En plena tormenta, el Gobierno busca sostener la política social
El gobierno de Mauricio Macri atraviesa un tiempo político horrible, que en buena parte se supo construir. No se habla de Cristóbal López ni de Julio De Vido ni de La Cámpora. Se habla de dólar, inflación y tarifas. No es Cristina Kirchner -derrotada y opacada- el adversario conveniente a doblegar, sino que es la economía. En un territorio de conflicto clásico, en el que se suponía que iba a manejarse con mayor solvencia, el macrismo contempla cómo se diluye la ventaja comparativa que siempre obtuvo por ser la expresión de una nueva política nutrida con las demandas de la sociedad antes que con la oferta de los políticos. Hoy está todo mezclado, como en la vidriera irrespetuosa del Cambalache discepoliano. Todo se vuelve líquido, incierto. Y el largo plazo es mañana.
Algunas áreas de gobierno logran gambetear por ahora la succión abarcadora y destructiva que provoca el tembladeral económico. Tienen dinámica propia, como Justicia o Seguridad, apenas por nombrar algunas. En otras, como el área social, hay acciones que apuntan a mantener la gestión en pie atravesando esta coyuntura tan compleja. La primera decisión fue que no habrá ningún recorte presupuestario a los ministerios y organismos -como ANSeS y PAMIque coordina el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
También se avanzó en el proyecto de ley para expropiar tierras de las villas y darles títulos de propiedad a sus habitantes. Es una iniciativa que supone razonables grados de acuerdo con la oposición. Se trata de los 4.228 asentamientos precarios que hay en el país, en los que viven -en el límite de la dignidad o muy por debajo de él- alrededor de 3.500.000 compatriotas.
Es una iniciativa surgida del trabajo conjunto realizado desde hace dos años por el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social que lidera Carolina Stanley, y los movimientos sociales, básicamente la CTEP, Barrios de Pie y Corriente Clasista Combativa.
Aquella tarea, lanzada en el amanecer de la gestión de Cambiemos con las organizaciones sociales que eran y son opositoras en lo político, produjo el Registro Nacional de Barrios Populares, donde domina la carencia elemental de infraestructura y servicios básicos.
El propósito de la ley es declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación esas tierras. El proyecto entró al Congreso hace menos de un mes, firmado por el radical Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos en Diputados, por Elisa Carrió y por el jefe de la bancada del PRO Nicolás Massot. Para que no quedaran dudas de que el oficialismo asumía la carga política de la iniciativa.
A comienzos de esta semana, en la inminencia del inicio del tratamiento en el Con- greso, Juan Grabois -líder de la CTEP y un actor principal en todo este proceso- le dio su bendición pública. Con las precauciones del caso, cuidando de verificarse como un opositor irreductible, Grabois declaró que “el proyecto de urbanizar villas de Stanley es muy bueno”. Los movimientos sociales han sabido mejor que nadie caminar esa angosta vereda de doble mano con el Gobierno.
No solo por estar Stanley y Grabois muy identificados con el papa Francisco, sino por todo el espíritu de la iniciativa, el telón de fondo de este proyecto es la sotana blanca del Sumo Pontífice.
Esto facilitaría la ilusión de los impulsores del proyecto, en el sentido de lograr un respaldo muy amplio y multipartidario. En el peronismo suponen que hasta la bancada de diputados que responde a Cristina terminará apoyando. Aseguran que la ex presidenta, que contempla en conveniente silencio las tribulaciones de Macri, no quiere que ni un solo gesto suyo o de su gente la distancie de Grabois, es decir del Papa.
Pero cuando se baja al territorio de la política no todo fluye tan fácilmente. Para empezar, picardías parlamentarias impidieron que el martes pasado el proyecto empezara a tratarse en comisiones. Hubo una pulseada desde sectores de la oposición para quedarse con la comisión de cabecera, que es siempre la que marca el tono de esas discusiones. La diputada macrista Silvia Lospennato, mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, entró en operaciones para pre- servar ese lugar para el oficialismo.
El trabajo en comisiones empezaría la semana próxima. El punto crítico a conciliar es la aceptación de provincias y municipios al plan de expropiación de esas tierras. La letra chica deberá trabajarse de manera minuciosa. Los dictámenes podrían estar listos en algunas semanas más. Allí se expresarían grados apreciables de consenso. Pero la actitud de los bloques opositores cuando se debata y vote en el recinto seguramente estará teñida por una coyuntura hoy impredecible.
De todos modos esta ley no irá a debate hasta después del Mundial de Fútbol que empieza en poco más de un mes. La voluntad de la Cámara de Diputados es dedicar desde la semana próxima y hasta entonces toda la energía a concluir el tratamiento en comisiones sobre la despenalización del aborto -la fecha de cierre prevista es el 31 de este mes- y debatir y votar en las dos primeras semanas de junio, antes que la pelota empiece a rodar en Rusia.
Otras iniciativas en marcha tienen que ver con beneficios para jubilados a través de la ANSeS que conduce Emilio Basavilbaso. Antes de fin de año se habilitará una nueva línea de microcréditos a tasas bajas y requisitos mínimos para el otorgamiento. Copiará el estilo de los créditos Argenta, que recibieron 3.500.000 personas en 2017 y contribuyó al clima favorable que rodeó el triunfo electoral de Cambiemos.
En el Gobierno además confían -o confiaban hasta el terremoto financiero de estas semanas- en que los aumentos a jubilados terminen igualando o superando la inflación anual. Esos ajustes están determinados por la nueva fórmula de la reforma previsional que se aprobó en diciembre y que tanta conmoción pública y costo político le habían ocasionado a la administración Macri.
El equipo de Basavilbaso calcula que el aumento a los jubilados este año rondaría el 22%. Ya hubo un 5,7% en marzo y habrá 5,69% en junio. Y esperan nuevos aumentos en setiembre y diciembre. “Va a ser la mejor paritaria del año”, dicen en ANSeS.
Claro que los sindicatos que ya firmaron por un promedio del 15% no piensan quedarse de brazos cruzados mientras la inflación no afloja, así que habrá que ver los números al final de la carrera.
Pero como en el fondo todos son problemas políticos y la política se construye en buena parte con percepciones, el Gobierno debería saber que el contexto sobre el que defiende su política social es hoy claramente desfavorable.
Esto quedó reflejado en la última encuesta nacional de Management & Fit. Según ese relevamiento, para el 63,6% de los encuestados la economía de este año empeoró respecto del anterior. La gestión de Macri es respaldada hoy por el 35,1%. El aumento de tarifas es aceptado apenas por el 21,4% mientras otro 34,6% dice que era necesario pero resulta excesivo.
Y lo más llamativo: para el 52,7% la pobreza subió respecto del año pasado, para el 26,3% está igual y sólo para el 15,7% bajó, cuando los datos recientes del Indec, ahora creíble, mostraron un retroceso apreciable.
Cuando la mano viene mal, hasta lo bueno se desdibuja. Es la ley de este juego. ■
Areas como Justicia o Seguridad logran gambetear por ahora la succión abarcadora y destructiva del tembladeral económico.
En lo social, en cambio, hay acciones que apuntan a mantener la gestión en pie: no habrá recorte presupuestario en la ANSeS ni en PAMI.