Piquetes sin solución: crecieron 40% en marzo y son el gran problema del tránsito
Pese a la promesa oficial de control, hubo 101 en Capital. El protocolo para frenarlos generó cruces entre Nación y Ciudad. Un proyecto de ley propone obligar a liberar carriles y multar.
Las conductas, por repetidas, tienden a transformarse en hábitos. Y qué duda cabe de que los piquetes lo son: en las últimas dos semanas, dos importantes protestas inhabilitaron parte de la circulación en Capital. Una, do- ce días atrás, impidió la circulación del Metrobus en pleno horario pico de ingreso a la Ciudad; la 9 de Julio quedó interrumpida de lado a lado y las calles fueron un pandemonio. Este miércoles, diferentes organizaciones sociales, cortaron 30 esquinas. Según un informe privado, los piquetes se dispararon en marzo y aumen- taron un 40% respecto del mes anterior en el país.
Esas manifestaciones volvieron a poner en foco el grave problema que arrastra la Ciudad desde, al menos, 2001. En aquel año las calles se transformaron en el lugar en donde visibilizar el enorme conflicto social y económico que se venía gestando y que explotó en diciembre. Aunque la gente salió a protestar en todo el país, Buenos Aires fue el centro. Hubo 38 muertos. ¿ La sombra de “diciembre de 2001” se ciñe aún sobre la 9 de Julio? ¿Por qué no fue posible recuperar la civilidad y normalizar el derecho de protestar y el de circular?
Como se dijo, marzo fue un mes conflictivo. Hubo 517 piquetes, 101 en la Ciudad y 122 en la Provincia de Buenos Aires. En enero se registraron 347: 64 en Ciudad y 71 en Provincia. Y en febrero, 369: 61 y 80, respectivamente. A nivel nacional, en los tres meses, sumaron 1.233. Según las estadísticas de la consultora Diagnóstico Político (DP), se trata de “uno de los inicios de año más conflictivos desde 2009”. Trabajadores estatales y organizaciones sociales fueron los principales protagonistas.
No es que no haya habido ensayos y anuncios sobre métodos para contener a los piquetes. El último fue el “protocolo antipiquetes”, que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en febrero de 2016. Envalentonado por el triunfo de diciembre en las elecciones, el PRO intentó dar respuesta a una de las demandas de los vecinos: ordenar las protestas para circular con previsibilidad. El protocolo debía ser puesto en marcha por todas las fuerza de seguridad nacionales, provinciales y porteñas. Básicamente, los efectivos debían intervenir en caso de que los manifestantes utilizaran palos, tuvieran las caras cubiertas o manipularan bom- bas molotov, y no permitieran la libre circulación.
Pablo Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y lleva años estudiando estas protestas. Afirma: “En nuestro país, no hay legislación relacionada con los protocolos, no poseen una categoría jurídica y no tienen alcance legal para aplicarse. Además, el Código Penal no permite que accionen las fuerzas de seguridad sin amparo judicial. A todo esto se suma que en las últimas marchas estuvieron interviniendo fuerzas de seguridad sin identificarse, vestidas de civil, y el protocolo no menciona nada sobre eso, de la misma manera que no dice si pueden usar armas de fuego o no. En concreto, todo es irregular, por eso, no resulta aplicable”. Por otro lado, recordó que el Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional se manifestaron críticas sobre ese conjunto de reglas.
Frente a esta situación, el diputado Sergio Abrevaya (GEN) ingresó en la Legislatura un proyecto con el que busca incluir la “obstrucción de la vía pública” como un delito contravencional. Las sanciones prevén entre 1 y 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa de entre $200 y $1.000. “El protocolo es un conjunto de medidas internas de la Policía. Lo que proponemos es una ley y una prohibición concreta: uno o dos carriles libres en calles y avenidas donde haya transporte público. Y el texto combina derechos: libertad de manifestar sin interrupción del tránsito. Con
una ley en la mano, va a ser mas sencillo controlar un piquete”, explicó. Según su visión, son tantos que pier
den efecto porque “al Gobierno deja de interesarle”, “muchos vecinos no entienden por qué es la protesta y, finalmente, la situación les genera un enorme rechazo”. En ese sentido, Abrevaya valora que Barrios de Pie, por ejemplo, dejara carriles liberados en las últimas protestas: “Si el piquete no te complica la vida, es más fácil tener empatía”.
Durante años, el argumento del Gobierno local fue no disponer de policía propia para actuar en estos casos. Pero la fuerza funciona desde enero de 2017. Poco antes, el presidente Mauricio Macri pidió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, que frenara los piquetes. Como informó Clarín, hubo cruces dentro del macrismo: para funcionarios de Nación, el control depende de la
Ciudad mientras que, según sus colegas porteños, el conjunto de reglas propuesto es inaplicable y los reclamos se dirigen básicamente hacia Nación.
El ministerio de Seguridad porteño y la Policía de la Ciudad evitan ahora hablar del tema. Off the record dijeron a Clarín que trabajan “fuertísimo”, que “hay menos cortes totales y que “se llegó a un acuerdo para que no se corte el Metrobus”.
Los agentes de la Ciudad ya están pero queda por ver qué sucederá cuando, además, el Ejecutivo cuente con una ley.