El Gobierno no acepta limitar las tarifas y la oposición avanza con su ley en el Senado
Voceros del PRO rechazaron el ultimátum peronista para que presenten una contrapropuesta antes del martes. Aunque aún se negocia, el proyecto podría ser sancionado el miércoles 30.
Al futuro del proyecto para limitar las tarifas se le puede aplicar la teoría del golazo de Maradona a los ingleses, en 1986. Se supone que algo debe ocurrir, pero el rumbo no se tuerce a izquierda o derecha: va en línea recta al arco. En este caso (sin necesidad de eludir cinco rivales, como en la jugada de “el Diego”) hacia la sanción en el Senado y el veto presidencial.
Si no surge alguna alquimia inesperada de la política, este sigue siendo el escenario luego del últimátum el miércoles del jefe del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, que emplazó al Gobierno a presentar una “alternativa” antes del martes, o avanzarán con la iniciativa que tiene media sanción de Diputados. En la conferencia de prensa de ese mismo día, Mauricio Macri dio a entender que eso no iba a suceder. Cambiemos no presentará contrapropuesta. Ayer lo ratificaron varias figurass del PRO.
“Si hubiéramos tenido una alternativa para que la gente no tuviera que pagar este nuevo aumento, lo hubiéramos evitado”, sostuvo el senador Esteban Bullrich a FM Blue. Y remarcó: “No hemos encontrado y no tenemos una alternativa. Esta que está arriba de la mesa no es realizable”. Bullrich, que preside la Comisión de Presupuesto, dijo que el proyecto tiene un costo fiscal de 80 mil millones de pesos, 1 punto del PBI de este año, lo que lo hacía “impagable”.
Otro senador macrista, Humberto Schiavoni, aseguró que “no hay alternativa posible, como dijo el Presidente”, y para justificar que el Gobierno no enviará una propuesta recordó la postura oficial: “el Parlamento no tiene potestad para dictar una política tarifaria, que es atribución del Ejecutivo”. El misionero, jefe nacional del PRO, insistió en un punto que impacta al PJ: “se perjudican las empresas distribuidoras de las provincias, que no están en condiciones de reintegrar lo que ya cobraron por sus servicios”. Es que un artículo de la iniciativa dice que, una vez que se retrotraigan los valores de las facturas de luz, gas y aguas al 1° de noviembre de 2017, lo “cobrado de más” deberá ser devuelto en las siguientes facturas.
Con todo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue menos contundente que los senadores, y no cerró la puerta a la posibilidad de algún cambio. “Algo que está tan objetado como este proyecto necesita un profundo debate y no estos tiempos perentorios que nos están fijando”, sostuvo. Cerca del ministro, que es el responsable político de las relaciones con las provincias, aseguraron a Clarín que seguirán bregando para convencer -vía los gobernadores- de que el proyecto no es viable.
“No hay riesgo de que no salga”, retrucó un legislador del PJ a la postura del los que en la Rosada aún hablan de ablandar a los gobernadores. “Y va a salir tal cual como llegó de Diputados, porque el Gobierno no tiene vocación de discutir nada”, completó.
De todos modos, si es sancionada, la ley irá derecho al veto. Y el oficialismo busca como reducir su costo político. Para eso, la estrategia de Cambiemos fue convocar el martes - cuando se reanude el plenario de comisiones del Senado- a gobernadores, representantes de la mayorista eléctrica Cammesa, e incluso a algún constitucionalista, para que respalden su postura en el tema tarifario.
Pero al término del debate, que arrancó el último miércoles, el bloque peronista que comanda Miguel Pichetto; el de Unidad Ciudadana, que responde a Cristina Kirchner, y otros senadores opositores, firmarían el dictamen que limita la suba delas tarifas.
El bloque del PJ (Argentina Federal), que ya se llama con menos frecuencia “dialoguista” y representan en buena parte a los gobernadores de ese signo político, tiene la presión del kirchnerismo, que quería firmar dictamen esta misma semana. El proyecto se trataría en la sesión del miércoles 30 , cuando transcurran los siete días reglamentarios, porque para hacerlo el 23, necesitaría el voto de los dos tercios de los presentes.
El proyecto aprobado en Diputados, además de devolver las facturas a valores de noviembre, establece que la actualización no puede superar la variación salarial (para hogares) y el de precios mayoristas (para pymes). Para hacerlo más “digerible”, quedaron excluidos del beneficio los hogares de alto consumo e ingresos, y se dejaron fuera rebajas del IVA, para no afectar a las provincias, ya que ese impuesto es coparticipable. El Gobierno lo rechaza al sostener que el costo será de 77.500 millones de pesos en 2018. El Presidente prefiere poner el acento en la necesidad de ahorrar en consumo. ■