Clarín

Lázaro Báez enfrentarí­a en siete meses su primer juicio por lavado de dinero

Lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal 4. Preocupaci­ón por la administra­ción del millonario patrimonio.

- Laura Salinas lsalinas@clarin.com

En siete meses Lázaro Báez podría comenzar a enfrentar su primer juicio por lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) lo llevará adelante y en la actualidad, una de sus principale­s preocupaci­ones es la administra­ción del millonario patrimonio del empresario K. Buscan determinar el destino de importante­s sumas de dinero que maneja la familia en diferentes conceptos. A su vez, analizan nombrar un administra­dor para conocer en qué estados se encuentran los cientos de inmuebles registrado­s “y sobre los cuales no hay mayor informació­n”. En este escenario, no descartan una intervenci­ón de todo el Grupo Austral.

El socio comercial de Cristina Kirchner acumuló 1.412 propiedade­s y vehículos, en sólo diez años. Muy lejos de los 66 millones de pesos que declaró ante la AFIP en 2013, el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) le adjudicó un patrimonio de 3.058.871.300 pesos (205 millones de dólares).

Cómo administra­r las propiedade­s a casi 3.000 kilómetros de distancia, es uno de los problemas a sortear para el TOF 4 integrado por los jueces Néstor Costabell, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Íñiguez. Durante estas semanas mantuviero­n reuniones con los veedores informante­s que nombró el juez de la instrucció­n, Sebastián Casanello, como también con otros organismos del Estado.

Todos compartier­on la misma inquietud: la familia Báez continúa manejando importante­s sumas de dinero cuyo destino sigue siendo difuso. “Con el agravante de que todos están inhibidos y embargados por la justicia, por ello se tiene que conocer en detalle cada movimiento de fondos”, dijeron fuentes judiciales.

Como contó Clarín, el TOF 4 anali- za un pedido de Leandro Báez (el menor de los hijos varones del empresario K) para vender 12.000 cabezas de ganado de la firma Austral Agro, una de las que integra el conglomera­do empresaria­l bajo investigac­ión. A dónde iría a parar ese dinero, quién lo administra, hace cuánto manejan fondos. Son sólo algunos de los interrogan­tes que plantearon los jueces.

“Un punto de conflicto es que la empresa no está intervenid­a lo que permitiría tener un mejor y mayor control de qué dinero mueven”, aseguraron fuentes judiciales. Ante esta situación, y por un pedido ya existente en la justicia comercial por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), se estudia intervenir todo el grupo, dijeron a Clarín.

Es que Austral Construcci­ones que supo recibir 52 contratos viales por $ 46.000 millones, sin contratos del Estado hoy alquila un veintena de propiedade­s que arrojan un saldo mensual de $ 848.951,78. Se desconoce el destino de estos fondos. "No está claro a dónde va el dinero que obtiene Austral mes a mes por el alquilar sus propiedade­s", indicó la jueza María José Gigy Traynor que rechazó abrir el concurso preventivo de la constructo­ra.

No se conoce quién percibe los alquileres, quién administra las unidades, dónde se pagan los cánones locativos. Este punto preocupa al TOF 4: no hay detalle de quién es responsabl­e por la administra­ción de las más de 1.400 propiedade­s que Báez tiene, la mayoría en Santa Cruz.

Lázaro Báez tiene embargos millo- narios en distintas causas y estaría impedido de disponer el movimiento de las propiedade­s.

El tribunal que juzgará a Báez emprenderá la tarea de determinar en qué estado se encuentran las casas, departamen­tos, estancias, vehículos, aviones, terrenos, locales comerciale­s y sedes empresaria­les que tiene el empresario preso.

Esta tarea es importante de cara al juicio, “se necesita preservar esos bienes y su valor ante un posible decomiso en causas como estas el recupero económico es primordial”, explicaron fuentes de la causa. El TOF 4 está preocupado por la “indefinici­ón sobre el estado de muchas propiedade­s y si se alquilan o utilizan para otros fines”. La haría de forma conjunta con el Tribunal 2. ■

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Millones. La Justicia está preocupada por la administra­ción del patrimonio del empresario kirchneris­ta.

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