Casación confirmó la inhibición de los bienes de “Corcho” Rodríguez
La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer la inhi- bición general de bienes dispuesta el año pasado por el juez federal Sebastián Casanello respecto del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez en el marco de una de las causas abiertas en el país por el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la obtención de obra pública nacional. Se trata de una planta potabilizadora en el Tigre y otra de tratamiento de efluentes cloacales, ambas de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
La decisión de Casanello, adoptada en agosto pasado, ya había sido ratificada por la sala I de la Cámara Federal y ahora por la III de Casación, con la firma de los jueces Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, que lo hizo con sus propios argumentos pero que llegó a la misma conclusión que sus dos colegas. La inhibición de los bienes a nombre de Rodríguez había llegado apelada a Casación por sus abogados defensores, Alejandro Novak y Eugenio Blanco.
En reemplazo de Casanello, de licencia, su colega Sergio Torres ya había resuelto esta semana ordenar la prohibición de salida del país del ex novio de la popular conductora televisiva Susana Giménez a pedido de la Oficina Anticorrupción (OA), recomendación a la que adhirió el fiscal Federico Delgado, cuya actuación en la causa fue elogiada por los jueces de la Casación. A Rodríguez sólo le queda apelar a la Corte Suprema pero difícilmente el máximo tribunal trate una situación que no refiere a una sentencia definitiva aunque afecte derechos de propiedad, el único resquicio que le quedaría a la defensa.
Riggi y Mahiques sostuvieron en su voto que "el relato de los hechos efectuado" por el fiscal Delgado "denota la complejidad que se presenta en las investigaciones de este tipo de conductas, caracterizadas por un entramado de operaciones con intervención de numerosos sujetos, llevadas a cabo en diversas jurisdicciones y generalmente de naturaleza trasnacional".
"Ello debe ser tenido especialmente en consideración, a la hora de analizar las medidas cautelares a disponer en pos de evitar la consolidación del provecho del delito y la recupera- ción de su producto, considerando que se encuentra entre los objetivos del proceso penal asegurar la prueba para la acreditación de los hechos delictivos como así también la ejecución del decomiso y de la pena patrimonial", añadieron Riggi y Mahiques.
Por ello, consideraron "razonable y ajustado a derecho convalidar la inhibición general de bienes" de Rodríguez, "en particular en un caso como el presente, donde se observa que durante la investigación instructora se han llevado a cabo múltiples medidas tendientes a delimitar la primigenia hipótesis descripta en el requerimiento de instrucción y a través de los elementos de prueba colectados se ha ido logrando ratificar la verosimilitud del derecho que se pretende resguardar". Uno de los argumentos de la defensa de Rodríguez para oponerse a la inhibición de bienes era que "el Corcho" todavía no fue llamado a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, ambos jueces expresaron que "en hipótesis delictivas como las de" esta causa "corresponde hacer una excepción". ■