Santa Cruz : la escuela clausurada había abierto unos 50 cursos sin permiso
El cierre del Instituto Cristiano de Enseñanza Pública (ICEP) en Río Gallegos se dio luego de reiteradas intimaciones por parte de las autoridades y el flagrante incumplimiento de los mínimos requisitos legales necesarios para su funcionamiento.
Según el acta de clausura emitido por el Consejo Provincial de Educación, con fecha 20 de diciembre de 2017, la lista de irregularidades dejan en evidencia que el establecimiento, que mensualmente recibía una subvención de aproximadamente 3 millones de pesos, había abierto 50 secciones en todos los niveles educativos sin la correspondiente autorización oficial, tampoco cumplía con las medidas de seguridad edilicias, instalación eléctrica deficiente en reiteradas oportunidades impidió el ingreso de inspectores, entre otras tantas irregularidades.
“Nosotros veníamos denunciando esta escuela desde hacía mucho tiempo. Como gremio docente, somos los más críticos de Alicia Kirchner, pero lo cierto es que en esto acompañamos la decisión porque es tan grave lo que sucedía, fueron tantas las situaciones irregulares que lógicamente era acertado que se tomara una decisión”, afirmaron a Clarín fuentes del gremio docente ADOSAC, mayoritario en el distrito.
El año pasado, el conflicto docente en la provincia de Santa Cruz se extendió hasta agosto, mes en el que recién comenzaron las clases. En esos meses de conflicto, muchos chicos buscaron lugar en colegios privados, y el ICEP fue receptor de gran parte de ese aluvión. “Ellos daban clases y abrían cursos sin control”, dijo el vocero.
Nicolás Pereyra, vocal en Representación de los Docentes de Escuelas de Gestión Privada, coincide: “Tenemos historia de lucha docente y no hace falta inventar nada para criticar al gobierno provincial. Lo que pasó con esta escuela era insalvable. Son dos cosas distintas. No hubo voluntad política del gobierno de Alicia Kirchner de avanzar sobre esta escuela”.
En octubre de 2017 luego de una auditoría se estableció que el ICEP tenía en primaria 70 secciones, respecto de las cuales se detectaron 38 sin autorización del Consejo de Educación. En el nivel inicial había 13 salas, de las cuales 5 no estaban autorizadas. Mientras que en el secundario funcionaban 11 secciones de las cuales 4 no contaban con el permiso correspondiente. Además, las autoridades constataron la existencia de “dos anexos en los que funcionarían secciones de nivel inicial y primario, sito en la calle Lavalle, esquina Berutti y en el Barrio San Benito.
Ante las reiteradas irregularidades, el 27 de septiembre del año pasado el Consejo decidió interrumpir el aporte estatal. En el acta se explican las diferentes situaciones que encontraron las autoridades a lo largo del año cuando comenzaron a intentar inspeccionar el establecimiento. ■