Un caso clave para avanzar en el capítulo argentino del “Plan Cóndor” de la corrupción

El tren Sarmiento. Es la obra más importante que Odebrecht ganó en el país, junto a un primo de Macri y bajo gobiernos K.

En toda América Latina, Odebrecht es la palabra que sintetiza y encarna el más complejo sistema de sobreprecios en millonarias obras públicas y masivos esquemas de coimas para pervertir gobiernos enteros: un “Plan Cóndor” de la corrupción, que alcanzó a diez países del continente.

Comenzando por Brasil, cuna de la criatura, la justicia alcanzó a poderosos empresarios y políticos, incluido el CEO de la constructora multinacional que lleva su nombre y decenas de funcionarios y ex funcionarios públicos de todos esos países. Esa lista de caídos, que terminó bajando del poder al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, sumó su víctima más impresionante hace dos semanas, con la detención de Luis Inacio “Lula” Da Silva.

Pero semejante terremoto apenas si movió alguna mota de polvo en la Argentina, pese a que en sus confesiones internacionales Odebrecht admitió haber pagado coimas en el país por al menos 35 millones de dólares hasta 2015, para ganar y realizar distintas obras públicas.

La bofetada de esa noticia aún resuena en los tribunales federales de Comodoro Py, en tres de cuyos tribunales crecen expedientes por supuestas irregularidades en contratos ganados por Odebrecht. Uno de ellos, en manos del juez Daniel Rafecas, analiza los posibles delitos cometidos para alzarse con la ampliación de dos enormes gasoductos. Otro, en el juzgado de Sebastián Casanello, hurga en la construcción de dos plantas -una potabilizadora de agua y otra para tratar residuos cloacales- que la firma estatal AySA le encargó a los brasileños. El tercer caso, y más importante, es en el que Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a medio centenar de acusados por sobreprecios y coimas para soterrar la traza del ferrocarril Sarmiento.

Igual que en Brasil, en Perú y en varios de los demás países en los que estalló el escándalo Ode- brecht, el esquema de corrupción diseñado por la constructora -que había creado una oficina especial para gestionar el pago de coimas en todos lados- incluía la participación de empresas locales que se asociaron a ella para alzarse con los contratos. En la obra del Sarmiento una de esas firmas fue Iecsa, la constructora que hasta el año pasado pertenecía a Angelo Calcaterrra, primo del presidente Mauricio Macri.

Aunque el principal escollo para que los corruptores brasileños confiesen sus faltas ante la justicia local es la falta de una ley que les garantice no volver a ser juzgados aquí por delitos investigados -y en muchos casos condenados- en Brasil, la epidemia de impunidad que asuela a la Argentina alimentó otra interpretación, absolutamente posible: como en la caliente causa por el tren Sarmiento están seriamente involucrados media docena de los más importantes ex funcionarios kirchneristas pero también un pariente de Macri, ese expediente jamás llegará a nada.

Para colmo, desde Brasil insistían anoche a Clarín que “la constructora Norberto Odebrecht ratifica su firme voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, para colaborar de forma amplia y eficaz con la justicia, y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente”. Una oferta potente, que por ejemplo podría concretar el mismísimo Marcelo Odebrecht, cuando llegue su turno en las indagatorias programadas por Martínez De Giorgi.

Si lo hiciera, volverá a llover sobre los ya mojados De Vido, López, Jaime y los suyos. Pero el agua también podría caer sobre Calcaterra y muchos otros contratistas de obra pública acostumbrados hace décadas a los negocios turbios. ■