Las cinco causas judiciales que más preocupan al líder gremial

La Justicia investiga a Hugo Moyano en cinco causas judiciales fundamentalmente por los manejos financieros de su sindicato y de Independiente. Las principales son:

- El juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes lo investiga por supuesto lavado con la compra de terrenos en La Falta.

- El juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale lo investiga como miembro de una supuesta asociación ilícita que lavó dinero.

- El juez federal de Quilmes Luis Armella lo investiga por las declaraciones de Bebote Alvarez sobre irregularidades en Independiente.

- El titular de la PROCELAC, Gabriel Pérez Barberá, lo denunció por lavado de dinero de su obra social ante el juez en lo penal económico Rafael Caputo.

- El juez federal Claudio Bonadio lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito por una denuncia de Graciela Ocaña, quien ha sido ame- nazada por estas denuncias.

Esa última es una de las que más le preocupan. La legisladora amplió a principios de años su denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntó a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, “IRAI SA”, “Dixey SA”, “Organización de Seguridad Las Marías SA” y “AConra SA”. En base a informes de la Inspección General de Justicia y a un repor- te de la Unidad de Información Financiera que ya está en la causa, Ocaña entendió que se “pone en evidencia el desvío de fondos pertenecientes a la obra social de camioneros, al sindicato de camioneros y a la mutual, todas ellas administradas por Hugo Moyano en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector”.

El “conglomerado empresarial” comenzó sus actividades en el 2006 en coincidencia “con el interés de Hugo Moyano en obtener la conducción de la CGT”, analizó la legisladora.

Para ello habría actuado en “dos frentes”: se garantizó un “importante ingreso mensual de fondos que debería ser utilizado teóricamente para brindar servicios de salud a sus afiliados” y, por otro lado, expandió “su poder a partir de una captura de tra- bajadores de otros gremios a favor de su sindicato”.

Para ello habría usado, según Ocaña, “un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas” y que estuvo vigente desde el 2002 al 2014 con un “costo de miles de millones a todos los argentinos”. El subsidio permitió al gremio pasar de 40 mil a 200 mil afiliados, remarcó.

“Se están malversando caudales públicos, no puede caber ninguna duda al respecto”, sentenció Ocaña en la denuncia.

Y puso como ejemplo a una de las sociedades, “IRAI SA”, una “gerenciadora creada para absorber los fondos de la Obra Social, realizando una intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero y pasar fondos a la familia Moyano”. ■