Otra denuncia
El organismo fiscal consideró que el ex funcionario protegió a Lázaro Báez en la causa de las facturas truchas.
El organismo que manejó durante el kirchnerismo lo acusa de asociación ilícita, encubrimiento y violación de secreto fiscal. Consideran que protegió a Lázaro Báez en la causa de facturas truchas.
La AFIP denunció a Ricardo Echegaray por asociación ilícita, peculado, encubrimiento y violación de secreto fiscal en una causa de 2015 contra Lázaro Báez, por facturación apócrifa donde se señala al fisco como un facilitador a favor del empresario K para dicha maniobra, “sin controles” al respecto. Además, pusieron como casos testigos las maniobras investigada en relación a Cristóbal López y a Ciccone. La denuncia fue presentada por Jaime Mecikovsky en repre- sentación de la AFIP, y plantea “el encubrimiento llevado a cabo por altos funcionarios de la AFIP en la defraudación fiscal de un determinado contribuyente”, en referencia al dueño de Austral Construcciones. Echegaray llegó a ese puesto de la mano del secretario privado de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.
Se planteó que los funcionarios de la AFIP durante la gestión de Cristina Kirchner “realizaron conductas con el auxilio o con la utilización de un fuerte aparato de poder que lograba el cumplimiento de los mandatos ilícitos de estos funcionarios y concretaba el designio criminal de los autores”. No sólo se favoreció a Lázaro Báez. La denuncia también cita el caso de la quiebra y su levantamiento, de la ex calcográfica Ciccone, los planes de pagos que obtuvo Oil Combustibles de Cristóbal López, como también una falsa denuncia contra Adolfo Prat Gay.
Por tales motivos, se acusó a los funcionarios señalados -empezando por Echegaray- por “orquestar un entramado de actos administrativos ilegítimos con la finalidad clara de producir una exacción o sustracción del patrimonio estatal que tenían a su cargo percibir y custodiar”.
En todo momento hubo por parte del fisco “la intención de favorecer a determinados contribuyentes o grupo económicos” como el Grupo Austral en esta caso puntual, donde además “se encubrió la utilización de facturación apócrifa”. Todo iba destinado a un mismo objetivo: proteger a Báez, que entonces recibía del Estado nacional millonarios contratos viales.
La causa quedó radicada en el juzgado del juez Daniel Rafecas, que analiza el expediente para ver si quedará en sus manos o la remite al de su par Sebastián Casanello que ya tuvo la causa inicial contra Báez.
Así, se planteó que el accionar de los funcionarios de la AFIP, con Echegaray a la cabeza, operó de forma “organizada en una estructura con larga duración en el tiempo” que se valió de “diversas herramientas y métodos para materializarlo”.
Por ejemplo, Austral Construcciones obtuvo justificaciones para no pagar sus obligaciones fiscales líquidas y exigibles, y consiguió “de forma arbitraria e ilegal facilidades de pago de obligaciones vencidas”.
Estas maniobras fueron investigadas en Bahía Blanca, donde se montó una usina de facturas apócrifas por más de 50 millones de pesos que involucra a Austral Construcciones y otras firmas vinculadas, y por otro lado, en el juzgado penal económico de Javier López Biscayart, que procesó a Báez por evasión tributaria de 80 millones de pesos. Mecikovsky plantea que para que dichos delitos se hayan cometido, la AFIP cumplió un rol fundamental, al funcionar de manera funcional “a los intereses espurios del grupo” Austral. Es decir, “actuaron de forma organizada, coordinada y controlada”, como una “asociación ilícita” dirigida por Echegaray.
Paralelamente, el diputado K Rodolfo Tailhade y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten quedaron en la mira de la Justicia a raíz de haber presentado una denuncia falsa contra funcionarios de AFIP. El juez Claudio Bonadio sobreseyó a Mecikovsky y otros funcionarios de la AFIP y dijo que fueron víctimas de una falsa denuncia. ■