Aceptan la renuncia de Ballestero y la Corte da una señal al Gobierno
El tribunal dijo que los juicios políticos a los jueces tienen pruebas menos fundadas que las causas penales.
El Gobierno publicó ayer el decreto de aceptación de la renuncia presentada por el camarista federal Jorge Ballestero luego de las críticas y denuncias recibidas tras el fallo que liberó transitoriamente al empresario Cristóbal López. A la vez, el Gobierno recibió en los últimos días un respaldo indirecto de la Corte Suprema a su política de aceptar las renuncias de jueces investigados y no llevarlos a juicio político.
Como la renuncia rige a partir del 1° de junio, se supone que Ballestero debiera presentarse hoy a trabajar nuevamente en los tribunales de la Avenida Comodoro Py ya que se le vence la licencia que había pedido el mes pasado en medio de la tormenta por el fallo sobre López, luego revertido por la Cámara de Casación Penal, que ordenó volver a detener al empresario dueño del desvanecido emporio nucleado en el llamado Grupo Indalo. En los tribunales dan por descontado que Ballestero pedirá una prórroga de la licencia hasta llegar a esa fecha, lo que hasta ahora no ocurrió. Ballestero dejará así definitivamente la sala I de la Cámara Federal penal porteña, un tribunal que emitió fallos favorables al kirchnerismo cuando éste era Gobierno hasta que fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, la ex presidenta deshizo la SIDE y desde su despacho de Comodoro Py, junto con el voto del también cuestionado Eduardo Farah, declararon inconstitucional el pacto con Irán por el atentado contra la AMIA. La partida de Ballestero, más la reciente renuncia de Horacio Cattani, juez de la sala II, más la destitución de Eduardo Freiler, de la sala I, hace un año y medio, dejaron a la Cámara Federal con apenas dos miembros. Ellos son Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. A fin de mes o principios de junio debiera incorporarse un tercer magistrado, Mariano Llorens, que aún aguarda el acuerdo del Senado. Entre las 2 salas de 3 miembros cada una, la Cámara Federal debiera tener 6 jueces. Pero la semana pasada, el plan de "mejor que se vayan antes que destituirlos aunque tengan la jubilación" pareció recibir un indirecto respaldo de la Corte. En su último acuerdo plenario de ministros el tribunal resolvió un caso en el que recordó que "el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado", es "el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad". Exactamente ese es el argumento públicamente esgrimido por Garavano para justificar la salida de cuestionados jueces si es que ellos deciden renunciar. El pensamiento de la Corte fue expresado por 4 de sus 5 miembros al rechazar el recurso de queja presentado por un juez correntino destituido en 2013, Ramón Ramírez, por mal desempeño de sus funciones a raíz de un supuesto caso de acoso sexual. El máximo tribunal recordó ese concepto al señalar que los juicios políticos tienen una "mayor laxitud" en las pruebas en comparación con una causa penal. ■