Un fiscal pidió que Cristóbal López vuelva a la cárcel y procesen a Echegaray
Raúl Pleé cree que el dueño de Oil Combustibles debe cumplir prisión preventiva por defraudar al Estado. La AFIP le reclama $ 21.000 millones. La Cámara tiene once días para contestar.
Cristóbal López y Fabián De Sousa sabrán la próxima semana si volverán a prisión o no. Ayer no fueron a la audiencia con la Cámara Federal de Casación, y eligieron defenderse por escrito. En 47 páginas plantearon por qué “no correspondía que se apele” su excarcelación. Uno de sus argumentos es que tienen su patrimonio embargado. Sin embargo, el fiscal ante el Tribunal -Raúl Pleé- pidió la “inmediata detención” de los dueños del Grupo Indalo y que se los procese por administración fraudulenta.
La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, tiene cinco días hábiles para resolver si los dueños del Grupo Indalo seguirán libres o no. En Comodoro Py lamentaron que López, De Sousa y Ricardo Echegaray no se hayan presentado a la audiencia que se debía realizar ayer. “No tendremos la transparencia que se pretendía y el acceso a la información en el debate”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
No es lo único que deben resolver. También deberán evaluar si el delito atribuido por no pagar a la AFIP con Oil Combustibles 8.000 millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles es una defraudación al Estado -como consideró el juez Julián Ercolini cuando los procesó- o si avala el polémico fallo de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que excarcelaron a López y De Sousa y consideraron que sólo fueron autores de una retención indebida de tributo.
Con otro escrito Pleé pidió la detención de López y De Sousa, y que se los acuse por administración fraudulenta agravada. La AFIP, querellante en la causa pidió que se los procese por defraudación al Estado.
El fiscal omitió referirse al pedido de detención sobre Echegaray que formuló su colega de la instancia anterior, Germán Moldes, al entender que es un aspecto que no formó parte de los incidentes presentados.
Sin embargo, resaltó en su escrito que se encuentran “constatadas las maniobras” por las que el juez Julián Ercolini los procesó, y que están corroboradas “las acciones en la investigación destinadas a eludir la inhibición general de bienes de los empresarios”, lo que da cuenta de “la existencia de riesgos procesales que justifican por sí mismos” la prisión preventiva para López y De Sousa.
Es el punto de mayor preocupación para los dueños de Oil. Sus abogados, Carlos Beraldi y Martín Arias Duval, señalaron que “en todo momento estuvieron a derecho, cumplieron con su obligación de comparecer al juzgado, poseen domicilio conocido y arraigo suficiente. Cuando se dispuso su injusta detención en esta causa ambos acataron voluntariamente la decisión judicial”.
Los letrados recordaron que el juez Ercolini dio por clausurada la instrucción (y pidió que las partes pidan la elevación a juicio), de modo que “ya no existe riesgo alguno de entorpecimiento probatorio que pudiera ser invocado”, para sustentar que los acusados no deben volver a prisión.
Los abogados de López indicaron que la detención fue “totalmente sorpresiva” y que ninguna de las partes lo había pedido. Y que el juez “interpretó insólitamente que la solicitud de autorización para proceder a la venta de las acciones de las empresas que componen el Grupo Indalo importaba una suerte de quebrantamiento de la inhibición general de bienes que oportunamente se había dictado en la causa”.
En esta misma línea, la defensa consideró que el pedido del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes para que los dueños de Indalo vuelvan a prisión, es un “formidable desatino”. Volvieron a plantear que “no hay riesgos procesales”.
El abogado Beraldi consideró que los cuestionamientos realizados contra Farah y Ballestero por excarcelar al empresario K carecen de “toda seriedad con que se ha intentado deslegitimar la legalidad del fallo, campaña que podrá ser sostenida en otros ámbitos, pero no ante los Tribunales cuyo principal deber es el de brindar un recto servicio de administración de justicia”.
Además, habló de “campaña publicitaria que rodeó esta embestida procesal” cuando la Sala I de la Cámara federal porteña liberó a los dueños de Indalo, que “resultó tan efectiva que incluso consiguió que hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación debiera tomar alguna intervención y que la Cámara de Apelaciones que dictó el fallo quedara virtualmente vaciada”. ■