Indagarán a De Vido, a Jaime y a empresarios por las coimas de Odebrecht
El gigante brasileño admitió sobornos en Argentina por US$ 36 millones El juez los citó junto a otros 46 ex funcionarios y hombres de negocios, vinculados al contrato para el soterramiento de ese tren. Investigan sobreprecios y coimas.
El juez Martínez de Giorgi citó como sospechosos al ex ministro de Planificación K, a varios de sus colaboradores y a contratistas vinculados al proyecto de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Entre ellos están el primo de Macri, Angelo Calcaterra, y el “Corcho” Rodríguez. Investigan las irregularida- des en una obra de más de US$ 3.000 millones. La constructora brasileña declaró haber pagado en la Argentina coimas por US$ 35 millones.
La más importante causa por corrupción vinculada a la empresa brasileña Odebrecht despertó de su letargo: el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó a indagatoria a los acusados por el supuesto pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento. El extenso listado de convocados incluye a ex funcionarios K como Julio De Vido -que abrirá la ronda de declaraciones en junio-, Ricardo Jaime, José López o Roberto Baratta, y empresarios como Ángelo Calcaterra, ex titular de la contratista Iecsa y primo del Presidente. Las 49 indagatorias concluirán en octubre con Jorge “Corcho” Rodríguez.
Además del ex CEO de la firma brasileña Marcelo Odebrecht -quien cumple una condena en Brasil- también fueron citados representantes del consorcio que encabezaba su constructora: Iecsa, Ghella y Comsa.
En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la firma brasileña sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.
La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio dirigido por Odebrecht en 2006. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
Las indagatorias, que había pedido el fiscal Franco Picardi, se realizarán entre el 6 de junio -con De Vido- y el 17 de octubre, con Jorge “Corcho” Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y Odebrecht). La premisa de la justicia es que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.
Para el magistrado las instancias administrativas, una serie de reuniones realizadas antes de la licitación y el intercambio de mails donde “se habla del pago de sobornos”, explicarían “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”.
Los imputados están acusados de participar en lo que el juez denominó como “anómalas circunstancias” señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron “sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht”.
En la licitación se consignaron 21 irregularidades. Entre ellas, “se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo”; además, “no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos”, y “se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones a requerimiento de los oferentes”, entre otras.
El fiscal Picardi cree que los sobor- nos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y con otros pagos a través de una red de firmas radicadas en el exterior: Controles y Auditorias Especiales de España (CYAES), CAESA, y aquellas que se habrían utilizado para recibir el “pago de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”.
Para el juzgado, “los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan,a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado”.
Los pagos irregulares se hacían de varias maneras. Por un lado, a través de CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes, y también por transferencias “que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su ‘División de Operaciones Estructuradas’, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”, señaló Martínez De Giorgi.
Parte de esta ruta de fondos se investigó en base a unos correos electrónicos entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, integrante de Odebrecht. “En dichos correos, éste último habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento”.
El juez escuchará a los ex funcionarios de Planificación y a los apoderados de las empresas “que hubieren intervenido en el expediente o participando en reuniones con los funcionarios públicos intervinientes”. ■
Las coimas a los funcionarios emanaron “directa o indirectamente” de las empresas de la UTE