Allanaron el Grupo Indalo por la venta de la empresa al financista Rosner
El juez Martínez De Giorgi investiga si la operación fue un intento de fraude contra la AFIP.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi allanó ayer varias oficinas del Grupo Indalo a pedido del fiscal Ramiro González, en el marco de la causa donde se investiga la venta que Cristóbal López intentó realizar a favor de OP Investiment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatore. La causa ya se encuentra bajo secreto de sumario.
Uno de los motivos por los cuales Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa terminaron detenidos (después de ser procesados por el juez Julián Ercolini por administración fraudulenta al no pagar $ 8.000 millones a la AFIP del impuesto a los Combustibles) fue por buscar eludir a la Justicia con la venta de su holding a OP Investiment.
Todos fueron imputados por el fiscal Ramiro González que consideró que se debe investigarse si la operación corresponde a una acción frau- dulenta.
Es así que en el marco de dicha causa, la fiscalía de Ramiro González solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas el secuestro de una cantidad importante de documentación para comenzar a analizar la operación que nunca se concretó porque la rechazó Ercolini.
Además, se pidió el allanamientos a los que dio lugar el juez Martínez De Giorgi, sobre el domicilio legal de Santiago Dellatorre e Ignacio Rosner, en avenida Libertador al 600 y sobre la sede principal del Grupo Indalo, en la Avenida Alem 855 de Capital Federal.
El fiscal González solicitó el expediente de Oil que se encuentra con su concurso preventivo de acreedores abierto. La empresa cuenta con interventores coadministradores hasta el 10 de agosto de 2018. Por tal motivo, pidió que se investigue si la operación no se trataba de una maniobra fraudulenta.
Esto abrió un nuevo expediente en la justicia federal que recayó en el juzgado del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Fue el fiscal Ramiro González quien se pronunció en un dictamen de nueve páginas, al que accedió Clarín: decidió abrir la investigación e imputar a los cuatro involucrados en la compraventa. El fiscal Ramiro González busca determinar si la venta al
fondo de Inversión de Rosner responde a un "presunto incumplimiento de la inhibición general de bienes" y considerar que, a raíz de los escritos firmados por López y los dueños de OP Investiment, "se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso".
Así, Cristóbal y su socio sumaron una causa más, mientras que por primera vez los dueños de OP Investiment, quedaron bajo investigación judicial. Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre están imputados junto al empresario K.
Son 170 las empresas que constituyen el conglomerado económico de López y De Sousa, que durante el kirchnerismo creció exponencialmente: hacia 2003, cuando los K llegaron a la Rosada, no existía el Grupo Indalo como tal y Cristóbal sólo tenía una decena de sociedades.
Sobre el holding aún recae una inhibición de bienes y no hay operación posible si no cuenta con autorización judicial. Ya hubo un rechazo por parte de Ercolini a la venta, después de la oposición del fiscal Gerardo Pollicita, los veedores y la AFIP.
La investigación avanza en medio de días claves para el empresario K, donde la Sala I de la Cámara de Casación decidirá si vuelve o no a la cárcel. Además, la principal empresa del Grupo, Oil Combustibles está bajo análisis para ver si el juez comercial Javier Cosentino dictamina su quiebra o acepta alguna de las dos em- presas que pretenden comprar la petrolera.
Todas las medidas adoptadas por el juez comercial Javier Cosentino, se respaldaron en la "firme presunción de que durante el período post concursal, la concursada habría continuado incumpliendo con el Impuesto a la Transferencia de Combustibles –ITC- con la finalidad de asistir a otras sociedades del grupo como lo venía haciendo con antelación, al menos hasta diciembre de 2017".
El juez Cosentino señaló que los administradores Rosner y Dellatorre, retiraron "fuertes sumas de dinero, sin que de modo alguno se hubiera justificado en ese expediente, entre otras cuestiones propias del giro de las empresas".
Por todo esto, la fiscalía consideró que debían levarse a cabo medidas que "serían de utilidad a esta investigación".
Lo que parecía ser un acuerdo entre privados, terminó judicializado en esta causa. ■