Cataluña, realidad y ficción
Todos somos víctimas del escaso valor que la verdad y el rigor tienen hoy en el debate político. La discusión sobre lo que pasa en Cataluña no es una excepción, siendo frecuente leer y escuchar opiniones que reflejan un grado alarmante de confusión entre realidad e ilusión, mezclando inexactitudes, medias verdades y puras fantasías. Esto sucede, por ejemplo, con la pieza firmada por Alvaro Abós publicada en esta misma sección el pasado 19 de abril.
Poco de lo que allí se decía guarda alguna relación con la realidad. Así, es completamente falso que el Gobierno español haya encarcelado a dirigentes independentistas. Quienes han decretado su prisión provisional son los jueces en ejercicio de sus obligaciones constitucionales. No por sus ideas, sino por violar reiteradamente la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y multitud de leyes.
Rajoy nunca anuló una reforma “que ampliaba la autonomía” de Cataluña. Esa reforma, contenida en el Estatuto de 2006, no fue anulada. Es verdad que el Tribunal Constitucional suprimió o modificó 14 de sus artículos, de un total de 223, por considerarlos anticonstitucionales, pero dicho Estatuto sigue vigente.
En la argumentación se abusa de conceptos imprecisos, ambiguos y desde luego totalizantes, como “los catalanes” o “la sociedad”. Los catalanes son mucha gente, concretamente siete millones y medio, y decir que “los catalanes” o la “sociedad” catalana “respaldan” el independentismo equivale, en el mejor de los casos, a confundir deseos con realidad; en el peor, a negar a quienes no lo respaldan sus derechos y hasta su existencia como ciudadanos.
Éstos, por cierto, son más que los independentistas. En las elecciones catalanas del pasado diciembre, las formaciones proindependentistas recibieron 2.100.000 vo- tos (47,5 de los emitidos, un 38 % del censo), mientras que las no independentistas obtuvieron 2.300.000 votos (52,5 % de los emitidos, un 42 % del censo). De modo que hay más catalanes contra la independencia que a favor.
Volvamos a la ficción. Leemos que un tribunal regional alemán ha rechazado la extradición del ex Presidente Puigdemont y establecido que “en Cataluña no ha habido violencia”. En realidad, dicho tribunal ha estimado (de momento, porque la resolución no es firme) que no procede la extradición por rebelión, pero sigue abierta la posibilidad de que se conceda por otros delitos. Y ese tribunal no dice que en Cataluña no haya habido violencia; establece más bien que sí la hubo y que “podría” atribuirse al Sr. Puigdemont, aunque no la considera suficiente a efectos de constituir un delito de rebelión tal como éste está tipificado en Alemania. El Comité (consultivo) de Derechos Humanos de la ONU ha pedido al Gobierno español que haga “todo lo posible” para que Jordi Sánchez, independentista en prisión preventiva, pueda ejercer sus “derechos políticos”. Pero no ha hablado de “respetar los derechos humanos” del Sr. Sánchez, seguramente porque no los considera amenazados. Menos aún ha reconocido “la existencia de presos políticos en España”, y tampoco el tribunal alemán antes citado ha encontrado indicios de que el Sr. Puigdemont pudiera estar expuesto a persecución política o ser condenado por sus convicciones.
La realidad es como es, no como uno quiere que sea. En España no hay presos políticos, aunque haya no pocos políticos presos por muy variados delitos. Ningún independentista está en prisión preventiva por sus convicciones políticas. En España se puede ser independentista y buscar la independencia de Cataluña o de cualquier otra parte del país. Los nacionalistas, independentistas o no, pueden incluso ganar elecciones y gobernar sus territorios. Lo han hecho en Cataluña desde hace casi 40 años y podrían volver a hacerlo ahora mismo, si llegan a un acuerdo entre ellos, porque la ley electoral vigente y la distribución territorial de votos y escaños convierten su 47,5 % de votos en mayoría parlamentaria.
Pero en un Estado de Derecho nada de esto puede hacerse al margen de la Constitución y las leyes, como ha hecho en Cataluña un grupo de dirigentes, por cierto elegidos en el marco de esas mismas leyes. Ni siquiera les disuadió la evidencia de que estaban partiendo en dos a los catalanes y creando odios y rencores donde en tiempos hubo afectos y tolerancia. Estos son hechos, no intenciones, que podrían, a juicio de fiscales y jueces, ser constitutivos de los delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros. Digo podrían, porque hasta ahora los tribunales no han juzgado ni dictado sentencia, aunque hayan decretado prisión preventiva para algunos de los encausados. No para todos, y no en base a intenciones, sino a hechos probados (fugas, declaraciones) que sugieren que esos encausados, si pudieran, volverían a hacer lo mismo o huirían de la justicia.
El Estado de Derecho no es un sistema a la carta que permita a los ciudadanos, políticos o no, escoger qué leyes han de cumplirse y cuáles pueden ignorarse impunemente. En este contexto, hablar de persecuciones, violaciones de la libertad de expresión o condenas a la disidencia, es pura literatura. En el fondo, lo que hay es el desprecio del Estado de Derecho y de la íntima relación que existe entre ley e instituciones democráticas, destruyendo así la única garantía efectiva frente a la arbitrariedad y la imposición. Evitarlo es lo que todos, no sólo los catalanes y el resto de los españoles, nos jugamos en Cataluña. ■
En España no hay presos políticos. Ningún independentista está en prisión preventiva por sus convicciones políticas.