Misterios y pactos detrás de la llegada de la familia de Pablo Escobar a la Argentina
Documentos oficiales acreditan que Carlos Menem, durante su presidencia, había sido informado por Colombia del viaje que hicieron la viuda y sus dos hijos a Buenos Aires en 1995.
La versión oficial siempre fue la misma. El 20 de octubre de 1999, el oficial de la Policía Federal Roberto Salvador Ontivero detuvo su auto en el semáforo de la avenida Cabildo y Juana Azurduy, giró la cabeza y dentro de una camioneta Chrysler verde, patente BCN150, parada a su lado, vio a una mujer a la que describió así: “Joven, de unos 38 a 40 años, robusta, de cabellos castaños, en la que reparó su gran parecido con la esposa de Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín, abatido en 1993”.
Para darle un poco más de verosimilitud a la historia, Ontivero le contó al juez federal Gabriel Cavallo que él había trabajado 11 años en la División Drogas Peligrosas y que por eso con- servaba tan fresca en su memoria la imagen de la viuda del máximo narco de toda la historia. Por naif que parezca, la principal causa judicial contra los herederos de Escobar -que seis años después terminó archivada sin un condenado- comenzó así y llenó 7000 páginas, en 36 cuerpos.
La existencia de un supuesto hijo ilegítimo del capo colombiano viviendo en Buenos Aires con su madre, una autoproclamada agente de la DEA; las amenazas y extorsiones que sufrió la viuda de “Don Pablo” a manos de un contador que era su amante y el abogado de éste, Víctor Stinfale, quien logró zafar de los cargos firmando una probation; los documentos oficiales que acreditan que el gobierno argentino siempre supo que la familia de Pablo Escobar se escondía aquí con nuevas identidades provistas por el gobierno colombiano. Todo está en la causa 13.186/99.
Para empezar a contar esta historia, antes que nada hay que aclarar algo. De todo el grupo familiar del jefe del cartel de Medellín, sólo dos personas fueron detenidas y procesadas en la Argentina: su esposa, Victoria Eugenia Henao Vallejo (que permaneció presa 17 meses), y su hijo Juan Pablo Escobar.
A ellos se los acusó de usar identidades falsas (María Isabel Santos Caballero, actualmente de 57 años, y Sebastián Marroquín, de 41) y de lavar en la Argentina dinero del narcotráfico a través de la empresa Galestar (fundada en Uruguay) más la compra de un terreno en la zona de Puerto Madero (hoy investigado en una nueva causa) y otros en el country Las Praderas, de Pilar. De todo quedaron sobreseídos, porque la fiscalía no quiso acusarlos. Pero en el camino quedó documentado el derrotero de su éxodo a la Argentina a fines de 1995.
El primer detalle curioso es una causa fantasma, de la que nunca se obtuvieron detalles. Según consta en el expediente iniciado en 1999, tres años an- tes (mayo de 1996) el juzgado federal de Mercedes abrió otra causa, la 46.584, por infracción a la ley de drogas, en el marco de la cual pidió los antecedentes internacionales de María Isabel Santos Caballero. Pero nunca pasó nada con esta investigación ni se aclaró en qué circunstancias se había iniciado. Lo cierto es que ya alguien había dado el alerta.
Además, otros tres documentos desmienten la versión del oficial Ontivero sobre el el descubrimiento casual de Santos Caballero en el semáforo de Núñez. Aunque todos los organismos oficiales (Migraciones, Cancillería, SIDE) informaron oficialmente al juez Cavallo que no existía acuerdo alguno entre países para recibir a la familia de Pablo Escobar, en la foja 1001 se hace referencia a una entrevista concretada el 23 de noviembre de 1995 entre el embajador de Argentina en Colombia, Hernán Massini Ezcurra, y el canciller colombiano Rodrigo Pardo, quien lo convocó a su despacho en Bogotá.
“En la conversación, señala Massini Ezcurra en su cable, el ministro colombiano le transmitió ‘por indicación del presidente Samper’ que la familia del fallecido narcotraficante Pablo Escobar había salido de Colombia ‘con nuevas identidades, según documentación que les fuera otorgada por las autoridades colombianas’. Que dichas personas ‘no tienen procesos pendientes en Colombia’ y que podrían encontrarse en Argentina”, dice el oficio que el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería le envió al juez Cavallo el 22 de noviembre de 1999.
La viuda y su hijo fueron detenidos a fines de 1999. Ella estuvo presa casi un año y medio.
Cinco días después de esta comunicación oficial al juez, el propio Massini Ezcurra declaró como testigo en la causa y contó que luego de ser informado del viaje de la familia de Escobar a la Argentina “emitió un telegrama al canciller -Guido Di Tella- conteniendo la información”.
Tal vez esa información primaria tuvo algo que ver con la misteriosa causa fantasma abierta en 1996 en la Justicia de Mercedes, que quedó en la nada. La propia viuda de Pablo Escobar siempre fue muy discreta respecto de un supuesto “pacto” para ser admitida en Argentina salvo cuando, en el marco de una causa civil, se presentó ante el despacho de la jueza Noemí Binda con su abogado para pedir que le retiraran una caución real en una causa en la que ella reclamaba la devolución de un bien a sus antiguos socios.
Lo que Santos Caballero -y sobre todo su abogado- le dijeron entonces a Binda lo contó la propia jueza en un escrito enviado al juez Cavallo el 3 de marzo de 2000. Según ella, el abogado de la colombiana “adujo que la actora era una suerte de asilada de nuestro país, en el que se sentía muy cómoda y quería seguir viviendo junto con sus hijos me
nores, haciendo constante mención a una niña muy joven”, recordó Binda.
En esa entrevista, realizada el 16 de noviembre de 1999 -un día antes de que Santos Caballero fuera detenida por Gabriel Cavallo-, el abogado de la viuda “añadió que su cliente revestía la calidad de testigo protegida y al ingresar al país, sola, inexperta y mal aconsejada, se había rodeado de un grupo de
personas que la habían perjudicado económicamente”.
Y , según afirmó la jueza Binda, este abogado fue aun más allá: “Declaró que había entrado al país de forma total
mente legal, en el marco de convenios internacionales sobre el narcotráfico, hablando de un acuerdo entre Colombia y Argentina y refiriéndose a una intervención de la DEA”.
Para cuando cayeron presos, con gran escándalo, a fines de 1999, María Isabel Santos Caballero ya había realizado varias inversiones inmobiliarias y montado en su casa un negocio de confección de toallas y sábanas. Además, tomaba cursos de coaching y se analizaba periódicamente “para no confiar tanto en la gente”. Sebastián Marroquín ya se había recibido de diseñador industrial y su hermana menor había olvidado el pasado familiar y asistía a la secundaria en un reconocido colegio porteño.
Por todo esto, tras ser sobreseídos en 2005, decidieron quedarse en nuestro país e incluso la viuda de Escobar logró nacionalizarse argentina con nueva identidad. Durante años, ella y sus hijos vivieron cultivando el bajo perfil y proclamándose pacifistas. Pero ahora su pasado y sus contactos parecen haberla cercado nuevamente.