Cuestión de peso
Pedro Gustavo Machao Pazos fue el tercero en ser tachado de la lista. El primero en caer había sido “El Negro” Rubén Orlando Larsen, en la tarde del domingo 20 de enero de 2013. Estaba en su casa de la calle Río Mayo, en el barrio Pujol II de la ciudad de Puerto Madryn, cuando lo llamaron desde la calle. -¡“Negro”! ¡Salí!, le gritaron.
Al principio no respondió, porque estaba durmiendo la siesta con su pareja. Pero ante la insistencia, se asomó por una ventana.
Lo que había afuera eran disparos. Larsen retrocedió hacia el interior de su casa para guarecerse, pero las balas le llovieron. Una le dio de costado y lo mató. Era calibre 22.
Un mes y medio más tarde, la Policía detuvo a dos sospechosos. Dos hombres que, en teoría, ningún motivo podían tener para atacar a la víctima. Pero, según se dijo entonces, era de ellos el ADN hallado en el lugar. Los llevaron a juicio y en abril de 2014 los condenaron a penas de hasta 22 años de cárcel.
Cinco meses después, la Cámara Penal los absolvió, luego de que su abogado objetara el análisis de ADN. Y el caso, que ya destilaba olor a venganza narco, quedó impune.
El siguiente en caer fue Jorge Darío Huenchueque. El 13 de enero de 2015, cerca de las 20.30, estaba en su casa de la calle Leleque, también en el barrio Pujol II de Puerto Madryn, cuando un hombre se acercó caminando y lo llamó de un grito. Le interesaba, dijo, la camioneta que tenía en venta en la vereda.
Huenchueque quería hacerse de dinero porque, según sabían todos los que lo conocían bien, le urgía irse de Madryn para hacerse de una nueva vida en la cordillera. Pero la perdería antes. Salió a recibir al posible comprador y se encontró con un plomo como saludo. Lo siguieron otros cuatro, que se abrieron paso en su cuerpo con igual puntería que el primero.
El crimen, que tampoco pretendía ocultar su denominación de origen narco, quedó impune.
Y así le llegó el turno a Pedro Gustavo Machao Pazos, el tercero de la lista.
El 16 de enero de 2017, a eso de las 19, un hombre tocó la puerta de una casa ubicada sobre la calle Los Pinos, a metros del barrio Pujol II. Le abrió una mujer, Alejandrina, pareja del propietario.
-Hola. ¿Está Pedro?, preguntó el desconocido.
La mujer asintió, aunque no llegó a decir palabra. El hombre dio un paso adelante, se le paró al lado y vio a Pedro Machao sentado en una silla, mirando televisión. Le disparó dos tiros directo al corazón, bajó el arma y se fue caminando. Subió a un Fiat Siena gris en el que lo esperaba un cómplice y escapó.
El crimen también llevaba la marca de la droga en el orillo. Y era la misma que la de los dos asesinatos anteriores. Sin embargo, lejos de preocuparse, parte de la Justicia de Chubut resolvió convertir el caso en un absurdo.
El 12 de septiembre de 2014 estalló el operativo antidrogas más grande en la historia de la provincia. Se lo denominó “Arenas Blancas” porque la organización narco llevaba la cocaína hacia el sur y la enterraba en las playas de Puerto Madryn para esconderla mientras la negociaba y distribuía. Participaron 450 poli- cías locales y de la Federal, 90 vehículos terrestres y hasta un helicóptero de Prefectura para intentar cumplir con las 67 órdenes de captura firmadas por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre.
Alguien había sido asesinado antes de que lograran su captura: “El Negro” Rubén Orlando Larsen, el primero de la lista. En las escuchas del expediente “Arenas Blancas” figuraba tantas veces que, pese a su temprana muerte, el juez Sastre lo mencionó en algunas de las 800 fojas donde resumió el caso. “Se registraron los denominados ‘pasamanos’ (es decir, el intercambio por dinero de la sustancia prohibida) realizados en su domicilio de la calle Río Mayo, donde funcionaba un taller mecánico”, describió, en referencia al lugar donde lo mataron. Contó que a su muerte la siguió un intercambio de llamadas entre dos hermanos cordobeses, señalados como líderes de la organización: “Le avisa a su hermano que otro integrante del grupo, “El Negro” Larsen, fue asesinado. Por ello en forma inmediata buscan armarse”, destacó el juez. “Se presume que (el crimen) fue consecuencia de los enfrentamientos con presuntos grupos antagónicos, cuya investigación se lleva a cabo por la Justicia ordinaria”, agregó, optimista.
Pero esa otra investigación no avanzó nunca. En aquel escrito de 800 páginas el juez Sastre también mencionó al segundo asesinado de la lista, Jorge Darío Huenchueque. A él sí lo detuvieron por “Arenas Blancas”, el 18 de noviembre de 2014, y estuvo preso hasta fines de ese año, cuando lo procesaron pero le concedieron la libertad condicional. Dos semanas más tarde, lo acribillaron frente a su casa.
Pedro Gustavo Machao Pazos, el tercer asesinado, era otro de los involucrados en “Arenas Blancas”. Padre de tres hijos, tenía una larga carrera narco. En enero de 2011, por ejemplo, una investigación de la Justicia Federal de Mendoza había llegado hasta la puer- ta de su casa de Puerto Madryn. Hacia allí se dirigían los 33,840 kilos de marihuana que había incautado la Policía en un Fiat Siena que había salido del departamento mendocino de Las Heras conducido por sus asociados. En el allanamiento que siguió le encontraron hasta una factura por un giro que había hecho días antes para pagar parte de la droga.
En septiembre de 2015 su nombre volvió a aparecer en un operativo antidrogas. Fue cuando Gendarmería se encontró con 163 tizas de cocaína -unos 2 kilos- abandonados al costado de la ruta 3, en Arroyo Verde, durante un operativo de rutina. En el mundo del narco se decía que Pedro Machao Pazos había dejado ese cargamento ahí porque temió caer detenido. Otros decían que no le creían y que eso había sido parte de un extraño manejo para hacer una “mejicaneada”.
Sin embargo, antes de que algún jefe se lo reprochara, lo encontró la Justicia ordinaria. El 28 de diciembre de 2016, por orden del fiscal general Daniel Esteban Báez lo detuvieron en una causa por otros delitos: asociación ilícita y abigeato (robo de ganado). Según las escuchas telefónicas, Pedro Machao integraba -en paralelo a su actividad narco- una banda que se de- dicaba a recorrer las afueras de Madryn para detectar lugares atractivos donde robar ovejas y vacas. El grupo tenía un perro adiestrado para reunir el ganado pero además estudiaba el viento, para acorralar a los animales con mayor facilidad. Luego faenaban, congelaban y distribuían la carne en un circuito ilegal que habían montado en la ciudad.
A las dos semanas de caer preso, pese a todos sus antecedentes y sus vínculos narco, la Justicia le concedió a Pedro Machao la posibilidad de continuar con su detención en su casa, bajo el regimen de prisión domiciliaria. Allí estaba el 16 de enero de 2017, cuando le dispararon dos tiros mortales.
Para el fiscal Báez no hay dudas de que quien fue a asesinarlo aquel día fue un sicario. Su colega Alex Williams lo identificó gracias a testimonios, filmaciones y otros datos y, cuatro meses después del crimen, lo ubicó en La Plata. Allí había cometido un error letal: usó la tarjeta de débito de un familiar y lo detuvieron. Lo trasladaron a Madryn y luego le concedieron la posibilidad de quedar alojado en su ciudad, en la Alcaidía de Trelew.
Pero los beneficios para el sicario, llamado Diego Matías Arévalo, no terminaron allí. A poco de haber sido detenido, este joven de 27 años aseguró ser adicto a la cocaína y a la marihuana “de larga data”, por lo cual su defensora oficial, Gladys Del Balzo, logró que empezaran a llevarlo una vez por semana al Centro Integral de Tratamiento de Trelew para que participe de un “espacio de psicoterapia”.
Al tiempo, esto le resultó insuficiente. Y, otra vez por medio de su defensora, Arévalo pidió que lo dejaran ir al gimnasio para bajar de peso. Del Balzo habló de una “necesidad desde el punto de vista de su salud integral”.
El fiscal Báez se indignó y se opuso. El tema cayó en manos de la jueza Patricia Susana Asaro, quien este lunes accedió a celebrar una audiencia para discutir el tema.
La obesidad es algo que moviliza a esta magistrada. Ella fue una de las tres juezas que, un mes atrás, participó de un polémico juicio por violación que terminó en escándalo: un hombre estaba acusado de abusar de su ex mujer y su defensora oficial argumentó que eso no había ocurrido porque la víctima era obesa. “Yo me pregunto si a una persona obesa puede un hombre que pesa 75 kilos forzarla a sacarse una calza”, argumentó la abogada para lograr que la jueza Patricia Susana Asaro y sus colegas absolvieran a su cliente.
En la audiencia del lunes, el fiscal Báez pidió que el Cuerpo Médico forense evaluara al sicario Arévalo para ver si era tan necesaria su concurrencia al gimnasio. Los médicos lo hicieron. Respondieron por escrito que el detenido, que mide 1,83 y pesa 150 kilos, tiene una obesidad grado 3 pero que su “glucemia y colesterol están dentro de valores normales”. Aclararon que son “recomendables los controles médicos y de laboratorio cada seis meses” y señalaron que “de no cumplir” con eso y con “actividad física” hay “complicaciones cardiovasculares y metabólicas que pudieran ocurrir, que aún no están presentes”.
Ante este dictamen, para nada contundente, la jueza Patricia Susana Asaro dispuso que el sicario Arévalo pueda ir al gimnasio todos los viernes a las 8.15, el mismo día y en el mismo lugar en el que a las 9.30 tiene el “espacio de psicoterapia”. Ante el planteo fiscal del “riesgo de fuga” -arriesga una pena mínima de 10 años- decidió que el traslado sea realizado por un patrullero con tres policías.
Todo para cuidar de la salud del hombre que escribió el por ahora último capítulo de una lista de silenciamientos forzosos que aún se adivina incompleta. ■
El crimen que habría cometido el sicario fue el tercero de una lista de ajustes de cuenta del narcotráfico en Chubut.