Indagan al rector de la UTN de La Plata por el desvío de $ 181 millones
El juez Kreplak citó a Carlos Fantini como sospechoso y a otros directivos de esa casa de altos estudios.
Finalmente después de una investigación de Clarín y Poder Ciudadano, la Justicia llamó a declaración indagatoria al decano de la facultad regional de la Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Carlos Fantini, en una causa en que se investiga el desvío de 181 millones de pesos del ministerio de Acción Social cuando lo dirigía Alicia Kirchner.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, convocó a Fantini a declarar como sospechoso el 6 de junio ya su ex vice Fernando Zabala por maniobras con la contratación de ingenieros para controlar el plan Argentina Trabaja del ministerio de Acción Social. Se trata del segundo decano de la UTN, la universidad preferida del ex ministro de Planificación Julio De Vido para firmar convenios que permitían las contrataciones directas, que queda en la mira de la Justicia. En la causa por los desvíos de fondos de la mina de Río Turbio, ya está procesado el decano de la facultad de Río Gallegos de la UTN, Martín Goicochea. En ambos casos se usó el mismo modus operandi de usar fundaciones de las facultades para recibir el dinero de los fondos nacionales y hacer millonarias contrataciones sin llamar a licitación pública.
En una resolución, Kreplak también llamó a declarar como sospechoso al presidente de la fundación de la facultad de La Plata de la UTN, Carlos Alberto López y a Diego Pereyra, quien según declaró Fantini, fue “el encargado” de confeccionar las listas de inspectores de los planes Argentina Trabaja con nombres de egresados de la UTN de La Plata sin su consentimiento y sin haber cobrado nada. En la citación también se incluyó a la contadora que entregaba las facturas al ministerio de Acción Social, María Eugenia Pita y al abogado Mauro San Martín. Todos están imputados de fraude contra el Estado.
Este año el actual rector de la UTN, Hector Aiassa, entregó toda la documentación del caso al juez y promovió la investigación.
Aiassia, por ejemplo, entregó al juez una auditoría que descubrió gra- ves falencias en convenios de cooperación bilateral de la UTN con el gobierno de Cristina Kirchner. El informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la auditoría interna de la UTN nacional encontró la falta de rendición de cuentas sobre 181 millones de pesos que le otorgó entre el 2009 y el 2015 el ministerio de Desarrollo Social -entonces a cargo de la actual gobernador de Santa Cruz, Alicia Kirchner- para controlar el plan Argentina Trabaja. El informe lo tenía en su poder desde principios del 2017 el ex rector de la UTN Héctor Brotto -ligado a De Vidoquien omitió presentarse como querellante.
De Vido está procesado y detenido por la causa Río Turbio. Estos convenios sirvieron, según el fiscal Carlos Stornelli, para que De Vido evitara llamar a licitación pública, entre otras maniobras. En este caso se descubrió que el ministerio de Planificación hizo la misma intermediación con la UTN La Plata por un total de 376 millones de pesos, que se suman a los 181 del ministerio de Desarrollo Social. Ahora si se suman todos los los organismos nacionales que hicieron convenios con la UTN La Plata en ese período se llega a la astronómica cifra de $ 859 millones. En la mayoría de estos casos, la regional La Plata se quedaba con el 17 por ciento de lo facturado y de ese total 7,5 eran para la fundación. Para la auditoría, el “7,5 de ese 17 que cobraba la fundación era un sobrecosto sobre los servicios prestados”.
Luego de una investigación de Clarín y de la ONG Poder Ciudadano en el 2016 sobre los fondos del ministerio de Desarrollo Social, se abrió una causa en La Plata. En las conclusiones de la auditoría de la UTN y la SIGEN, recomienda que las autoridades de la universidad a nivel nacional y local deberían hacer un “deslinde de responsabilidades” en las causas penales abiertas, más allá del sumario interno que se puso en marcha. Este punto se basa en el artículo 177 del Código Procesal Penal que establece la obligación de los funcionarios de denunciar delitos contra el Estado. ■
Se los acusa de usurpar identidades de ingenieros para cobrar cheques en su nombre