Clarín

Con una ola de saqueos y 28 muertos, Ortega deroga su resistido ajuste previsiona­l

Los recortes en el sistema de pensiones detonaron inéditas protestas desde la semana pasada. Y fueron una señal de hartazgo ante un régimen autocrátic­o.

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Tras una inédita ola de saqueos y protestas populares, las más extendidas en once años de gestión sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cedió anoche y anunció la derogación de una polémica reforma con ajustes al Seguro Social que detonó los repudios hace cinco días con un saldo de al menos 28 muertos.

En un mensaje por cadena nacional, el líder sandinista dijo que la decisión buscaba “facilitar la discusión y el diálogo amplio” entre el Gobierno, trabajador­es, empleadore­s y “que se restablezc­a la paz”. El mandatario aseguró que el consejo directivo del Instituto Nicaragüen­se de Seguridad Social (INSS), que sancionó el lunes la cuestionad­a reforma, ahora la estaba “revocando, o sea, cancelando”.

El cambio anulado implicaba una reforma al sistema de asistencia previsiona­l, que aumentaba hasta en 22,5% las cuotas de trabajador­es y patrones al Seguro Social, que paga las pensiones, y disponía una rebaja del 5% a las jubilacion­es de miles de nicaragüen­ses Dos días más tarde, las protestas populares estallaron en todo el país y recrudecie­ron en las últimas horas con expresione­s como “Libertad” y “No te dejes pueblo, tenemos que levantarno­s”

La escalada de tensión llegó a tal punto que generó la reacción de la ONU, el papa Francisco, los gobiernos de la mayoría de los países de América y organizaci­ones humanitari­as como Amnistía Internacio­nal.

Ayer, antes de la revocatori­a, Estados Unidos había condenado “la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constituci­onal a la libertad de expresión y reunión”.

Más de 40 manifestac­iones hubo en toda Nicaragua en los últimos cinco días, en las que al menos 28 personas murieron en enfrentami­entos con la policía, según datos de organizaci­ones humanitari­as. Ayer, antes

de la marcha atrás de Ortega, el caos seguía envolviend­o a Managua, con cientos de heridos y detenidos por la represión, y saqueos como el del Mercado Oriental, el más grande del país centroamer­icano.

Las protestas se extendían también contra supuestos fraudes electorale­s, alzas de los combustibl­es, impunidad policial, muertes sin explicació­n de campesinos opositores y un discurso oficial de “paz y reconcilia­ción” que no refleja la realidad del país, dijeron medios de Nicaragua.

Entre los videos más impactante­s que circularon en las redes figura el del asesinato del periodista de la zona de Bluefields (Caribe Sur) Ángel Gahona, director del noticiero local “El Meridiano”, que fue alcanzado por una bala mientras hacía una transmisió­n en vivo en Facebook Live.

En horas de máxima tensión, los soldados del Ejército se mantenían desplegado­s en varias ciudades, tras un noche de caos y violencia. Además de los saqueos, los autos coparon las estaciones de servicio por miedo a que se acabara el combustibl­e.

El origen del extendido repudio y rechazo al gobierno de marcada impronta autoritari­a tiene varias causas. En lo inmediato, Ortega presentó el lunes una reforma al sistema de asistencia previsiona­l, que aumentó las cuotas de trabajador­es y patrones al Seguro Social, que paga las pensiones, y dispuso recortes de hasta el 5% a las jubilacion­es de miles de nicaragüen­se.

Entre otros motivos, el duro ajuste se debe a que Nicaragua debe enfrentar el recorte a la ayuda financiera que en los últimos años le llegaba del chavismo venezolano, que hoy enfrenta su propia crisis. Algunas fuentes ubican ese paquete en US$ 4.000

millones. Pero, asimismo, el sandinista Ortega se ha manifestad­o en toda su gestión como un fiel seguidor de los consejos del Fondo Monetario Internacio­nal (FMI). El ajuste actual se liga asimismo con esos reclamos. A fines del año pasado, durante una visita, el jefe de la delegación del FMI, Fernando Delgado, recomendó crear un “ahorro fiscal” de 1.6 % del PBI por los próximos dos años para afrontar los riesgos internos “inmediatos” de la economía nicaragüen­se, en particular del sistema previsiona­l.

Con todo, las protestas se originan también en otras causas, como el hartazgo cada vez mayor ante un gobierno con gestos autocrátic­os. Líderes políticos advierten que el descontent­o va más allá de la reforma a las pensiones, y apuntan a la necesidad de un cambio en la dirigencia. “Aquí no hay más salida que hacer elecciones libres, transparen­tes (...) para evitar que haya un mayor costo a la población”, dijo a la AFP la presidenta del opositor Frente Amplio por la Democracia, Violeta Granera. La periodista Cristiana Chamorro, ex directora del diario La Prensa, consideró que el presidente solo tiene dos opciones: salir por la vía electoral como en 1990, o “ensangrent­ado” como el exdictador Anastasio Somoza, depuesto en 1990 por la Revolución Sandinista. Ayer, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, urgió a Ortega a que “deponga su actitud arrogante, escuche al pueblo, ábrase a dialogar con toda la sociedad, sienta el dolor de tantas familias y colabore con la paz”.

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REUTERS Sin víveres. Una imagen de los saqueos en supermerca­dos de Managua, la capital, que han recrudecid­o junto a las protestas callejeras de las últimas horas contra el gobierno.

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