán antes de que se firmara el polémico contrato, entre otras razones.
Pero los jueces Carlos A. Mahiques, Eduardo R. Riggi y Juan C. Gemignani consideraron que “resultaba arbitraria y prematura” la resolución que desvinculaba al entonces ministro de Salud en cuya gestión se autorizó y aprobó “un pliego de condiciones elaborado de manera irregular para limitar las chances de competir de otros oferentes”.
Los camaristas afirmaron que la resolución anulada “no había tenido en cuenta” que la confección del pliego “en un renglón único”, pese a la diversidad y cantidad de productos que involucraban los kits, era un elemen- to relevante que podría evidenciar que precisamente “la licitación estuvo, desde sus comienzos, dirigida a favorecer intereses particulares”.
La denuncia de esta causa la había hecho la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña. La ex ministra de Salud se basó en el cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos de madres beneficiarias de planes sociales.
En esta causa se investiga la compra de 150.000 kits con un sobreprecio –como hipótesis de mínima- de alrededor de 3000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, cuanto menos, cuatrocientos cincuenta millones de pesos. En este expediente se investigan sobrepagos en la compra de los elementos que conformaron un kit destinado a madres en situación de riesgo social, y se cuestiona que se le haya otorgado la licitación - por más de 1.000 millones de pesos- a seis empresas sin antecedentes en el rubro.
A fines del año pasado, la fiscal general ante los tribunales orales federales, Gabriela Baigún, denunció a Aníbal Fernández por presunta "insolvencia fraudulenta" en esta cau-
sa por la venta de -un Toyota valuado en 450 mil pesos y un BMW de 634.500 pesos que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, formaban parte del capital del ex funcionario y que habrían sido vendidos "con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes". Si bien al momento de ser dictada la inhibición general Aníbal y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la fiscal demostró otra cosa. ■