Caso Maldonado: la fiscal apeló la orden de destruir las escuchas a la familia
En un duro escrito pide que esas pruebas no se pierdan, pues podrían revelar un plan para entorpecer la causa.
La fiscal federal Silvina Avila en Esquel apeló la resolución del juez Gustavo Lleral, en la que ordenaba destruir las grabaciones de la intervención de los celulares de Sergio Maldonado –hermano de Santiago, el artesano muerto presuntamente el 1 de agosto de 2017-, Claudia Pilquiman (mamá de Lucas Naiman Pilquiman), Ariel Garzi (amigo de Santiago) y Marcela Anarda Stocovaz (vinculada a la comunidad mapuche). La acción judicial había sido ordenada por el juez federal, Guido Otranto.
Avila apunta al grupo de personas investigadas y que formaban parte del círculo del tatuador. También critica con duros adjetivos el accionar de Lleral, quien dispuso la destrucción y nulidad de los archivos de audio. Por último solicita que el sensible material sea resguardado.
Según la fiscal, la investigación dejó en evidencia un “plan” para entorpecer la búsqueda de Maldonado. La funcionaria fundamenta que las grabaciones son pertinentes, porque abarcan al grupo de personas que hoy están denunciadas por proveer falsos testimonios, pistas falsas y desviar la atención de quienes trabajaban en el caso.
La resolución de Lleral, dice Avila, “adolece de fundamentos válidos y resulta arbitraria por carecer de sustento legal”. Suma que hubo un “evidente ocultamiento y el entorpecimiento de la investigación”. Para Avila, las grabaciones podrían ser vitales a fin de desentrañar cómo se de- sarrolló esa operación. “En principio, Claudina y Ailin Co Pilquiman pueden haber urdido, junto a Ariel Mariotto Garzi y Matías Santana, un plan para desviar la investigación plantando prueba en diversos pasajes de la pesquisa”, señala Avila. “En consecuencia, contar con las intervenciones telefónicas que se realizaron sobre los abonados utilizados (…) reviste un carácter fundamental en la investigación de la causa”, sigue.
“Lo importante era encontrar a Maldonado. De esta manera, se encontraba acreditada la necesidad proceder a la intervención de las comunicaciones de quienes luego fueron imputados por cometer delitos”, agrega. ¿Cuáles? “Falso testimonio, entorpecimiento de la investigación, asociación ilícita, entre otros”.
La fiscal menciona hechos que demuestran cómo este grupo de personas ubicaron rastros “contaminados” en Cushamen y ofrecieron declaraciones falsas. También subraya que Sergio acudió a la casa donde había estado viviendo su hermano en El Bolsón para sacar objetos personales sin avisarle a la Justicia, y mientras la policía todavía lo rastreaba. Avila deja entender era necesario conocer sus conversaciones.
“El Dr. Lleral dejó de buscar a Santiago en las inmediaciones de los Escuadrones de Gendarmería Nacional y continuó continuó indagando donde fue hallado el cuerpo. El mismo lugar donde la propia Comunidad y en especial Pilquimán y Santana sostenían que se lo había llevado a la rastra y a los golpes (…) la Gendarmería Nacional”, argumenta Avila.
La fiscal también abona sospechas sobre el juez, y se queja de que las grabaciones no se adjuntaron a los legajos. “No se sabe si la reticencia del Magistrado responde a que perdió los discos compactos o a que no quiere que esta parte acceda a esa prueba. Cualquiera de esas situaciones demostraría irregularidades de gravedad institucional”, concluye. ■