Energía: por qué conviene el ajuste
La primera pregunta que tendríamos que hacerle a los que proponen dilatar aún más el período de ajuste tarifario aprobado hace dos años, es ¿quién pagará la diferencia o el subsidio remanente del orden de los USD 4.000 millones?
Estamos a un paso del fin de la convertibilidad tarifaria impuesta por el kirchnerismo. ¿Quién creía en 2001 que un dólar valía un peso? Nadie, pero lo negábamos. Y quince años más tarde, con las tarifas seguimos con ese afán negacionista y hacemos lo mismo. ¿Quién creía que dos meses de consumo eléctrico podían costar igual que un café? Otra vez, nadie. Sin embargo, seguimos haciéndonos los distraídos.
Ahora, cuando el Gobierno está a punto de revertir una situación insostenible, asumiendo los costos políticos que debería haber pagado la anterior administración, muchos se rasgan las vestiduras rechazando el “tarifazo”, aleccionados por una oposición política ventajera e irresponsable.
Hace dos años ante la reacción parcial de la gente, de la oposición y buena parte de los medios, el ajuste tarifario propuesto por la nueva administración se judicializó y fue rechazado por la Corte, que impuso previsibilidad y gradualismo para alcanzar tarifas que cubrieran los costos de producción de gas y electricidad. Se cumplió con la orden de la Justicia, se hicieron las RTI, las audiencias públicas y se acordó con la comunidad un plan de actualización tarifaria a cuatro años, con un programa que establecía fechas y montos para los ajustes en ese período, es decir que desde 2016 se sabía cuándo ocurrirían los aumentos. Claro que la demora le costó al país, más de USD 12.000 millones en subsidios y se atrasaron las obras lanzadas para salir de la crisis.
Volver a rechazar los ajustes nuevamente, después de haberlos “gradualizados” y consensuado, era esperable de la “resistencia K”, que lucha por no ir presa. Pero de ninguna manera sejustifica que lo hagan los usuarios del área metropolitana que no califican para la tarifa social, ni la oposición del resto del peronismo incluyendo al massismo. Menos aún los socios de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica, y los analistas económicos que conocen bien el programa de actualización tarifaria aprobado en 2016 y las consecuencias de mantener subsidios energéticos. Los legisladores que festejaron con algarabía la aprobación en el Congreso de la ley para retrotraer a noviembre el valor de las tarifas y luego actualizarlas con los niveles de incremento salarial, se oponen al equilibrio tarifario y pretenden mantener un subsidio del orden del 30% que es lo que aún resta eliminar. Cuando, si cumplieran sin especulación política con su mandato, deberían explicarle a la población que los subsidios la perjudican ya que terminan pagando por ellos mucho más, vía inflación, impuestos, calidad de servicio y endeudamiento, que por una tarifa sana. Ese esclarecimiento haría más llevadero el esfuerzo que significa en el presupuesto familiar corregir los desvíos del congelamiento que ficticiamente les brindó beneficios durante los años de populismo. Una tarifa que refleje los costos de un buen servicio facilitará el retorno de las inversiones privadas al sector, única fuente de financiación por el momento, al reducirse el riesgo que significa un servicio subsidiado donde la tarifa depende del humor del funcionario de turno. Una tarifa basada en costos reales, y no en precios políticos, introduce racionalidad en el consumo y hará pasar al olvido actitudes hipócritas de muchos argentinos entusiastas verbales del cuidado ambiental, de la Encíclica “Laudato Si”, de la Cumbre de París, etc., pero que, ante la permisiva señal de precios durante la última década, utilizaron dispendiosamente la energía haciendo gala de una escasa conciencia solidaria.
Asimismo, sería bueno recordar que hace solo quince años pagábamos por la luz y el gas lo que ahora asusta tanto pagar, y el servicio era de calidad internacional. También, que hay un amplio sector de la población atendido por una muy generosa tarifa social.
Pero también es cierto que cuando lleguen las facturas con aumento del precio aplicado al consumo de invierno que puede ser ocho veces el que viene consumiendo desde noviembre, sumado a la no readecuación de la estructura de los cuadros tarifarios, y al todavía pendiente consumo eficiente o uso racional, pueden sgnificar un coctel explosivo en agosto que podría incluir casos de imposibilidad de pago, sorpresa y malestar en segmentos de la clase media que estoicamente ya viene bancando la mayoría de las reformas imprescindibles realizadas. Es necesario, entonces, que el Gobierno actúe antes que eso ocurra, activando las medidas de mitigación posibles, las que podrían incluir, pase a tarifa plana opcional, postergación de parte de las facturas pesadas del invierno a bimestres de bajo consumo, diferimiento de la aplicación del IVA sobre el nuevo incremento y, no menos importante, implementación de programas de comunicación para reducir el consumo e informar a la gente de los beneficios directos e indirectos que el esfuerzo significará en su calidad de vida en poco tiempo más. ■