Reparar a los damnificados por secuelas terroristas

En un prestigioso claustro universitario extranjero se exponía, días atrás, que Sudamérica y la Argentina habían sido ejemplos de progresos notables en cuestiones de Derechos Humanos. Esa referencia, antes de generarme orgullo, me planteó dos reflexiones significativas: la cuestión de DD.HH ha generado un nuevo modelo de discriminación humana o se ha dado en llamar “derechos” a una política reivindicativa. Lo que me resulta cierto es que la denominación puede ser funcionalmente útil y cautivante, pero es absolutamente errónea.

Han pasado más de 30 años de los primeros juicios a las Juntas Militares, y con ello el inicio de una interminable cadena de procesos unilaterales a personal militar y policial participante en la cruenta guerra de la década setentista. También transcurrieron ya tres décadas de los Tratados de Roma que comenzaron a implementar, retroactivamente, el plexo jurídico de “lesa humanidad”. Sin embargo, en nuestro país no se han generado las reparaciones a los damnificados por secuelas terroristas: discapacitados, heridos, secuestrados… ni a los deudos de muertos o desaparecidos. Igualmente grave, es que quienes deliberadamente cometieron dichos crímenes, se hallan impunes y hasta gocen de privilegios otorgados por el Estado, por el carácter supuestamente político que los alentara.

Como suponíamos antes, no existe ningún principio legal que sea de aplicación parcial o sesgada. Todo crimen puede tener atenuantes o agravantes, y eso es tema discutible, pero las exoneraciones que la jurisprudencia argentina otorgan a los actos terroristas es una aberración que discrimina, segrega y ofende a miles de víctimas de la guerrilla. Tanto como sus indultos. Legitimar la violencia y crueldad, bajo un mero rótulo coyuntural (¿”político”?), abre las posibilidades de justificar cualquier atropello humano, más bien, cualquier

acto deshumanizante. Sólo basta una campaña propagandista y jueces de parte.