El Gobierno prefiere pagar costos políticos antes que costos fiscales

Con la campaña del 2019 dibujándose en el horizonte y una imagen presidencial en baja, las gestiones del Ministerio del Interior ante los gobernadores opositores más amigos por el conflicto de las tarifas no tuvieron el efecto de captar votos en el Congreso, como en épocas más favorables. Esta vez alcanzaron para que el peronismo acepte dar marcha atrás con una poda del IVA, pero no para atacar el corazón del proyecto del tándem Bossio-Lavagna.

La idea de hacerle ese cambio al dictamen aprobado el miércoles en Diputados fue un pedido de los gobernadores que actúan como termi- nales de los legisladores del PJ federal. El IVA es coparticipable y temían quedar expuestos a una discusión sobre la constitucionalidad de un artículo del proyecto, que le carga todo el costo a la Nación. El acuerdo para extirpar ese impuesto (y evitar así el debate sobre a quién afectaría más) lo sellaron el jefe del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, con los diputados Pablo Kosiner y Diego Bossio. Será parte del debate en el recinto.

En el Gobierno consideran que “la parte del león” de la ley que pretenden imponer las tribus del PJ, unificadas para la ocasión, es precisamente el capítulo que queda en pie. Es el que retrotrae las facturas al valor de noviembre pasado y ata las actualizaciones al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Hay diferencias entre los bloques de uno y otro lado sobre las cifras, pero tanto oficialistas como opositores coinciden en que la aprobación del proyecto provocaría un impacto en las arcas del Estado.

Diputados del macrismo que participaron del debate en la Comisión de Presupuesto estiman que si no se toca el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ahorro en el costo fiscal del proyecto opositor superaría apenas el 20%. Estiman que la baja de ese tributo impactaba en unos 23 mil millones de pesos, sobre un total de 101 mil millones que se hubieran dejado de recaudar este año de aplicarse el proyecto completo en las tarifas de gas y electricidad (sin contar el agua).

“Quieren congelar la estructura de subsidios”, subrayan esas fuentes. Y se hacen eco de la negativa tajante de Mauricio Macri a correrse un milímetro de la política tarifaria. El Presidente ya adelantó a sus ministros que prefiere asumir costos políticos antes que costos fiscales y que el aumento en los servicios hasta alcan- zar el valor real de producción y distribución de energía constituye “una batalla cultural”. Algo así como una cruzada de su gestión.

Del lado del peronismo federal hacen cuentas similares sobre las cifras del IVA. Pero estiman en $ 25 mil millones el costo fiscal que significaría mantener intacto el resto del proyecto, lejos de los 78 mil millones que esgrime el Gobierno, tomando como base un estudio de técnicos radicales que responden al jefe del interbloque, Mario Negri. Es porque calculan en 55% el promedio de aumentos de tarifas desde noviembre, contra casi el 24% de actualización salarial.

Según los argumentos que preparan los autores de la ley para limitar las subas, ese costo podría saldarse en parte con el beneficio que provocaría en el bolsillo de los usuarios y en una porción similar con el aumento en la recaudación del IVA. Sostienen que de acuerdo a las proyecciones, ese tributo excederá en $ 120 mil millones lo pautado en el Presupuesto.

A Macri no le dan los números: ni en el Tesoro ni en el Congreso. ■