La tragedia impune de María Cristina
Hay una mujer que está muerta desde hace ocho años, pero vive. Está encerrada dentro del santuario en el que el destino ha convertido a su casa, rodeada de lo que ayer eran su hija y sus nietas y hoy son los ángeles que la acompañan mientras espera que mañana haya justicia.
Porque ahora mismo, María Cristina Robert no la tiene. Y todo parece planificado en secreto para que nunca la tenga.
La espera marcó los últimos ocho años de María Cristina, que ya cumplió 70. Su reloj empezó a detenerse el 13 de noviembre de 2009 cuando su hija, Gabriela Viagrán (35), la llamó por teléfono desde su casa de José Mármol (Almirante Brown) para avisarle que al otro día viajarían todos a Pergamino a verla.
Todos eran ella, su hija María del Pilar (3), su hija Candelaria (6) y su marido, el que le daría apellido al caso: Fernando Pomar (40). En un Fiat Duna Weekend rojo partirían el sábado 14 de noviembre desde el Conurbano hacia el límite de la Provincia, sin que ninguno llegara a imaginar que el viaje no tendría vuelta. Y, durante 24 días, tampoco final.
Desde el santuario, entre esos portarretratos que todas las horas la miran desde la biblioteca, María Cristina dice que al cortar aquella comunicación no le quedó claro si Gabriela viajaría, porque la joven también le dijo que no tenía ganas de ir, pese a que su marido insistía.
-Hacé lo que sientas. Si no querés venir, no vengas, cuenta María Cristina que le dijo.
Y después se sentó a esperar en esa espera que aún la detiene.
María Cristina se enteró recién al otro día de que Gabriela y todos habían salido hacia Pergamino y no habían llegado. Los padres de Fernando, también vecinos de la ciudad, ya habían hecho la denuncia para que la Policía los buscara. Y ella ya no quiso moverse de su casa, porque estaba segura de que en cualquier momento su hija le tocaría el timbre y le reprocharía haberse preocupado por nada.
Pero el timbre sólo sonó para que les abriera la puerta a periodistas, policías, funcionarios judiciales y gubernamentales, cada vez más a medida que el enigma invadía los medios.
Para el gobernador Daniel Scioli, que se preparaba para ir a buscar la reelección, era una noticia de riesgo. Una familia entera desaparecida era una bomba de tiempo, si acaso su final había nacido de la inseguridad y las fuerzas del Estado habían fallado en impedirlo.
Por eso aún antes de saber qué les había ocurrido a los Pomar, en La Plata habían decidido que no sería un conflicto público sino privado.
El caso empezó a transmitirse casi en cadena. Pasaban los días y la familia, a la que muchos habían visto partir de su casa a las 18 del sábado 14 de noviembre, había caído en ese agujero negro que tiene nuestro país: estaba desaparecida.
Los despachos oficiales se convirtieron en usinas de noticias que se replicaron en los medios. Fernando Pomar, sugirieron, tenía un pasado turbio. Fernando Pomar, aseveraron, había comprado un arma. Fernando Pomar, deslizaron, tenía deudas, había estafado a alguien y había sacado a su familia del país. Fernando Pomar, contrapusieron, había matado a su mujer y a sus hijas a balazos y se había suicidado arrojando el auto a un espejo de agua. O lo había arrojado para que todos murieran.
La Justicia sobreseyó esta semana a los únicos dos condenados que hubo por la fallida búsqueda de los Pomar.
El Ministerio de Seguridad estaba a cargo de Carlos Stornelli. Puso al secretario de Investigaciones, Paul Starc, a dirigir la búsqueda. “Una hipótesis es que los Pomar hayan decidido salir del país”, informó a los medios Starc, “sin ningún factor externo que incidiera”.
Ante María Cristina, que aunque los días se hicieron semanas seguía corriendo a abrir la puerta cuando sonaba el timbre, fue menos valiente. “A Starc lo tengo en mi cabeza todo el tiempo. Me dijo que había puesto 2.500 policías a buscarlos”, cuenta. “Me lo dijo en la cara”.
La Bonaerense informaba oficialmente que rastrillaba por tierra y aire el trayecto que va de José Mármol a Pergamino. Y difundió imágenes de un peaje donde se veía el auto y la cara de Fernando. Y alimentó la hipótesis de que su rostro estaba desencajado. Fuera de sí. Enloquecido. ¿Criminal?
El caso judicial estaba a cargo de la fiscal Karina Police, de Pergamino. Noviembre se hizo diciembre y la funcionaria habló con los medios. Dijo que investigaba si la desaparición era “voluntaria o involuntaria”.
“Se han hechos rastrillajes y no se han encontrado el auto ni los cuerpos. La otra (...) es una posible conflictiva familiar dentro de la familia Pomar y eso está en plena investigación”, soltó, antes de confirmar: “El señor Pomar tenía un arma de fuego. En el allanamiento que estamos realizando en su casa no se ha encontrado”.
Listo. El arma no estaba porque Fernando se la había llevado para matar a todos. Pero ¿nadie había visto, al menos, los cuerpos? “Se ha hecho un legajo con todos los llamados al 911 y no se ha corroborado nada. Cada llamado al 911 es chequeado. Todo, todo, se verifica”.
Alguien dijo que los había visto en Córdoba. Otro, que había visto vagando el perrito que la familia llevaba en el auto.
María Cristina estaba al tanto de cada cosa que se decía. “Yo nunca creí nada”, recuerda. “Yo me hacía a la idea de que a mi hija la habían secuestrado. Como él (Pomar) era químico, yo creía que ella podía estar en un galpón, con sus hijas, atada, y que a él lo obligaban a ayudar a alguien con eso de la efedrina, que se hablaba tanto”, explica. “Yo sabía que si ella tenía un teléfono me iba a hablar”.
Entre tantos llamados al 911, estuvo el de Casimiro Frutos, un albañil que el 16 de noviem- bre se tomó un micro a Rojas y vio junto a una curva de la ruta 31 un auto rojo volcado, con las ruedas para arriba y las luces encendidas. Regresó por la misma ruta y volvió a verlo. El 27 de noviembre, con la noticia de la desaparición de los Pomar en los medios, llamó al 911 y lo contó. Nadie hizo nada con su llamado.
El 8 de diciembre, 24 días después de la desaparición, María Cristina se enteró por televisión de que habían hallado el auto. Estaba a ocho metros de la ruta 31, en la curva señalada por Casimiro, a 40 kilómetros de Pergamino. Los cuatro cuerpos rodeaban el coche: tras una frenada, el Fiat Duna había salido del asfalto, había volcado y los había despedido.
Nadie los había buscado realmente. Ocho policías quedaron involucrados en una causa penal. A los que habían archivado el llamado de Casimiro al 911 los imputaron de “omisión de los deberes del funcionario público”. A otros tres, que habían firmado informes donde decían que habían rastrillado el lugar del accidente, por “falsificación ideológica” de actas. “Iniciamos una recorrida en el móvil (...) haciéndolo lentamente, con el objeto de divisar algún rastro, haciendo hincapié en cunetas y debajo de los puentes (...) no se observaron huellas de frenada así como tampoco ningún rastro que nos indique la existencia de algún accidente”, escribieron el comisario Daniel Arruvito y el teniente Luis Quiroga en un acta del 21 de noviembre.
En la curva que habían dicho recorrer había una frenada en el pavimento de 12 metros de extensión, visible aún el 8 de diciembre.
La causa contra todos los policías se encaminó al juicio oral en 2010. Pero los defensores apelaron, objetaron hasta si el debate debía hacerse en Pergamino y ganaron tiempo: la acusación por “omisión de los deberes” prescribió. Quedaron apenas tres procesados, que fueron a juicio en 2017. Uno fue absuelto y sólo condenaron a Arruvito y a Quiroga, a 1 año en suspenso. Parecía que alguien pagaba por lo ocurrido. “A mí me quedó grabado Starc, que me vino a mentir a la cara. Al mes que encontraron los cuerpos me llamó para decirme que quería hablar conmigo, que sufre por lo que lo mandaron a hacer. ‘Señora, yo tengo hijos, estoy arrepentido, me mandó Stornelli a mentirle’, me dijo”, retrocede el tiempo María Cristina.
Hoy Starc es fiscal federal de Tres de Febrero. Stornelli es fiscal federal en Comodoro Py. La fiscal Police sigue en su cargo. “Ella me vino a ver a la cama donde yo estaba metida desde que se me acabó la vida y me dijo: ‘Pégueme, escúpame, haga lo que quiera conmigo’. Y ahora tengo ganas de hacerlo”, apunta María Cristina. Su abogado pidió juicio político para la funcionaria, pero no logró nada.
Esta semana, la Cámara de Apelaciones de Junín, integrada por Carlos Portiglia y Andrés Ortiz, revocó las únicas dos condenas del caso, las de Arruvito y Quiroga. “El hecho de que se haya consignado que se prestó especial atención en puentes y cunetas no implica que descendieron del móvil y revisaron el predio (...) No se advierte mendacidad. Hay una inferencia relativa a lo que deberían haber visto y no vieron. Se los condenó por no haber visto lo que a criterio del juez debieron ver”, escribieron.
Aquilino Giacomelli, el abogado de María Cristina, jura que no le dieron chance de exponer sus argumentos. Y anticipa que apelará ante la Cámara de Casación. La mamá de Gabriela promete que ahora sí saldrá de su casa para ir a La Plata a acompañar esa apelación.
“Yo siempre quiero estar en mi casa porque estoy rodeada de fotos de mi hija y estoy protegida por ella. No quiero ir a hacer mandados para que nadie me pregunte nada. Nadie se puede imaginar el dolor que uno lleva, nadie puede saber ni imaginarse lo que es perder a una hija y a dos nietas de esta manera”, explica. “Recién ahora estoy leyendo cosas que nunca me atreví a leer. Veo que en política siempre se arreglan entre ellos. Y que no hay justicia acá en la Argentina”, acusa la que recibió la mayor condena del caso Pomar. ■