El ángel caído
Ese temor esencial lo ha sentido todo padre en algún momento de su vida. Es como una pesadilla, que empieza cuando deja a su hijo al cuidado de otros en algún sitio y que toma forma cuando vuelve a recogerlo y se cruza con la idea intolerable de que no estará allí. De que no lo hallará, de que otro se lo pudo haber llevado, de que quizás se fue.
O, peor aún: de que alguien le hizo daño y nadie lo ayudó.
Una nube así de negra amenazaba los pasos de Norma Monfardini aquel frío atardecer del 12 de julio de 1988 mientras iba a buscar a su hija para llevarla de regreso a casa. La sabía adentro del colegio, el Instituto de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, pero nada ahuyentaba esa idea. Ni siquiera la certeza de que no había nada más contenedor que compañeras y profesores ¿Acaso hay algo más seguro que participar de una competencia escolar de natación, en una pileta cubierta mil veces atravesada, frente a más de 200 personas?
Norma entró al colegio, ubicado en pleno Caballito, frente a plaza Irlanda, pasadas las 18. Buscó a su hija con la vista pero no la encontró, ni afuera ni adentro de la carpa que cubría el “natatorio”, sobre la calle Seguí al 800. Como ella, decenas de padres entraban y salían con sus chicos. Algunas alumnas se preparaban y otras charlaban distraídas, con la confianza que da la normalidad.
Pero ninguna era ella.
Preguntó por su hija y le dijeron que se había ido. O que todavía estaba ahí. Que se estaba cambiando. Que hacía rato que no la veían. Que no estaba por ningún lado. Aterrada, Norma pidió un teléfono y llamó a la oficina de Jorge, su ex marido, de quien se había separado unos tres meses antes. Lloraba por el auricular cuando la noticia le llegó en un grito.
Un chico acababa de notar que se había dejado las antiparras en la pileta, donde ya no había nadie. Fue hasta el borde, se asomó al agua y ahí, entre el rebote tramposo de los reflectores sobre la superficie, la vio.
Jimena Hernández, alumna de once años del Instituto y experta nadadora, yacía en el fondo de la pileta.
Era otra Buenos Aires, sin canales de noticias 24 horas ni celulares y con la atención de todos enfocada en esa inflación que amenazaba la presidencia de Raúl Alfonsín. Y en los militares, que seguían amagando. Quizás por eso al principio el caso pasó desapercibido, en parte porque ocurrió el mismo día que uno de los hechos policiales más impactantes de la época: la Operación Langostino, el secuestro de 587 kilos de cocaína en plena Capital.
El resultado de la autopsia de Jimena también colaboró para que su muerte pasara inadvertida: decía que había muerto ahogada en la pileta. El juez de Instrucción Luis Cevasco enfocó el expediente hacia la hipótesis de que la nena había caído al agua por accidente. No pareció importarle que nadie la hubiera visto caer, ni pedir ayuda, ni que fuera una gran nadadora.
Sin embargo, los padres de Jimena estaban unidos en la convicción de que a su hija la habían asesinado. Fueron una y otra vez a Tribunales, al Instituto y a hablar con los padres de todas las compañeras. Pero nada impidió que el juez Cevasco enviara el expediente a la
Jimena Hernández apareció muerta en la pileta de su colegio de Caballito. Se cumplen 30 años de impunidad.
Justicia correccional para que investigara alguna negligencia en el supuesto accidente.
Los argumentos del juez fueron, vistos con benevolencia, llamativos. Tanto como la actitud del colegio, que los transcribió en un comunicado y los repartió entre los padres de las alumnas, en octubre de aquel 1988. “No hubo signos de violencia externa, con lo que cabe descartar que la muerte se produjera por acción directa de terceros”, reprodujeron las autoridades escolares. “La autopsia practicada reveló que ésta (Jimena) había sido objeto de tratos sexuales de naturaleza reiterada”, seguía el dictamen. Pero, aclaraba, “el deceso de Jimena Hernández no tiene vinculación con el citado trato sexual al que fuera sometida. No hubo relación entre la muerte y aquello que surgiera como consecuencia de la investigación, relativo a la conducta sexual de la occisa”.
La “conducta sexual” de una nena de 11 años. Algo que, si acaso era cierto, debió haber motivado la inmediata apertura de una investigación por abuso contra ella.
“Al no haber aparecido siquiera tóxicos en su cuerpo ni restos de semen en el orificio rectal, estando intacta la zona vaginal y siendo por otra parte de naturaleza reiterada los presuntos actos aberrantes a que hiciera referencia y que surgen del informe pericial citado, nada indica que ese día hubiera sido sometida Jimena Hernández ni que quien lo hiciera provocara su muerte”, decía el dictamen reproducido.
El libelo iba acompañado de un comentario de las autoridades escolares. “Únicamente la verdad es el camino para que toda la familia que integra el Colegio de la Santa Unión llegue a la tranquilidad que reclama (...) El Colegio y el Hogar deben trabajar unidos en la educación de los hijos, siendo la familia la primera y más importante educadora”.
Poco faltó para que los padres de Jimena prendieran fuego el colegio. Entre tanta basu- ra, la única suerte que tuvieron fue que el expediente cayó en manos de un juez correccional, Omar Facciuto, que ordenó hacer un nuevo análisis forense del cuerpo.
Entonces, los médicos derribaron la primera autopsia con un argumento muy simple: Jimena no podía haber muerto ahogada en el agua por el simple hecho de que dentro de su cuerpo no había agua.
Jimena, entonces, había sido arrojada muerta a la pileta. ¿Cómo había perdido la vida? El nuevo informe indicaba que le habían tapado boca y nariz con una mano hasta sofocarla.Los médicos también aclararon que si el cuerpo presentaba algún rastro extraño en la intimidad sólo había sido producto del pánico sufrido ante la inminencia de la muerte.
Las irregularidades en la investigación empezaron a convertirse en sospechas de un encubrimiento. La malla de la nena, pieza elemental para el análisis, nunca había sido sacada de la bolsa en la que la introdujeron los forenses originales; había quedado guardada en un cajón del escritorio del juez. Ergo, cuando por fin la estudiaron sólo encontraron hongos y la sombra inquietante de un abuso sexual: la prenda tenía rastros de fosfatasa ácida prostática, una sustancia que no tiene otro soporte más que el semen.
Jorge Hernández se movió, averiguó y supo de una técnica que nunca antes había sido usada en el país: el ADN. Logró que la Corte pagara los 10.000 dólares necesarios para que se hiciera el análisis en el exterior, pero el resultado fue una negativa decepcionante. El material estaba demasiado degradado.
La investigación era escandalosa. Cuatro meses después de lo que ahora lucía transparente como un crimen apareció una toalla con el nombre de Jimena, abandonada en la escuela. Cinco años tardaría en hallarse la remera que tenía puesta aquel día, pese a la etiqueta que llevaba su nombre grabado y que su mamá tuvo que ir a reconocer a Tribunales.
Y, para peor, nada se había avanzado. Sólo en un nuevo cambio de juez, luego de que Facciuto dictaminara que sí era un homicidio y que el expediente debía regresar a la Justicia de Instrucción. Héctor Grieben se convirtió en el tercer magistrado del caso, pero no podría eludir el fracaso de sus antecesores ni el de su sucesor, Mauricio Zamudio.
En la causa llegó a haber diez imputados, entre docentes del colegio, directivos y guardavidas. Los investigadores, empujados por la familia Hernández, le apuntaron a un profesor llamado Oscar Bianchi, de quien llegaron a decir que había tenido un antecedente en otro colegio vinculado al abuso de una nena. Eso nunca se demostró y, pese a algunas dudas que hubo sobre su coartada, como el resto de los acusados fue sobreseído no una sino dos veces.
En 1996, Jorge Hernández logró que Zamudio reabriera la causa, pero el juez la volvió a cerrar al año siguiente tras señalar, ante nuevas contradicciones forenses, que nadie había visto si Jimena había llegado al fondo de la pileta de manera accidental o criminal.
Hernández, para entonces, estaba convencido de que la muerte de Jimena tenía relación con el cargamento de droga de la Operación Langostino; sostenía -y aún sostieneque a su hija la habían matado porque había visto cómo escondían cocaína en el colegio.
Eso nunca fue probado. Tampoco una pista clave que descubrió su abogado de entonces, Miguel Ángel Arce Aggeo. Era la declaración de la abuela de una alumna que había visto a Jimena en la pileta junto a un hombre. Nadie le había prestado atención. Cuando el letrado quiso profundizarlo, chocó con el hecho de que aquella señora, desperdiciados demasiados años, padecía de demencia senil.
La mamá de la nena también insistía con la pista narco. Y empezó a apuntar contra alguien que, aseguraba, había estado vinculado al poder y al colegio: un seminarista, Pablo López, que era hijo del ex vocero de Alfonsín, José Ignacio López. Pero este joven no sólo demostró su inocencia sino que terminó querellando a la mujer, a la que la Justicia consideró no apta para afrontar el juicio.
La causa se deshizo en escándalos. Hernández se peleó con el abogado de su ex mujer, Carlos Wiater, y éste lo denunció por calumnias. El padre de la nena fue arrestado por este delito a la salida de un programa de Mirtha Legrand, en 2000, se descompensó y fue derivado a un hospital, de donde huyó. Reapareció en 2002 en la Legislatura, para intentar impedir que el primer juez del caso, Luis Cevasco, fuera designado en el cargo que ocupa hoy: Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.
El colegio sigue abierto, aunque desde 1993 tiene otro nombre y otros responsables. No así el expediente. En 2007, la Corte Suprema rechazó un pedido para que el crimen se considerara imprescriptible y quedó archivado para siempre. Jimena, la primera de una serie de ángeles caídos que continuaría con Nair Mostafá y María Soledad Morales, se convirtió así en un símbolo de la impunidad argentina que ahora cumple 30 años. ■